Martin Cuauhtemoc Bañales León

Expediente 810/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
810/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Martin Cuauhtemoc Bañales León

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde el oficio remitido por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con residencia en esta ciudad, por conducto de la titular de la unidad jurídica de dicha dependencia, personalidad que acredita y se le tiene por reconocida al tenor del nombramiento número ***, que exhibe en copia certificada, por medio del cual rinde su informe justificado, toda vez que mediante proveído de siete de septiembre pasado, este juzgado decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al sumario el ocurso que suscribe el quejoso ***********, por virtud del cual formula ampliación de demanda y exhibe prueba documental, consistente en la resolución dictada el veinte de junio de dos mil diecisiete contenida en el oficio ***, dentro del expediente GUA-L-0868-20-04-17 por la titular de Unidad Jurídica en suplencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante la cual declaró procedente la prórroga de vigencia del título de concesión número ***para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas por un plazo de diez años; documental que cuenta con cadena digital, por lo que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; probanza de la que el agraviado se hace sabedor de la misma desde el pasado cinco de septiembre, según lo expresó bajo protesta de decir verdad en el ocurso de cuenta. Lo que precede y el estado procesal de este asunto pone de manifiesto que en el caso han cesado los efectos de la omisión reclamada; y por ende, se ha materializado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando ocurre tal situación -cesación de efectos del acto debatido-. Efectivamente, de la demanda de amparo emerge que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión en emitir la resolución derivada de la solicitud de prórroga del título de concesión ***, presentada ante el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, registrada con el número de expediente ***(fojas 3 a 8). De la documental de cuenta, aparece que el pasado veinte de junio de dos mil diecisiete se emitió el oficio B00.910.1.1/003694 en el que la autoridad responsable, Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la titular de la Unidad Jurídica, declaró procedente la prórroga de vigencia del título de concesión número ***para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas por un plazo de diez años, en el expediente ****; ello en respuesta a la solicitud indicada en el párrafo que antecede. De ahí que si en el presente juicio se reclamó precisamente la omisión de dar contestación a la petición registrada con el número de expediente supracitado ***, resulta concluyente que con la emisión de la resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete y su notificación, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Lo anterior, en el entendido de que se dio respuesta de manera congruente, en tanto que se declaró procedente la petición formulada, y dicha respuesta le fue notificada. Así, se cumplió cabalmente con el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución que, hasta este momento, era materia de la vulneración constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A. J/54 (9a.), Décima Época, Libro VI, de Marzo de 2012, Tomo 2, página 931, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "*PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. Sin que en el caso resulte aplicable el procedimiento previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues éste solo opera tratándose de actos materialmente administrativos que sean existentes al momento de la presentación de la demanda y sobre los que se alegue como vicio de inconstitucionalidad, su falta de fundamentación; no así cuando lo que se controvierte en la instancia constitucional es la omisión de responder a un escrito, vulnerándose con ello el numeral 8º de la Ley Fundamental. En este caso el silencio reclamado y, por ende, la afectación a derechos fundamentales, cesa cuando se responde lo pedido. Sirve como criterio orientador, la parte conducente de la jurisprudencia 2ª. CXV/2016 (10ª) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, tomo II, página 1550, de rubro y texto ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al señalar el precepto citado que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, por excepción, la autoridad debe complementar dichos aspectos, también dispuso las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión, particularmente para la quejosa, pues impone el deber de que se le dé a conocer el contenido del informe que complemente el acto en sus aspectos formales, se le conceda un plazo razonable para que formule la ampliación de la demanda, se corra traslado a las demás partes, y que con todo y la complementación del acto por parte de la autoridad, prevalezca la excepción al principio de definitividad aplicable a actos administrativos carentes de fundamentación, además de impedir que la excepción aludida dé lugar a la improcedencia del juicio. Esto es así, pues su alcance se encuentra claramente acotado en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, caso en el cual las autoridades, como excepción, deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado, lo que en sí mismo no es inconstitucional, pues no se permite la existencia de actos carentes de fundamento legal y motivos de hecho adecuados a la norma, sino en todo caso, se exige que esos aspectos queden acreditados en el curso del procedimiento e innegablemente si esto no ocurre, sobrevendrá la declaración de inconstitucionalidad del acto, la cual se basará en la consideración de que se trata de un vicio de fondo (y no de mera forma), que impide a la autoridad reiterarlo, lo que revela, aún más, la intención del legislador de lograr una solución de fondo y final a la controversia. De ahí que el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo no es contrario a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de permitir la existencia de actos que no consten por escrito y no se encuentren fundados y motivados asegura, previo al dictado de la sentencia, que el acto reclamado cumpla con esos requisitos, considerados garantías instrumentales del derecho a la seguridad jurídica." Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la Tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Finalmente, con relación a la promoción del impetrante relativa a ampliar su demanda constitucional, dígasele que deberá estar a lo acordado en el presente proveído, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dejándose sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que queda su derecho expedito para promover un diverso juicio de amparo por la eventual omisión de la autoridad responsable, de emitir el título de concesión derivado de la resolución contenida en el oficio ***, dentro del expediente ***.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ***********, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional de Agua en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, con el registro número 810/2017. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite. Dese la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para permanecer en la omisión que se le reclama, lo que deberá hacer dentro del término de quince días, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de hasta mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 251 del ordenamiento legal invocado. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. Con relación a las pruebas documentales que exhibe, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; y como autorizados en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a M**********, toda vez que cuentan con las cédulas profesionales federales número 4091821 y 4008396 registradas respectivamente en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a **********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el aludido sistema, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

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