Martin Cuate Sánchez

Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
167/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Martin Cuate Sánchez
  • Union de Colonos, Unidad Benito Juarez de Axochiapan Morelos, A.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, y por medio de lista que se fija en los estrados a la parte tercero interesada con apoyo en el numeral 29 de la citada Legislación, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial Especializado en Materia Penal adversarial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite la grabación y la transcripción de la audiencia de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en la que: Deja insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés. Revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal de catorce de marzo de dos mil veintidós. Ordena la reapertura de la investigación, a fin de que la fiscalía recabe nuevos datos de pruebas y emita una nueva resolución en la que determine si se ejercita o no la acción penal. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia de Control del Único Distrito Judicial Especializado en Materia Penal Adversarial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual solicita una prórroga considerable a efecto cumplir cabalmente con lo requerido, por los motivos que expone. En ese sentido, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se concede la prórroga solicitada y se amplía el plazo para que dentro de los diez días, posteriores a la notificación del presente auto, cumpla con el requerimiento formulado en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. En el entendido de que, con independencia de que se haya ampliado el periodo de tiempo en el que deberá acatarlo, subsiste el apercibimiento ahí decretado. Con la precisión de que las evasivas o actuaciones que no concluyan en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, podrán ser consideradas como una negativa para acatarla, respecto de lo que se proveerá lo conducente, acorde al procedimiento de ejecución regido por la Ley de Amparo, como se precisó en líneas que anteceden. Se apercibe a la responsable ...Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsables, Juzgado de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".a) Deje insubsistente la resolución reclamada adoptada en la audiencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ****************. b) Convoque a las partes a una nueva audiencia pública, en la que, conforme a lo expuesto en el presente fallo, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie de forma fundada y motivada respecto a los cuatro hechos con apariencia de delito que fueron expuestos por el asesor de la aquí parte quejosa, y conforme a ellos, resuelva de forma frontal, si debe o no confirmarse la resolución reclamada, respecto al no ejercicio de la acción penal." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte QUEJOSA y con apoyo en el diverso numeral 29 de la citada legislación se notifica a la parte TERCERO INTERESADA por medio de lista que se fija en los estrados, la sentencia de once de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 167/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ... III. Existencia del acto reclamado. Resulta cierta la resolución emitida en la audiencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *********, atribuida al [1] Juez de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, pues además de que así lo aceptó al rendir su informe justificado, tal afirmación se encuentra corroborada con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada y el disco versátil digital, ambos inherentes a la causa penal en mención, dentro de las cuales se encuentra la constancia de la audiencia en que se emitió tal determinación, así como el registro de audio y video de la misma. Documentales a las cuales se les valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y respecto al disco señalado, atendiendo también a la jurisprudencia número 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que el quejoso y su defensor particular, fueron notificados de la resolución impugnada en la audiencia en que fue dictada, esto es, el trece de enero de dos mil veintitrés, por lo que la misma surtió efectos al día siguiente de conformidad con el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete de enero al siete de febrero, ambos de dos mil veintitrés, debiendo descontarse los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como cuatro, cinco y seis de febrero, todos de dos mil veintitrés, al ser considerados inhábiles, además por tratarse de sábados y domingos, de conformidad a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el tres de febrero de dos mil veintitrés, es claro que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna en relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Estudio de fondo. Un concepto de violación expuesto por el quejoso es suficiente y fundado, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, para conceder la protección constitucional solicitada, como se expondrá a continuación. Precisamente, para contextualizar el presente asunto debe partirse de que el acto reclamado consiste en la resolución emitida en audiencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********, por el Juez de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, en la cual confirmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado el catorce de marzo de dos mil veintidós, por Melanie Gabriela Camacho Morales, en su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Región Oriente, a favor de ********** -aquí tercero interesado- en su calidad de investigado en la carpeta de investigación ***********. En ese sentido debe tenerse en cuenta que los delitos materia de dicha investigación, hasta ese momento procesal, consistían en [1] y [2] el de falsificación de documentos y uso de documento falso, [3] fraude procesal, así como [4] falsedad ante autoridad, previstos y sancionados en los artículos 214, 221 y 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. Asimismo, que, en sustancia, conforme a lo sostenido en dicha audiencia -en la que se emitió el acto reclamado-, por el asesor jurídico de la aquí parte quejosa -víctima en la carpeta de investigación respectiva-, los hechos denunciados tuvieron como origen que ******-aquí representante de la moral quejosa-, desde mil novecientos noventa y tres, fue designado presidente de la mesa directiva de la persona moral ********** -aquí quejosa-, tal como quedó asentado en el acta de asamblea de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, que fue protocolizada el doce de julio del mismo año, ante la Notaría Pública Número Tres de la Ciudad de Cuautla, Morelos. No obstante, que mediante la escritura pública treinta y un mil ciento setenta y siete, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, a petición de ***********(diversos denunciados en la carpeta de investigación de origen sobre los cuales se ejercitó acción penal) se protocolizó ante el mismo Notario Público número Tres de la ciudad de Cuautla, Morelos, de nombre Armando Agustín Rivera Villareal (investigado en el juicio de origen y aquí tercero interesado), entre otros documentos, una nueva acta de asamblea extraordinaria, de quince de julio de dos mil diecisiete, celebrada en su tercera convocatoria, en la cual se había realizado un cambio de la mesa directiva, de la moral en mención. Conforme a ello ******************** inició un juicio el cual fue radicado bajo el número de expediente *********, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec, Morelos, el cual concluyó sustancialmente, con una determinación firme, en la que, en lo que interesa, se declaró la nulidad absoluta del acta de asamblea general extraordinaria de la ********** de quince de julio de dos mil diecisiete, así como los acuerdos tomados en ella, incluido el nombramiento de los representantes electos, y por ello se ordenó la cancelación de la escritura pública treinta y un mil ciento setenta y siete, volumen doscientos ochenta y siete, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, de la Notaría Pública Número Tres de la Ciudad de Cuautla, Morelos. Derivado de dichos acontecimientos, **************** en su carácter de representante legal de la Unión de Colonos Unidad Benito Juárez de Axochiapan Morelos, asociación civil, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos con sede en el Municipio de Jonacatepec, Morelos, en contra de ************* y el notario en mención ********* -aquí tercero interesado respecto del cual se dictó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal-, por la probable comisión de los delitos ya previamente referidos. Siendo que, de acuerdo con lo expuesto por el asesor jurídico de la parte quejosa, en la audiencia en la que se dictó la determinación reclamada, al fedatario público en cuestión, se le atribuían en sustancia cuatros hechos con apariencia de delito: [1] El primero relativo a que indebidamente aceptó protocolizar la asamblea ahora anulada en la escritura pública treinta y un mil ciento setenta y siete, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, pues al advertirse que la misma no cumplía con los requisitos legales establecidos en los estatutos de la asociación referida, el notario en cuestión tuvo que haberse excusado de actuar al haber estado impedido para ello; [2] Otro diverso en cuanto a que en la escritura pública aludida, de manera unilateral, en la cláusula segunda, tal fedatario público tuvo por designados como tesorero y uno de los vocales a personas distintas, a pesar de que en la asamblea protocolizada, fueron electas personas diversas para el desempeño de dichos cargos; [3] Asimismo, que a petición de ********************el notario en mención le expidió copias certificadas de la escritura pública de referencia, la cual constaba de dieciséis fojas útiles, y en la que no obraban la primera y segunda actas de asamblea, ni las convocatorias de las tres asambleas en cuestión, por lo que al advertir tales inconsistencias inició el juicio civil *******, en el que reclamo su nulidad, al considerar entre otras, que por dicha circunstancia no cumplía con los requisitos legales establecidos en la legislación civil y los estatutos de la asociación en mención. Sin embargo, que en el juicio civil -en el que se dejó sin efectos dicha escritura-, tanto los demandados ***************, como el notario de referencia, el cual fue llamado como tercero, allegaron copias certificadas por tal fedatario público de dicha escritura, las cuales contenían veinticinco fojas, y en ellas obraban esos documentos -las tres actas de asambleas, con sus respectivas convocatorias-, por lo que señala que tales copias fueron alteradas, ya que del informe que se solicitó en dicho sumario al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, se constató que la escritura que inscribió dicho notario en los archivos de dicho registro coincidía con la que le fue entregada a ********* -sólo con la última acta de asamblea, sin las dos previas, ni las tres convocatorias de las mismas-; y [4] Que dentro del sumario civil precitado, dicho notario declaró dentro del juicio civil en cuestión, el once de marzo de dos mil diecinueve, y que en diversas preguntas que se le realizaron, sobre los hechos precitados, indicó en sustancia que no recordaba por qué en la escritura que se presentó ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no se agregaron las convocatorias de las asambleas que dieron origen a aquélla en la que se determinó el cambio de la mesa directiva, pero que no era un requisito agregar toda la documentación de un instrumento para su respectiva inscripción, y que tampoco recordaba el motivo por el que en dicha escritura pública no obraban tales convocatorias, empero, que la documentación que se necesita para protocolizar un acta de asamblea, debe obrar en el legado apéndice, que se forma de la escritura en cuestión. Ahora bien, fue con base en dichos elementos que el juez de control de origen, determinó confirmar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal controvertido, al considerar que no se configuraba ninguno de los delitos por lo que se seguía dicha indagatoria, esto es [1] y [2] los relativos a la falsificación de documentos y uso de documento falso, [3] fraude procesal y [4] falsedad ante autoridad, previstos y sancionados en los artículos 214, 221 y 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. En contra de tal determinación el quejoso en sus conceptos de violación sostiene que el juez responsable transgredió en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en virtud de que ante el juez control responsable expuso que [1] el notario público *********, no actuó con negligencia al protocolizar el acta de asamblea en el que se realizó el cambio de la mesa directiva de la moral quejosa, ya que resulta verosímil que en razón de la experiencia y trayectoria profesional de dicha persona en su encargo, tenía conocimiento de que tal acta de asamblea no cumplía con los requisitos establecidos por los estatutos de la moral quejosa, de donde deduce que actuó dolosamente al momento de protocolizar dicho acto que carecía de las formalidades debidas. Agrega que [2] de forma unilateral cambió la designación del tesorero y uno de los vocales, pues a pesar de que en la asamblea que protocolizó se designó a *********** como tesorero y a *********como vocal, en la escritura respectiva, en la cláusula segunda tuvo por designadas en tales cargos a dos personas diferentes, esto es, a ********* como tesorero y a *********** como primer vocal, lo cual también insiste que tampoco fue efectuado de forma negligente, sino de forma dolosa, pues incluso dichas personas designadas fueron las que solicitaron la protocolización de dicha acta de asamblea. Asimismo, [3] precisa que alteró documentación faltando a su deber, al haber entregado a los demandados en el juicio civil **********, y al haber exhibido en dicho controvertido copias certificadas de una escritura pública, que no corresponde con las copias que le fueron entregadas al aquí quejoso y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, siendo que todas ellas mencionan en su certificación que son una copia fiel y reproducción del legajo del apéndice que tiene en su poder. Finalmente, asevera que [4] el notario en mención cuando rindió declaración ante la autoridad judicial civil respectiva, señaló que quedaba a su discreción agregar los documentos que el deseara cuando así lo considerara pertinente, ya que la ley le permitía compulsar solamente las actuaciones más importantes, cuando el artículo 100 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, exige que todos los notarios deben de llevar una carpeta denominada apéndice, en el que deben depositarse todos los documentos que contengan las escrituras y las que deben ser entregadas al archivo. Tales argumentos resultan fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, pues como se observa el amparista continua sosteniendo los cuatro hechos en los que sustentó la probable participación del notario en mención ************, en los ilícitos investigados, no obstante, de la confronta de dichos argumentos con lo resuelto por el juez de control de origen, se advierte que éste último desatendió los principios de exhaustividad y congruencia, ya que al resolver sobre lo peticionado, únicamente determinó que no se configuraba ninguno de los delitos en particular que eran investigados -los relativos a [1] y [2] la falsificación de documentos y uso de documento falso, [3] fraude procesal, así como [4] falsedad ante autoridad-, lo que provocó que no se pronunciara frontalmente sobre cada uno de los hechos referidos, y por ello si el no ejercicio de la acción penal resultaba correcto o no con relación a ellos. En efecto, para demostrarlo, debe partirse de que los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona la certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Asimismo, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En consecuencia, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorga al particular dentro del orden constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que sólo puede actuar si la ley le faculta para ello. Por otra parte, los principios de congruencia y exhaustividad se contienen en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo particular, dentro de la materia familiar, en el ordinal 68 Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, porque el precepto constitucional en mención exige de los tribunales, una administración de justicia pronta y expedita, lo cual se logra siempre que los planteamientos ante ellos propuestos sean analizados en simetría, completitud y proporción en el fallo correspondiente, pero siempre de forma tal que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, mientras que la disposición legal en comento señala que los fallos deben dictarse en concordancia con las pretensiones formuladas por las partes. Debe decirse también que el principio de congruencia consiste en que las resoluciones además deben ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí, a lo que se le denomina congruencia interna, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada, a lo que se le denomina congruencia externa. En ese sentido, se tiene que como ya se relató, el aquí quejoso en la audiencia respectiva, solicitó la revocación del no ejercicio de la acción penal respecto de Armando Agustín Rivera Villa Real, con base en cuatro hechos con apariencia de delito los cuales expuso y configuró, sustancialmente con las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar: [1] El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en su carácter de Notario Público Número Tres de la Ciudad de Cuautla, Morelos, de forma dolosa aprobó protocolizar el acta de asamblea general extraordinaria de la Unión de Colonos Unidad Benito Juárez de Axochiapan Morelos, asociación civil, de quince de julio de dos mil diecisiete, a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legales establecidos para tal efecto. [2] El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, de forma dolosa y para favorecer a los solicitantes de dicha protocolización ***********, al autorizar la escritura pública treinta y un mil ciento setenta y siete, en su cláusula segunda, tuvo por designados al primero de los mencionados como tesorero y al segundo como primer vocal, a pesar de que en la asamblea que se protocolizó en dicho instrumento público, se designó a ***********como tesorero y a ***********como vocal. [3] El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, al expedir las copias certificadas solicitadas por los demandados en el juicio civil ************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec, Morelos, para presentarlas en el mismo, alteró dicho documento, ya que en las certificaciones de las mismas asentó que correspondían con las que obraban en el apéndice respectivo, y no obstante ello, agregó como anexos a las mismas, las tres actas de asambleas, con sus respectivas convocatorias, que dieron origen al cambio de la mesa directiva de la asociación en cuestión. De la misma forma, el once de marzo de dos mil diecinueve, al contestar la demanda como tercero en el juicio aludido, presentó también ante dicha autoridad jurisdiccional, copias certificadas alteradas de dicha escritura, las cuales en su certificación señalaba que correspondían a las que obraban en el apéndice respectivo, y no obstante ello, también contenían como anexos las referidas tres actas de asambleas, con sus respectivas convocatorias. Lo anterior, no obstante, que existen copias certificadas que fueron expedidas anteriormente, las cuales no coinciden con aquéllas, consistente en las entregadas al representante de la persona moral quejosa el veinticinco o veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la que también indicó dicho fedatario público que tales copias correspondían a las que obraban en el referido apéndice, y sólo agregó como anexo el acta del última asamblea, y la diversa que fue entregada para realizar la inscripción de dicha acta ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en la que tal fedatario público sólo anexó la última asamblea referida, no así los demás documentos que fueron presentados en el juicio de referencia para defender la legalidad de tal acto. [4] El catorce de agosto de dos mil diecinueve declaró en el juicio civil ***********, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Jonacatepec, Morelos, donde manifestó hechos falsos, y señaló que la escritura pública treinta y un mil ciento setenta y siete, y la que fue presentada para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad no contenía como anexos las convocatorias referidas, porque no era requisito agregar toda la documentación que se menciona en el cuerpo de la estructura o instrumento para tal efecto. Luego, el juez de control responsable, al momento de resolver, dentro del juicio de origen, consideró correcto el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, al considerar que no se encontraban acreditados los delitos materia de la investigación. Para ello determinó en primer término que si bien no consideraba compatibles los delitos investigados -los de [1] y [2] falsificación de documentos y uso de documento falso, [3] fraude procesal, así como [4] falsedad ante autoridad-, en tanto que conforme a la regla del concurso aparente de normas, tanto los delitos de [1] y [2] uso de documento falso y falsedad de documentos, así como el de [4] falsedad de declaración ante autoridad, se encuentran absortos en el delito de [3] fraude procesal. No obstante, determinó que se iba a pronunciar respecto de todos los delitos materia de investigación, y con dicho discurso argumentativo, señaló que el ilícito de [1] y [2] falsificación de documentos y uso de documento falso, no se configuraba, ya que en el juicio civil sólo se declaró la nulidad de la tercer acta de asamblea celebrada por la asociación, al no haber cumplido con sus requisitos legales, empero, no se pronunció sobre la escritura pública en la que el notario en cuestión la protocolizó, en tanto que si bien se dejó sin efectos en dicho juicio, ello fue como una consecuencia de la nulidad del acto que le dio origen, por lo que no advertía que tal escritura no cumpliera con los requisitos legales para poder ser expedida. Posteriormente, señaló que tampoco podía determinar que el documento hubiera sido alterado, pues si bien se hablaron de distintas copias certificadas, estuvieron en posibilidad de demostrar en el juicio civil que tales documentos presentaban alteraciones, lo cual no quedó acreditado. Agrega, que respecto al delito de [4] falsedad de declaración ante autoridad, no advertía que el hecho investigado pudiera encuadrar en dicho tipo penal, ya que si bien manifestó ante el juzgado civil respectivo, que no recordaba diversas circunstancias, ello no resultaba suficiente, para demostrar que estuviera faltando u ocultando la verdad. Finalmente señaló que respecto al antisocial de [3] fraude procesal, tampoco se encontraba acreditado, ya que se trata de un delito doloso, y si bien se puso en circulación un acta de asamblea que después fue declarada nula, tal acción la realizaron los diversos demandados en el juicio de origen, no el notario de referencia, aunado a que si bien dicho notario tuvo participación en el juicio civil en cuestión, tal circunstancia no aconteció por voluntad propia, sino que fue ante el requerimiento del juzgado respectivo que ello sucedió, de donde se puede deducir que no existió dolo de su parte. De lo anterior se advierte, que el juez de control responsable, al resolver sobre cada uno de los delitos en particular, y al no pronunciarse sobre cada uno de los cuatro hechos con apariencia de delito que le fueron expuestos por el asesor jurídico de la aquí parte quejosa, dejó de resolver de forma exhaustiva y congruente con lo solicitado, puesto que no contestó frontalmente cada uno de ellos, como se obtiene de lo siguiente: [1] En cuanto al primero de los hechos consistente en que el notario de forma dolosa protocolizó de forma indebida el acta de asamblea respectiva, lo sustentó el denunciante, entre otras cuestiones, en la circunstancia de que al aprobar dicha escritura, conforme a su hipótesis de los hechos, el notario en cuestión sólo tuvo a la vista el última acta de asamblea, sin que se le hubieran presentado para ello las dos actas de asambleas previas, ni las tres convocatorias que se realizaron para tales efectos -puesto que sostiene que si bien obran las mismas en otras copias certificadas, ello refiere que fue porque las mismas fueron alteradas-. Asimismo, refiere que al haber tenido tal fedatario a la vista los estatutos de dicha asociación, pudo corroborar con los mismos que no se habían cumplido con los requisitos que establecían para llevar a cabo dicho cambio de la mesa directiva, y que en tales términos tuvo que haberse negado a protocolizar tal acto, de allí que sostiene que no actuó con negligencia, sino con dolo, aunado al estar establecido con los antecedentes de investigación que se trata de un notario con amplia trayectoria en la materia, resulta verosímil que conocía los requisitos legales aplicables al caso, y que los desatendió con conciencia del hecho. [2] Agregó para demostrar dicha circunstancia dolosa, el hecho de que en la escritura respectiva, en su cláusula segunda, tuvo por designados a ********* como tesorero, y a ********* como vocal, quienes conforme a lo referido por el denunciante, fueron las diversas personas que solicitaron la protocolización de dicho documento -también demandadas en el juicio civil y denunciadas en dicha carpeta de investigación, y contra las cuales procedió la acción penal-, ello a pesar de que en la asamblea que protocolizó dicho notario, se indicó que fue electo ************* como tesorero y ********como vocal. [3] En cuanto a la alteración de las copias certificadas, que fueron presentadas en el juicio civil respectivo, por el notario y los demandados en el mismo, las cuales constaban de veinticinco fojas, y que tenían como documentos anexos las tres actas de asambleas y las tres convocatorias, esencialmente señaló que existían indicios para presumir que habían sido alteradas, entre ellos: Que en la propia escritura pública sólo se mencionaba la tercera acta de asamblea, de donde se podía colegir que fue el único documento que se tuvo a la vista y que se anexó a la misma. Aunado a que las copias certificadas que le fueron entregadas al representante de la moral quejosa y las que obraban en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no contenían tales anexos, siendo que fueron expedidas con anterioridad a las presentadas en el juicio civil *********, por los demandados y el notario. Que todas las copias contenían en la certificación la mención de que eran una copia fiel e integra de las contenidas en el apéndice del notario, en términos del artículo 100 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. Que una de las razones por las que acudió al juicio civil en cuestión, fue para demandar la nulidad de dicha escritura, en virtud de que no contenía las dos actas de asambleas previas, ni las tres convocatorias, siendo que en el juicio de origen se exhibieron copias certificadas expedidas con posterioridad por dicho notario, en las que obraban tales documentos. Agrega que dentro del juicio civil en un primer momento los demandados al contestar presentaron unas copias certificadas de la escritura las cuales presentaban ciertas inconsistencias, de las que deduce que le fueron agregadas las actas y convocatorias faltantes, y que posteriormente fue que se presentaron copias certificadas bien integradas con dichos documentos La falta de evidencia de que antes de la presentación de dichas copias certificadas en el juicio civil *******, existiera documento o archivo del que se desprendiera que en el apéndice del notario obraban las constancias faltantes. [4] Además, agregó contextualmente, que al momento de declarar dicho notario dijo que no recordaba porque no se habían agregado las constancias faltantes, a la escritura inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo cual conforme a su hipótesis de los hechos sostiene que resulta falso, ya que lo que sustenta el denunciante es que las mismas no las tenía el notario y por ello no fueron agregadas, sin embargo continúo simulando en dicho juicio que las mismas formaban parte del apéndice de dicha escritura pública. Sin que se advierta de los argumentos sostenidos por el juez de control responsable, en que haya atendido de forma frontal cada uno de dicho hechos, pues si bien indicó que en el juicio civil sólo se declaró la nulidad de la tercera acta de asamblea celebrada por la asociación, y no de la escritura pública respectiva, por lo que no se podía deducir que la misma se tratara de un documento falso, no obstante, no indicó por qué el hecho de que el notario la hubiera aprobado bajo las circunstancias que expuso el denunciante no podía constituir un ilícito. De la misma suerte, aun cuando precisó que en el juicio civil no se demostró que las copias certificadas de dicha escritura pública fueran alteradas, a pesar de constar de diferentes fojas, y que por ello no se podía colegir su falsedad, lo cierto es que corresponde a dicha indagatoria penal el determinar si tales documentos fueron o no falsos, de allí que no se pronunció si en la misma podía o no comprobarse tal circunstancia, y si en ese caso podría configurarse un ilícito. Y si bien refirió que al momento de declarar el notario en cuestión dentro de tal sumario civil, no advertía que hubiere incurrido en falsedad, pues sólo manifestó que no recordaba dichas circunstancias, no se pronunció respecto a si ello podía configurar un delito en caso de que hubiera alterado las copias certificadas que exhibió ante dicho juzgado. Mientras que, en cuanto a su último argumento en el que señaló que dicho notario tuvo participación en el juicio civil en cuestión por requerimiento del juzgado respectivo, de donde se deduce que no actuó con dolo, se obtiene que si bien su participación fue por conminación, no decidió en cuanto a si podía ser o no constitutivo de delito el hecho de que dicho notario presentara la copia certificada referida con las veinticinco fojas, supuestamente alterada, y con documentos agregados, aseverando que correspondía a la que obraba en los archivos relativos. Por tanto, es que debe de concederse el amparo solicitado a fin de que el juzgado de control responsable se pronuncie frontalmente respecto a los hechos con apariencia de delito que le fueron expuestos, a fin de generar seguridad jurídica al aquí quejoso sobre su decisión al respecto. Lo anterior, además al considerar que si bien el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al Ministerio Público a decretar el no ejercicio de la acción penal en aquellos casos en que los antecedentes de la investigación permitan concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en esa misma normatividad, las cuales se encuentran especificadas en el diverso ordinal 327 del mismo ordenamiento, dentro de las cuales en las fracciones I, III y V de ese precepto, se permite tal determinación cuando los hechos denunciados no se cometieron; está claramente establecida la inocencia del imputado, y en el caso en que se encuentre agotada la investigación sin que existan elementos suficientes para fundar una acusación, no se advierte que el juzgador de control hubiera emitido algún pronunciamiento para avalar alguna de dichas circunstancias. Ello porque para que acontezcan tales hipótesis normativas, requieren en los primeros dos casos [1] antecedentes de investigación concluyentes -que razonablemente no puedan ser desvirtuados- que permitan establecer que los hechos denunciados no se cometieron o la clara inocencia del imputado; y en el último de los supuestos [2] que agotada la investigación -al ya no poderse llevar a cabo más actos para esclarecer los hechos-, no se cuenten con elementos suficientes para fundar una acusación, esto es, a la inversa, que un no ejercicio de la acción penal, [1] no puede ser sustentado en antecedentes de investigación que resulten cuestionables -los cuales puedan ser desvirtuados mediante otros actos de investigación-, o bien que [2] no puede ser declarado de tal forma si existen líneas de investigación posibles o actos de investigación pendientes, pues sólo así se podría sostener en el primer caso, [1] que se llegó a la certeza de que no se cometieron tales hechos y que existe claridad para considerar inocente al investigado, y en el restante, [2] que se agotó totalmente la investigación. Precisamente, debe resaltarse que tales supuestos al ser previstos por la norma, precisan que para considerarlos actualizados no requieren su simple demostración en un grado de duda (entendiendo por ella la que puede ser disipada con el desahogo de más actos de investigación), sino que al usar las frases como "agotamiento", "claridad", y al señalar que "no se cometió el hecho denunciado" -sin especificar en su descripción la probabilidad, posibilidad o simple duda-, se obtiene que tales casos sólo pueden acontecer cuando mediante el desahogo de más actos de investigación no puede llegarse a una conclusión distinta. Ello además, porque sólo de esa forma puede respetarse la obligación del agente ministerial de cumplir con una investigación eficiente, exhaustiva y profesional, en términos de los ordinales 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con los derechos de la víctima de contar con una investigación con dichas características, así como de conocer la verdad de los hechos que denuncia reconocidos inicialmente por el numeral 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con los artículos 109 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los ordinales 7, 12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas, así como los dispositivos 7, 47 y 60 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos. Sin que pase desapercibido que, en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, observó que cuando se advierta que el Ministerio Público incurrió en omisiones durante la etapa de la investigación, el juez de control deberá conminarlo a que la reanude y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De allí que debe concederse el amparo solicitado, para los efectos que se precisaran en el siguiente considerando, resultando de estudio innecesario los restantes conceptos de violación, en tanto que el aquí estudiado suplido en su deficiencia se advierte como el de mayor beneficio, puesto que es el que le va a generar seguridad jurídica a la parte quejosa sobre la determinación adoptada, a fin de que pueda conocer los fundamentos y motivos de dicha determinación. VIII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable [1] Juzgado de Primera Instancia, del Único Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada adoptada en la audiencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *********. Convoque a las partes a una nueva audiencia pública, en la que, conforme a lo expuesto en el presente fallo, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie de forma fundada y motivada respecto a los cuatro hechos con apariencia de delito que fueron expuestos por el asesor de la aquí parte quejosa, y conforme a ellos, resuelva de forma frontal, si debe o no confirmarse la resolución reclamada, respecto al no ejercicio de la acción penal. En el entendido de que cuenta con libertad de jurisdicción para emitir dichos pronunciamientos, por lo que no se encuentra obligada a resolver en algún sentido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, por conducto de su representante ********************contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando II, por las razones analizadas en el diverso penúltimo y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe, hoy once de agosto de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

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