Martín Cruz Cervantes Ramírez

Expediente 1584/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1584/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Martín Cruz Cervantes Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Por tanto, téngase por recibido el oficio de cuenta número 11043/2023, firmado y remitido electrónicamente por la Actuaria Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual solicita a este órgano de control constitucional a efecto de que le sea remitido el escrito original de agravios y los cuadernos de prueba provenientes del mismo; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y mediante oficio que derive del presente proveído, remítase ante la Superioridad el escrito original de medio de impugnación hecho valer en el juicio de amparo al rubro citado; lo anterior, a fin de que el citado Tribunal este en aptitud de resolver el recurso interpuesto.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que la quejosa ******************** fue notificada por medio de Boletín Judicial del contenido del acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós e informa que al no haber comparecido la citada quejosa a desahogar la vista ordenada en dicho proveído, se decretó en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós la causahabiencia de ******************** y Zulma Abigail Grijalva Palomo, con lo cual, la autoridad responsable, manifiesta y acredita la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, y al respecto remite un legajo de copia certificada de diversas actuaciones del expediente ********************, en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda y téngasele por recibidas las documentales que anexa al mismo. Con las constancias allegadas fórmese un cuaderno de pruebas, para un mejor manejo del presente sumario. Ahora bien, de las presentes actuaciones se desprende que en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés la autoridad responsable cumplió parcialmente con los efectos del fallo protector y se requirió a la misma por los siguientes términos: 1.-Dar vista a la quejosa sobre la solicitud por parte de la actora, de declarar a la impetrante como causahabiente de la demandada y lo informara a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, y tomando en consideración lo manifestado por la responsable en el oficio de cuenta, así como las constancias que allegó para acreditar su dicho, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA).

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado y remitido por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para el efecto de dar cumplimiento al fallo protector; por tanto, téngase a la autoridad antes señalada en vías de cumplimiento y se ordena agregar en autos el comunicado descrito para que obre como corresponda. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente sumario, se advierte que mediante sentencia dictada en fecha quince de agosto del año dos mil diecinueve, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: ".Ordene se practique de inmediato la notificación a las partes del proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************y hecho lo anterior, continúe de oficio con la etapa de ejecución de laudo, hasta su conclusión, por lo cual resulta innecesaria la intervención de la parte actora para ese efecto, debiendo ajustarse a los plazos legales correspondientes". Dicha resolución que se declaró ejecutoriada en acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, procediéndose en ese mismo acuerdo a requerir a las autoridades responsables por el cumplimiento, sin que a la fecha se encuentre cumplido el mismo, pese a los múltiples requerimientos efectuados por este juzgador. En consecuencia de lo anterior, con apoyo en los numerales 17 Constitucional, así como en el 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a las autoridades señaladas como responsables para que remitan a este órgano jurisdiccional copia fotostática certificada, clara, legible, y completa de las constancias con que acrediten haber dado total cumplimiento al fallo protector; ello dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, percibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretario General, mediante oficio ********************, informo que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió en los autos del juicio laboral ********************, proveído de treinta de agosto de dos ml veintitrés, en el cual requirió al Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, así como a la Encargada de la Hacienda Municipal, por la ejecución del laudo, bajo apercibimiento que de incumplir en el término de tres días siguientes a la notificación de dicha determinación, procedería a decretar la suspensión de dicho funcionario en los términos correspondientes; en consecuencia, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días, informe las gestiones realizadas para el estricto cumplimiento de dicho proveído, y si por el contrario, debido a su incumplimiento, hizo efectivos los medios de apremio decretados. Se apercibe a los integrantes del Tribunal responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, se considerará que su actuar es evasivo y se le impondrá a cada uno, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se considera que existe incumplimiento por medio de evasivas, si la autoridad responsable, realiza actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo protector; es decir, si con la finalidad de lograr la ejecución de laudo, impone multas y suspensiones de cargo, sin que éstas sean efectivas a la parte a la que van dirigidas. Cobra aplicación al caso concreto la Tesis de Jurisprudencia: P./J. 58/2014 (10a.), con registro digital: 2007914, Instancia: Pleno, Décima Época. Materia(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11; que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Por tanto, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deberá vigilar se cumpla cabalmente con el requerimiento aludido que emitió, e imponer y hacer efectivas las sanciones contenidas en el mismo en caso de desacato. Igualmente, se advierte que por oficio ********************, recibido por este órgano jurisdiccional en acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del oficio dirigido al Congreso del Estado de Jalisco, del que se desprende se le requirió realizara las gestiones tendientes a concretar la suspensión en el cargo de los regidores municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco; por tanto, en razón de que el procedimiento para suspender al funcionario de un Ayuntamiento, en atención a la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no constituye un acto discrecional y soberano del Congreso Local, y toda vez que le corresponde al referido Congreso sustanciar el procedimiento correspondiente y otorgar al gobernado la oportunidad de defensa adecuada al acto, como formalidad esencial del procedimiento, por lo cual en el caso resulta necesario el derecho de audiencia, respetando sus elementos inherentes; se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé trámite al procedimiento de suspensión en el cargo de los funcionarios que le fueron indicados dentro de los autos del juicio laboral ********************, debiendo realizar todas las gestiones conducentes, y recaben las pruebas correspondientes a fin de resolver dicho procedimiento. Una vez hecho lo anteriormente descrito, el Congreso deberá notificar al trabajador aquí quejoso a fin de que pueda comparecer; atendiendo lo anterior, informe a este Juzgado de Distrito, y remita copias certificadas para acreditar sus actuaciones. Se apercibe al Congreso del Estado de Jalisco que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 193, en relación al diverso numeral 258, todos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a efecto de que dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación de puesto y su consignación. Cobra aplicación, la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023706, Instancia: Plenos de Circuito, undécima Época, materias(s): común, administrativa, tesis: PC.III.A. J/4 A (11a.), fuente: gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, octubre de 2021, tomo II, página 3077, tipo: jurisprudencia: "PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. EL ACUERDO LEGISLATIVO QUE RECHAZA DARLE INICIO, POR DECLARAR IMPROCEDENTE O SIN MATERIA LA SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DISCRECIONAL Y SOBERANO DEL CONGRESO LOCAL Y EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al resolver si los acuerdos legislativos que desestiman la petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de suspender del cargo al titular de un Ayuntamiento de la misma entidad, por quedar sin materia o resultar improcedente, constituyen o no actos discrecionales y soberanos del Congreso Local, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el acuerdo legislativo por medio del cual se decide no dar inicio al procedimiento para suspender al titular de un Ayuntamiento, ya sea por declarar sin materia o improcedente la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no constituye un acto discrecional y soberano del Congreso Local, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Justificación: Del análisis sistemático de los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 76, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 87, fracción IV, 203 a 208, 211 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se obtiene que, por mandato constitucional, corresponde exclusivamente a las Legislaturas de los Estados determinar, mediante el procedimiento correspondiente, si se actualiza un hecho o conducta que se califique como grave, de manera que amerite la suspensión del titular del Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal, en atención al principio de autonomía municipal, entre cuyas características destaca la elección libre de sus integrantes; y esa determinación es la que precisamente constituye la última voluntad discrecional y soberana del Congreso Local, la cual se logra cuando, una vez superados los requisitos de procedibilidad del procedimiento relativo a la suspensión, se decide en definitiva sobre la actualización de una conducta grave por parte del titular del Ayuntamiento constitucional correspondiente y su responsabilidad, previo respeto a sus derechos de audiencia y de defensa, y esa decisión deberá forzosamente ajustarse a los principios de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General. Consecuentemente, los acuerdos legislativos que desestiman por improcedente o por carecer de materia la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre la suspensión de algún titular municipal, pronunciados previo al inicio del procedimiento de suspensión relativo, sí son susceptibles de someterse a un escrutinio constitucional a través del juicio de amparo indirecto, pues al no constituir la última determinación en el procedimiento de suspensión del mandato previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no participan de la naturaleza de los actos emitidos de manera discrecional y soberana por el Congreso y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo.". Asimismo, ilustra al caso la tesis con Registro digital: 2002500, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXVII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1685: "DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el indicado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Así, cuando la Constitución se refiere al deber de las autoridades de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se contrae a la necesidad de que se colmen los requisitos relativos a: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; sin embargo, no se establece expresa ni tácitamente la manera, los tiempos o plazos en que han de cumplirse esas condiciones; es decir, para la plena satisfacción del derecho de audiencia, basta que la norma secundaria prevea los mecanismos procesales adecuados para que dentro de un procedimiento concreto se dé cabida a los aspectos mencionados, sin que para ello sea condición ineludible que existan etapas o momentos procesales independientes entre sí o plazos concretos para cada periodo, dado que esos extremos dependen del diseño legislativo propio de cada procedimiento; luego, el espíritu del artículo 14 constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el legislador ordinario deba ceñirse a un modelo procesal concreto, pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención de someterlo a un esquema procesal específico, sino únicamente al deber de respetar los elementos inherentes al derecho de audiencia." Con independencia de lo anterior, con el objeto de lograr el acatamiento de la ejecutoria de amparo, partiendo de las infructíferas gestiones realizadas por las autoridades responsables para dar cumplimiento al fallo protector, y dado el tiempo transcurrido sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen y por ende, tampoco se haya cumplimentado la ejecutoria de amparo; se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, autoridad directamente responsable, misma que en términos de lo previsto en los artículos 141, 142 y 143 de la Ley Burocrática del Estado, debe proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus laudos; pues se encuentra facultado para dictar las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, es decir, puede requerir, apercibir e imponer sanciones tanto a los patrones equiparados como a los funcionarios públicos de los entes demandados, a quienes puede vincular para lograr el cumplimiento del laudo, sanciones pecuniarias cuya cuantía puede ir de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y, si no obstante ello, se reitera la negativa de cumplir, procederá a decretar la suspensión en el cargo de dichos funcionarios por el plazo de quince días, sin goce de sueldo. En el entendido de que para tal efecto, es necesario que el tribunal burocrático en los acuerdos de requerimiento y apercibimiento que emita, debe: Precisar las actuaciones que deba desplegar cada uno de los funcionarios que sean vinculados para lograr el cumplimiento del laudo, mismas que deben corresponder a las atribuciones que la ley les otorga. Asentar la identificación -con nombre y apellido- de la persona a quien va dirigido. Notificar en forma fehaciente al funcionario. Formular los apercibimientos correspondientes señalando las consecuencias que el desacato traerá para el funcionario respectivo. Es decir, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a fin de lograr la eficaz e inmediata ejecución de sus laudos, y por ende para cumplir con la ejecutoria de amparo de la que deriva este incidente, debe dictar las medidas necesarias en la forma y términos que sean procedentes, lo que incluye hacer uso de los medios de apremio previstos en las normas aplicables, que en el caso, se traducen en la imposición de sanciones económicas que deberán ser pagadas, en caso de las entidades demandadas con el patrimonio que les hubiera sido asignado y, en caso de autoridades vinculadas con el peculio de los funcionarios públicos, además de la suspensión en el cargo sin goce de sueldo por el plazo de 15 días. Asimismo, cobra aplicación el criterio jurisprudencial (pendiente de publicación) sustentado por este Tribunal Colegiado de Circuito plasmado en la tesis III.4o.T.48 L (10a.)30, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DEL LAUDO. SI SE RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE APERCIBIR AL PATRÓN Y SOLICITAR EL AUXILIO DE LAS AUTORIDADES QUE, CON MOTIVO DE SUS FACULTADES, DEBEN CUMPLIR AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que deban intervenir en el cumplimiento de las sentencias, están obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, todos los actos necesarios para lograrlo. En este sentido, en virtud de que el artículo 140 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios señala que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para hacer respetar sus resoluciones, debe entenderse que, si una vez dictada la planilla de liquidación, esto es, iniciada la etapa de ejecución, persiste la actitud contumaz de la demandada de cumplir el laudo, debe requerírsele y apercibirla con la imposición de una multa, que puede ir desde 10 hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerla efectiva e, incluso, ordenar la suspensión del cargo del titular por 15 días, así como requerir el auxilio de las autoridades que con motivo de sus facultades puedan cumplir con el laudo, ya sea porque por sus atribuciones pueden auxiliarlo a alcanzar el cometido, o porque esté a su cargo la administración del presupuesto, estableciendo la medida en que cada una de ellas debe participar, y si éstas son omisas, debe requerir a sus superiores jerárquicos, hasta lograr el pago de lo señalado.". Así, con fundamento en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Tribunal de arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en tanto persista la actitud contumaz de la parte demandada, así como de sus funcionarios, de dar cumplimiento al laudo, debe requerirlos y apercibirlos con la imposición de multas de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerlas efectivas con cargo en su patrimonio personal e incluso solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la suspensión del cargo por quince días, justificando amplia y expresamente porqué desacatar una sentencia ejecutoria sí es causa grave para efectos de tal solicitud; de igual manera, puede solicitar el auxilio de las autoridades que considere pueden acatar el laudo, o bien, dar vista al Ministerio Público por el ilícito contra la administración de justicia a que alude el artículo 154, fracción IX, del Código Penal del Estado de Jalisco. En el entendido de que al requerir al Congreso del Estado para hacer efectiva la suspensión de los servidores públicos, deberá explicar y justificar las razones por las que el desacatar una sentencia ejecutoriada sí es una falta grave. En el tenor de lo anteriormente expuesto, este juzgador estima necesario vincular al cumplimiento del fallo protector al Presidente Municipal y a los Regidores, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco. Sin que al respecto, en el caso de la vinculación a los funcionarios públicos miembros de un ayuntamiento, pase desapercibida la jurisprudencia 34/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual precisa, que las autoridades demandadas en los juicios burocráticos no son autoridades responsables para efectos de la procedencia del amparo, al establecer: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTAUN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Sin embargo, dicho criterio no se contrapone a que esas autoridades, en la dualidad de sus facultades como integrantes del ente municipal, cumplan las obligaciones que las leyes les impone e incluso, considerando que como funcionarios públicos miembros del ayuntamiento, están interesados en que los laudos deban cumplirse lo antes posible para evitar que aumente el saldo a cargo del Gobierno Municipal, y por esas razones se les considere autoridades vinculadas con el cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, pues no se les requiere como patrones sino como autoridades que deben vigilar el presupuesto municipal. Lo anterior, acorde al criterio III.4º.T.49 L (10ª.) de este tribunal colegiado, consultable en Libro 57, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo III, página 2695, registro 2017532, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DEL LAUDO. PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR A LAS AUTORIDADES QUE ADMINISTRAN EL PRESUPUESTO EN UN MUNICIPIO Y QUE ESTÁN VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En términos de los artículos 197 de la Ley de Amparo y 140 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando se reclame el incumplimiento de un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en contra del Ayuntamiento de Guadalajara, una vez que el actor solicitó la ejecución en el juicio, se exigirá a las autoridades responsables y a las vinculadas con el cumplimiento lo siguiente: el tribunal burocrático debe, en primer término, requerir al demandado para que cumpla el laudo en el término de 30 días, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondrá una multa que puede ir de 10 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerla efectiva e, incluso, ordenar la suspensión y requerir el auxilio de otras autoridades; empero, si no obstante ello, persiste la actitud contumaz de dar cumplimiento al amparo, debe procederse como sigue: 1) requerir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y a su superior jerárquico, el gobernador del Estado de Jalisco, para verificar el cobro de las multas que imponga el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por incumplir el laudo; 2) al Congreso del Estado de Jalisco, una vez que lo solicite el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, quien deberá instar el procedimiento administrativo de suspensión del cargo por quince días del servidor público de elección popular que no ha dado cumplimiento al laudo; 3) al Ayuntamiento de Guadalajara, que es la autoridad directamente responsable de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto, que debe tener conocimiento de la existencia de un laudo que afectará el patrimonio de la entidad que representa; 4) al presidente municipal del Ayuntamiento, y su superior jerárquico, el Ayuntamiento de Guadalajara, que debe ordenar expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; 5) a la Secretaría General del Ayuntamiento y a su superior jerárquico, el presidente municipal, que deberá autorizar el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; 6) al tesorero municipal del Ayuntamiento, y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que una vez que reciba la orden expresa de éste, realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; y, 7) a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento y su superior jerárquico, el coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental, que deberá girar las órdenes correspondientes para la entrega y pago de las cantidades debidas, por ser la Unidad Administradora responsable de la partida presupuestal respectiva. Lo anterior, de conformidad con los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 14, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 224 al 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco; 37, fracción XI, 47, fracción XI, 80 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 63, 66, fracción XLIII, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara aplicable para el ejercicio fiscal en que se actúe.". En consecuencia, se vincula al cumplimiento y se requiere por el mismo al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, (en el ámbito de sus atribuciones como titular del Ayuntamiento) conforme a lo previsto en el artículo 47, fracción XI y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; quien deberá gestionar ante las autoridades estatales y municipales que ministren los recursos que corresponda para cubrir las cantidades laudadas o bien realizar todas las actuaciones necesarias para que en el presupuesto dos mil veinticuatro se etiqueten los recursos necesarios para cubrir el monto determinado en el juicio laboral de origen; aunado a que deberá ordenar expresamente a la Oficina encargada de la Hacienda Municipal que se realicen las acciones pertinentes para que se realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo al que no se ha dado cumplimiento; ello toda vez que es la autoridad obligada a vigilar que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y administración de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos propios del Municipio. Igualmente, se vincula al cumplimiento al a los Regidores como integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, conforme al artículo 49, fracción X de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 18 fracciones II y IV, 19 fracción II, 53, 54 y 68 fracción I, todos del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tomatlán, Jalisco, para que al formular el presupuesto de egresos dos mil veinticuatro establezcan una partida específica para cumplir con las cantidades laudadas. Se apercibe a las autoridades nombradas, para que cumplan con la ejecutoria dictada en este asunto, en los términos, condiciones y lapsos aquí descritos, caso contrario, se hará efectiva en contra del omiso, imponiéndose a las personas físicas en su carácter de funcionarios públicos, la multa de cien Unidades de Medida y Actualización; de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, por lo que ve al Congreso del Estado de Jalisco, conforme a lo previsto en el artículo 193, cuarto párrafo, en relación con el 66 primer párrafo in fine, ambos de la Ley de Amparo, de plano y de oficio, este Juzgado Federal, estima necesario requerir la aprobación de una partida específica en el presupuesto de egresos del año dos mil veinticuatro que incluya el monto de lo laudado en el juicio laboral ********************, esto es, para que ministre más recursos al ente municipal con el objeto de que esté en aptitud de cubrir las cantidades laudadas dotando a la partida presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro de los recursos necesarios para cumplir la obligación que se impuso al Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, ello si al finalizar el mes de noviembre del año en curso, el ente condenado no haya cumplido con la totalidad de la condena laudada. En efecto, los artículos 89 y 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, disponen: "Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. En caso de que algún Municipio por razones excepcionales incurra en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo deberá someter a la aprobación del Congreso del Estado la autorización correspondiente. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como los ingresos derivados de financiamiento. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley." "Artículo 115. Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos, ni las dependencias harán gasto alguno que no conste en los presupuestos o que no sea aprobado por el Congreso. La infracción de este artículo hace responsables tanto a las autoridades que la manden, como a los servidores públicos que la obedezcan." De lo anterior se sigue, que si bien los ayuntamientos aprobarán los presupuestos de egresos de los municipios, también lo es que en los casos de incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá someter la aprobación del presupuesto al Congreso del Estado para la aprobación correspondiente. Así también, se establece que no podrán imponerse préstamos forzosos y que no se harán gastos no previstos en los presupuestos de egresos o que no sean aprobados por el Congreso. Por tanto, se concluye que el Congreso del Estado de Jalisco, está facultado para establecer y aprobar partidas adicionales a los presupuestos de egresos que les presenten los Ayuntamientos, cuando incurran en balances presupuestarios negativos. De ahí que, resulte indispensable que el Congreso del Estado dentro del marco de sus atribuciones, establezca y prevea con la anticipación necesaria, la implementación de una partida presupuestal a la que le llegue a presentar el Ayuntamiento demandado a fin de que haga frente a sus obligaciones contraídas, pues como se relató en párrafos previos, el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales, contiene una obligación de carácter constitucional, que no puede soslayarse ni por las autoridades municipales, ni por el Congreso del Estado de Jalisco. Pues si bien, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la diversa de esta entidad federativa, se desprenden los principios de autonomía municipal en el manejo de los recursos que le son asignados, también lo es que dicha autonomía, no es absoluta, máxime cuando se confronta con el cumplimiento de una obligación establecida no solo en las leyes estatales, sino en la propia Constitución General, como lo es obedecer un laudo y por ende, pagar las cantidades a que fue condenado, ya que de considerarse lo contrario, se dejaría a discreción del Ayuntamiento respectivo, tomar la decisión de cumplir o no sus obligaciones constitucionales, lo que llevaría al extremo de colocarlos en un estado de excepción en que el que les permita inobservar y contradecir los postulados y principios que establece la propia Carta Magna. De ahí que, esta determinación judicial no pretende desconocer en ningún aspecto la referida autonomía municipal, pues es evidente que ésta encuentra su límite en la inclusión en su presupuesto de egresos de partidas especiales para cumplir sus obligaciones constitucionales, en términos de los aludidos numerales 89 y 115 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación, por los motivos que la contienen y por analogía al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 49/2011 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160871 del Semanario Judicial de la Federación, que lleva los siguientes rubro y texto: "DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CONSISTENTE EN ENTENDER COMO INCLUIDAS Y AUTORIZADAS LAS PARTIDAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR, AJUSTÁNDOSE SU MONTO EN FUNCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN CASO DE SER OMITIDAS POR EL MUNICIPIO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL DIVERSO 115, FRACCIONES II Y IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto de la Constitución local prevé que en caso de que, por cualquier circunstancia, los Ayuntamientos omitan incluir y autorizar en el presupuesto de los Municipios las partidas necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad el pago de obligaciones derivadas de empréstitos o de contratos de colaboración público-privada que, en términos de la legislación aplicable, impliquen obligaciones constitutivas de deuda pública, se entenderán como incluidas y autorizadas las partidas que hubieren sido autorizadas en el presupuesto anterior, ajustándose su monto de manera automática en función de las obligaciones contraídas. Lo anterior tiene su origen en el hecho de que entre los conceptos que integran la hacienda municipal se ubican algunos que no están sujetos al principio de libre administración hacendaria como sucede en el caso de las deudas de los Municipios, razón por la cual determinados ingresos municipales deben destinarse a cubrir aspectos específicos, por lo cual aquéllos no podrán dejar de pagar, justificándose en el referido principio la deuda que hubieran contratado para financiar obras y servicios. Por ende, la previsión contenida en el artículo 115, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos no vulnera el diverso 115, fracciones II y IV, de la Ley Fundamental, pues si bien los Municipios tienen la facultad para administrar libremente su hacienda, necesariamente, su presupuesto de egresos debe contemplar partidas especiales para cumplir con sus obligaciones constitucionales, máxime que la norma constitucional local mencionada, en principio, reconoce la libertad de los Municipios para definir las partidas que han de integrar su presupuesto de egresos y únicamente atiende a situaciones excepcionales a efecto de salvaguardar el equilibrio financiero de la administración pública municipal.'" También aplica al caso, por los motivos que la contienen y por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2009, del Pleno del Más Alto Tribunal, con registro digital 167568 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTONOMÍA FINANCIERA LOCAL. SE DESPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La autonomía financiera de los Estados no se prevé expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la de los Municipios, respecto de los cuales explícitamente se establece su potestad de gasto; sin embargo, aquélla puede desprenderse de la expresión de que los Estados son libres y soberanos en su régimen interior, contenida en los artículos 40 y 41, primer párrafo, constitucionales, pues dicha autonomía es una parte inherente e imprescindible de su soberanía política, así como de su marco de libertades, ya que es evidente que sin capacidad para administrar recursos públicos aquélla quedaría reducida o limitada, autonomía que se manifiesta a través de la potestad de gasto que implica que no cabe injerencia alguna de otros poderes públicos en la elaboración, aprobación y aplicación de su propio presupuesto, es decir, puede desarrollarse en libertad y en un plano democrático, sin depender del centralismo político-económico, aunque es evidente que esa libertad de administración, como cualquier prerrogativa, no puede contrariar los postulados y principios constitucionales.". Bajo ese contexto, es inconcuso que cualquier circunstancia que se encuentre relacionada con las disposiciones normativas presupuestarias, no puede válidamente invocarse como justificación a la demora para el cumplimiento de sentencias (o en la especie un laudo que al igual tiene esa fuerza vinculante), pues así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su actividad jurisprudencial, al señalar que el derecho a la protección judicial exige deberes positivos de carácter presupuestario, véase: 'Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144', criterio jurisprudencial que, dicho sea de paso, es vinculante para este Juzgado, así como para el Tribunal responsable. Atento a lo anterior, es menester analizar lo dispuesto por los artículos 35, fracción IV y 72 ambos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que a la letra dicen: "Artículo 35. Son Facultades del Congreso: [.] IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos que establezca la ley, así como las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos; revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas correspondientes, en los términos dispuestos por esta Constitución, mediante el análisis y estudio que se haga de la revisión del gasto y de las cuentas públicas, apoyándose para ello en la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión;.". "Artículo 72.- Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial del Estado y del Instituto Electoral del Estado. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecerá las normas para su organización y funcionamiento, así como los requisitos que deban tener los servidores públicos que presten sus servicios en dicho Tribunal.". De los preceptos transcritos se advierte que es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos que establece la ley; así como las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos; revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas correspondientes, en los términos dispuestos por la Constitución Estatal, mediante el análisis y estudio que se haga de la revisión del gasto y de las cuentas públicas, apoyándose para ello en la Auditoría Superior del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión. En consecuencia, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que, con base en las consideraciones de esta resolución, realizará las acciones necesarias para que se realicen las adecuaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que en su caso le presente el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco o bien, determine la creación de una partida presupuestal correspondiente al pago del laudo dictado en el juicio laboral de origen. En la inteligencia que, los ajustes presupuestarios correspondientes no implican afectar programas municipales que resulten de interés público, ni tampoco deberá impactar en la prestación de los servicios públicos municipales en detrimento de los habitantes del referido municipio, tampoco deberán tocarse los fondos asignados para el cumplimiento de las obligaciones laborales como pago de sueldos, salarios y demás prestaciones laborales de los trabajadores municipales; debiendo considerar, aquéllas adecuaciones que en todo caso, afecten partidas presupuestales que no resulten indispensables para el ente municipal, por ejemplo, telefonía celular, vehículos para uso de funcionarios, servicios de cafetería, viáticos no indispensables o gastos suntuarios, cualquiera que sea su naturaleza, entre otros. Aplica al caso, por analogía y los motivos que la contienen, la tesis XIII.T.A.4 L (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, registro digital 2002785, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES BUROCRÁTICOS. AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ MEDIDAS PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDA UN DECRETO QUE AUTORICE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA SU LIQUIDACIÓN, DEBEN APLICARSE LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. Si bien es cierto que la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez no prevé medidas para obtener por parte de la Legislatura Local la expedición de un decreto que autorice la erogación de una partida presupuestal a fin de liquidar las condenas económicas a que fue condenado un Ayuntamiento oaxaqueño, no menos lo es que su artículo 7o., segundo párrafo, autoriza que en los casos no previstos en ella, se resuelva conforme a los lineamientos generales de la misma, a la mayor equidad y a las exigencias que reclaman los servicios públicos en bien de la sociedad. En esa virtud, por razones de mayor equidad, deben aplicarse los artículos 95, 96 y 97 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral sexto de la ley de bienes pertenecientes a esa entidad federativa, que sí prevén tales medidas y que son aplicables a los burócratas municipales oaxaqueños, debido a que éstos como los estatales, tienen el mismo control presupuestal por la Legislatura Local.". Por tal motivo, con apoyo en los numerales 17 Constitucional, así como en el 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, cumplan con los requerimientos formulados previamente y acrediten lo conducente ante este Juzgado Federal, apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada uno de los mencionados, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea óbice que el Congreso del Estado de Jalisco, no haya sido designado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, pues se encuentra obligada a acatar el fallo protector, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia con número de registro 172605, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página: 144, cuyo rubro establece lo siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". Igualmente, se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, registro 1003229 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.".

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio firmado por el Director de Amparos de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, con el cual, en atención a las documentales que le fueron requeridas en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, informa que a su vez, las solicitó con oficio SSE/DGJ/DA/12281/2023, dirigido a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. De lo anterior, se toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar; y por ende, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que de inmediato cumpla el requerimiento inserto en el oficio SSE/DGJ/DA/12281/2023, de cinco de septiembre pasado; en el entendido que, de no haber recibido aún dicho comunicado (puesto que no obra el sello de recepción en la copia del oficio que adjunta la autoridad de cuenta), se le remite en copia a efecto de dar cumplimiento a lo aquí ordenado; ello es así, pues las documentales requeridas son a fin de contar con los elementos necesarios para emitir una resolución más apegada a derecho.

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