Martín Cruz Castro
Expediente 284/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Martín Cruz Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase...
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Paz de Tenosique, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 58/2018-V... Se ordena el archivo definitivo del asunto y es susceptible de destrucción...
- Principal
Causa estado el auto de veinte de junio del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
DESAHOGA PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio del quejoso Martín Cruz Castro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de trece de junio del año en curso, manifestando bajo protesta de decir verdad que la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Así las cosas, en el caso se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo al haberse consentido tácitamente el acto reclamado. Para justificar esta afirmación es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que las hipótesis legales previstas en ellos, son las que se actualizan en el presente asunto y que traen como consecuencia la improcedencia del juicio; dichos artículos literalmente disponen: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensas ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda de amparo no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el artículo 18 de la Ley de Amparo, previamente transcrito de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren indispensablemente un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Establecido lo anterior, este órgano estima que el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo ha fenecido, puesto que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que fue notificado del auto de formal prisión reclamado el dieciocho de abril de dos mi dieciocho, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial de Emiliano, Zapata, Tabasco, notificación que surtió sus efectos en el mismo momento que se practicó, por lo que dicho término comenzó a transcurrir a partir del diecinueve de abril del actual, que es el día hábil siguiente a que surtió efecto la notificación de la resolución reclamada, culminando el diez de mayo del presente año. En efecto, de la lectura al artículo 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, mismo que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 29. Los plazos son improrrogables, comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación respectiva, salvo las excepciones que la ley determine, y se cuentan por días hábiles. Se exceptúan de esta regla los plazos relativos a detención, retención, declaración preparatoria, emisión del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar. En estos casos, el cómputo se hará de momento a momento, a partir de aquel en que el inculpado quede físicamente a disposición del juzgador en un reclusorio o en un centro de salud, circunstancia que harán constar por escrito tanto quien hace entrega del inculpado como quien se encuentra a cargo del establecimiento en el que se recibe a éste." Se sostiene que las notificaciones personales surten sus efectos en el momento que se practiquen, puesto que ahí se establece que los plazos son improrrogables y comenzarán al día siguiente de la fecha de notificación, lo cual evidencia que las notificaciones surten efectos jurídicos en el momento de su realización. Es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, que dice lo siguiente: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Entonces, si la Ley de Amparo establece el término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo contra cualquier acto reclamado, el cual deberá iniciarse al día siguiente en que surta sus efectos la notificación conforme a la ley del acto, es inconcuso que, como ya se dijo, a partir del día diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que es el día hábil siguiente a que surtió efecto la notificación de la resolución reclamada, comenzó a transcurrir el lapso para presentar la demanda de protección a derechos fundamentales y culminó el diez de mayo del presente año, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de abril, uno, cinco y seis de mayo, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el doce de junio de dos mil dieciocho, según la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, es inconcuso que se promovió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Además, este órgano jurisdiccional estima que la resolución combatida no es de aquéllas que atentan contra la libertad personal, aunado a que no se ubica en los caso de excepción a que se refiere la fracción IV, del artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello porque los actos de esa naturaleza a que se refiere aquel numeral, son los emitidos fuera de cualquier procedimiento, esto es, la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo se autoriza cuando los ataques a la libertad se emitan sin que se siga el debido proceso a que se refiere el artículo 14 constitucional, lo que no acontece tratándose de actos emitidos dentro de un juicio -proceso penal- como acontece en el presente asunto. Por tanto, el amparo contra este tipo de resoluciones debe promoverse dentro del término genérico de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, la notificación al quejoso de la resolución reclamada en esta vía constitucional, conforme a la ley que rige el acto. Es aplicable a lo anterior por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, que dice lo siguiente: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Martín Cruz Castro, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Emiliano Zapata, Tabasco, residente en esa localidad y otra autoridad...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · 9,614 expedientes
- Martín Alfonso Badillo Pérez1622/2022
- Martín Aparicio Villatoro300/2018
- Martín Arias Hernández1648/2019
- Martín Bautista Alegría958/2020
- Martín Calixto Morales216/2018
- Martín Caraveo Dantorí1097/2020
- Martín Domínguez Angulo45/2018
- Martin Enrique Herrera Palma758/2021
- Martín García Bautista65/2018
- Martín Malpica Magaña611/2023
- Martín Malpica Magaña186/2021
- Martín Malpica Magaña558/2021