Martín Chávez González

Expediente 2532/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2532/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Martín Chávez González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral de origen. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a , contra actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que la responsable dictara el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral , y lo elevara a la categoría de laudo definitivo, cuya falta de realización se reclamó vía el presente juicio constitucional. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, por medio del cual, adjunta copia certificada del oficio ********************dirigido al Director de Gastos de Operación y de Obra y está a la espera de que se emita el contra-recibo y cheque correspondientes, en el cual especifica la cantidad a devolver a la parte quejosa, con su respectiva actualización; se ordena agregarlas a los autos para que obren como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto, Acredite con constancias fehacientes haber expedido y entregado el cheque a favor de la quejosa, valioso por la cantidad de ********************, debidamente actualizada. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio 589/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 333/2018; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a "Grupo Bachaaalani", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas en el considerando primero de esta resolución; en la inteligencia de que la protección constitucional que se concede es para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.": Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que los efectos precisados por el tribunal colegiado en mención, son los siguientes: "(.) de que la autoridad responsable, atendiendo a las consideraciones aquí expuestas, deje insubsistente el fallo que resolvió el procedimiento de licitación reclamado, así como todo lo que derive de éste como consecuencia, en su lugar dicte otro, en el que de manera fundada y motivada, determine quién resulta vencedor del concurso de licitación mencionado.". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso del Estado de Jalisco y el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, se requiere al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y otras autoridades, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, acrediten que cumplimentaron a cabalidad la ejecutoria de mérito, en los términos señalados en la ejecutoria dictada por la Superioridad, para lo cual, se les remite copia simple de la aludida ejecutoria. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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