Martín Castillo Aguilar

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Martín Castillo Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, devuelve el juicio de amparo... adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja civil... dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído que desechó su demanda de amparo... archívese este expediente como concluido... este asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***** en contra del acto reclamado destacado en el considerando segundo, a la autoridad precisada en el resultando único, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención contenida en proveído de veintiséis de febrero del año en curso (fojas 12 a 15); al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica: HIPÓTESIS NORMATIVAS. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por dichos actos de imposible reparación se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 2006589 Localización: Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación 06 de junio de 2014. Tesis: P. /J. 37/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Registro No. 205651 Localización: Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992 Página: 11 Tesis: P./J. 24/92 Jurisprudencia Materia(s): Común EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, así como del aclaratorio de la misma y anexo que lo acompaña, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca *** de su índice; mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la aquí tercera interesada *** en el juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que, entre otras cosas, en dicho juicio se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unió a las partes quejosa y tercera interesada, así como las consecuencias legales de dicha resolución (fojas 21 a 26). De las constancias que integran el presente expediente se advierte que el veinte de junio de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Xalapa, Veracruz, dictó sentencia en el juicio ordinario civil ***, promovido por el quejoso ***, en contra de la tercera interesada ***; en la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía al actor y demandada. En contra de la citada resolución de veinte de junio de dos mil diecisiete, la tercera interesada interpuso recurso de apelación, al cual recayó la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (que constituye el acto reclamado), que ordenó revocar la sentencia apelada y reponer el procedimiento a partir del auto que dio curso a la reconvención; posteriormente, para que se dictara sentencia acatando lo dispuesto por los artículos 57 y 214 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Cabe destacar que la reconvención efectuada por la tercera interesada fue para el efecto de que se declarara la subsistencia de la pensión alimenticia decretada en favor de la reconvencionista en diverso expediente número ***. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y carácter procesal, no constituye un acto de imposible reparación, pues la cuestión de formalidad con que están relacionados no afecta directamente algún derecho sustantivo del quejoso reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en tratado internacional signado por el Estado Mexicano. Lo anterior, porque la determinación de revocar la resolución de primera instancia, para el efecto de reponer el procedimiento a partir del acuerdo que dio curso a la reconvención, con la finalidad de que el juez de origen haga pronunciamiento sobre las cuestiones reconvenidas por la tercera interesada, por ejemplo, el pronunciarse sobre los alimentos decretados en favor de la reconvencionista, ello no traería como consecuencia necesaria que el quejoso obtenga una resolución desfavorable a sus intereses, aunado a que, en su caso, el perjuicio que haya sufrido pudiera ser reparado en la sentencia que se dicte en el juicio de origen. No es óbice para lo anterior la existencia del criterio siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012245 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.) Página: 1180 RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Lo anterior, debido a que se considera respetuosamente que de acuerdo al examen efectuado, los efectos para los que se repuso el procedimiento de origen, por el momento no causan perjuicio irreparable a la parte quejosa, ya que el juez de origen únicamente tendrá que pronunciarse respecto a los alimentos hechos valer en reconvención por la tercera interesada; aunado a que la tesis citada da lugar al desechamiento de la demanda, previo análisis de cada caso en concreto. En consecuencia, procede declarar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 156/2018. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas por la parte quejosa. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o, se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, el artículo 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que se reclame, así como a qué autoridad se los atribuye; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca *** de su índice, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la aquí tercera interesada *** en el juicio ordinario civil *** del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, cabe precisar que el promovente omitió indicar el estado procesal que guarda el juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, debido a que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad indicó que el veinte de junio de dos mil diecisiete, se resolvió dicho juicio; asimismo, que el veinticuatro de enero del año en curso, la tercera interesada por conducto de su abogado patrono interpuso recurso de apelación contra dicha resolución foja 4. CONCLUSIÓN Por tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que el promovente omitió indicar el estado procesal que guarda el juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, así como el sentido en el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la aquí tercera interesada *** a efecto de proveer sobre la suspensión del acto reclamado. REQUERIMIENTO Por lo tanto, a efecto de permitir el acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al promovente para que, en el plazo de cinco días, legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Indique el estado procesal que guarda el juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Aclare el sentido sentido en el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la aquí tercera interesada ***, asimismo, debido a que el promovente es parte en dichos asuntos, de ser el caso exhiba copia de la resolución dictada en el toca *** del índice de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento, el quejoso deberá exhibir las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera necesario para proveer sobre la admisión de este asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Página: 990Tesis: I.7o.A.100 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra hecho, entre ellas, las siguientes: hecho, 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo antecedente de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra acción, entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo abstención de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse. En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014 Jurisprudencia Materias: Común AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento del promovente del delito en que pudieran incurrir a quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: En caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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