Martín Camacho Betancourt
Expediente 666/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Martín Camacho Betancourt
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de la causa penal 219-2014-II, que constituyen el tomo de prueba I devuélvanse a la referida autoridad, dado que resultan innecesarias su permanencia en este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 666/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el veintisiete del mismo mes por razón de turno a este Juzgado Octavo, Martín Camacho Betancourt, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2) Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 3) Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 4) Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 5) Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 6) Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 7) Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 8) Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 9) Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 10) Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: 11) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Primera Agencia Investigadora. (se declaró inexistente en auto de treinta de junio de dos mil dieciséis) 12) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Segunda Agencia Investigadora de Ciudad Renacimiento. 13) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Tercera Agencia Investigadora de Costa Azul. 14) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de Barrios Históricos. 15) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Garita. 16) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Zapata. 17) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Coloso. 18) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Colonia Jardín. 19) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba. Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión y su cumplimiento. SEGUNDO.- Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 666/2016 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto restrictivo de la libertad considerado de imposible reparación, atribuible a autoridades de naturaleza judicial residentes dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo todos de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye; sin que la parte quejosa aportara dentro del procedimiento prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En tal virtud, si el quejoso no demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de dichas autoridades. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba, ambos con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus informes justificados (fojas 33 y 59), así lo reconocieron expresamente; manifestación que basta para tener dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 219/2014-II, que acompañó a su informe justificado el juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado código. Determinación que se hace extensiva respecto al acto atribuido a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Segunda y Tercera Agencias Investigadoras de Ciudad Renacimiento y Costa Azul respectivamente, así como a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a las Agencias Investigadoras de Barrios Históricos, Garita, Zapata, Coloso y Colonia Jardín, todos con residencia en esta ciudad, pues si bien negaron la existencia del acto reclamado, dado el carácter de ejecutoras que les reviste y las consecuencias que trae aparejada la ejecución de la resolución reclamada, cuya certeza aceptó el juez responsable, es inconcuso que se encuentran en aptitud de darle cumplimiento, de ahí que deba tener por cierta la conducta que se les reprocha. CUARTO. Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En la tesis de jurisprudencia 17/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede decretar el sobreseimiento en el juicio si se reclamó una orden de aprehensión y, posteriormente aparece demostrado que se dictó auto de formal prisión, su texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." La tesis anterior se apoyó en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es correlativo con el artículo 61, fracción XVII antes transcrito, por lo tanto, se considera que sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal número 219/2014-II, y de acuerdo con las copias certificadas remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el once de febrero de dos mil dieciséis, por el delito de lesiones en riña en agravio de Lerdin de Jesús Ramos Radilla, José Lerdin Ramos Solís y Nancy Radilla López, y el doce de julio del presente año, se le decretó auto de formal prisión en su contra lo que define su situación jurídica como procesado; lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba así como a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Segunda y Tercera Agencias Investigadoras de Ciudad Renacimiento y Costa Azul respectivamente y Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a las Agencias Investigadoras de Barrios Históricos, Garita, Zapata, Coloso y Colonia Jardín, todos con residencia en esta ciudad, al no haberles sido reclamados por vicios propios. Sin que pase inadvertido que aún no se ha notificado el inicio del presente juicio a los terceros interesados, sin embargo, dado el sentido de la presente sentencia, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso insistir en dicho llamamiento. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE el juicio de amparo número 666/2016, promovido por Martín Camacho Betancourt, por las razones contenidas en el segundo y último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA IENTANCIA DEL RAMO PENAL... MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIAS CERTIFICADAS DEL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL DICTADO EL DOCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO... EN EL QUE SE DECRETO AUTO DE FORMAL PRISION EN CONTRA DE LA PARTE QUEJOSA, MISMAS QUE SERAN TOMNADAS EN CONSIDERACION AL MOMENTO DE RESOLVER EL PRESENTE JUICIO...
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la causa penal 219/2014-II, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.
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