Martín Benítez Díaz

Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
741/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Martín Benítez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe de manera electrónica la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 741/2022-VII, de la estadística este órgano jurisdiccional. El titular de este Juzgado queda enterado de lo anterior y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad para notificar al quejoso ********************, el proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, por las razones que se advierten, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por su propio derecho, contra actos del Fiscal Regional "D" Agencia del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos (U.E.I.R.V), de San Miguel de Allende, Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 741/2022-VII. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. En la especie, debe decirse que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente del amparo manifiesta que acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La orden de detención o privación del vehículo marca ********** con número de serie **************, con placas de circulación ************** del Estado de Morelos, el cual fue asegurado el seis de mayo de dos mil veintidós en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, por Agentes de Investigación Criminal U.E.I.R.V de aquella misma localidad. En ese contexto, se advierte que este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Es así, ya que el promovente del amparo refiere en su escrito de demanda, que la desposesión que reclama, se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, y se dio en los siguientes términos: (.) "2.- Es el hecho, que el día 06 de Mayo de 2022, al traer dicho vehículo de mi propiedad el ******************, marca ************ para el estado de Morelos, y siendo las 4 pm. Aproximadamente, al estar en Plaza Real del Conde en la ciudad de San Miguel de Allende, Gto., se acercaron unos elementos de la Agencia de Investigación Criminal U.E.I.R.V., de San Miguel de Allende, Gto., manifestándole uno de ellos que mi vehículo contaba con reporte de robo desde el 01 de Abril del 2019 en el Distrito Federal, radicado en la Carpeta de Investigación **************** de fecha 20 de Noviembre del 2019, el cual en el reporte de robo arroja el siguiente número ******************** mismo que esta incorrecto en la posición quinta ya que la letra correcta es J y tiene una U, por esta razón y ante la negativa de querer mostrarle una orden que fundara tal hecho, trato de oponerse, pero lo obligaron a entregarlo y se lo llevaron. 3.- Como resultado de este hecho, y que al presentarse estos elementos de la Policía de Investigación criminal en el Estado de Guanajuato, pusieron mi vehículo a disposición de la Fiscalía Regional "D" Agencia del Ministerio Público Investigador de la unidad especializada en robo de vehículos (U.E.I.R.V.) de San Miguel de Allende, Guanajuato., por lo que me dirigí a la misma con la finalidad de saber exactamente qué había pasado, sin que me quisieran atender, y no supe a lo que se referían, mencionándome que no me podían decir razón por la cual tengo temor de ser privado del vehículo de mi propiedad ****************, con placas de circulación ****************** para el estado de Morelos, el cual adquirí de buena fe tal y como lo acreditare en su momento procesal y para lo cual anexo todos los documentos originales del mismo que me fueron entregados al momento de la compra, y corroborados". (.) De lo anterior, se desprende que el acto reclamado tiene ejecución sobre el vehículo de motor antes descrito, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, esto es, en el lugar de residencia de las autoridades responsables, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este tribunal. Por tanto, toda vez que la ejecución del acto tildado de inconstitucional surte efectos fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que se ejecutó la desposesión que reclama el promovente del amparo, sobre bienes de su propiedad. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato, en turno, para lo que tenga a bien ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, téngasele otorgando el correo electrónico que refiere, para en caso de ser necesario entablar contacto inmediato en relación al presente asunto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas y no sea posible su realización en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.

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