Martin Barron Fonseca

Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1239/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Martin Barron Fonseca

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos copia del oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, a través del cual pretende rendir informe a la suspensión de plano y toda vez que según constancia secretarial el veintinueve de diciembre pasado se tuvo por informando al Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que en proveído de veintisiete de diciembre próximo anterior, aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por... y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio; en consecuencia, remítase el mismo a la autoridad competente a efecto de que provea lo que en derecho corresponde. Hecho lo anterior, devuélvase a su lugar de resguardo el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, la citada autoridad informa que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por... Luego, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente agréguense a los autos copia de los oficios de cuenta signados por las autoridades en cita, a través de los cuales rinden informe relativo a la suspensión de plano; en consecuencia, remítanse los mismos a la autoridad competente a efecto de que provea lo que en derecho corresponde. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Titular de la Coordinación General de Centros Federales de Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, consistentes en la omisión de proporcionarle atención médica, ya que desde su ingreso al Centro Federal No. 17 CPS, Michoacán, se le detectaron diversas enfermedades, como los son hepatitis "C", hipertensión, retención de líquidos, ácido úrico, mala circulación sanguínea, colitis y gastritis, atendiendo únicamente la hipertensión, pues refiere que el medicamento para le hepatitis "C", se lo retiraron porque era muy caro. De tal forma, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-1239/2021. Ahora bien, como del acto reclamado se desprende la omisión y/o negativa de proporcionar al quejoso tratamiento para sus enfermedades, como los son hepatitis "C", hipertensión, retención de líquidos, ácido úrico, mala circulación sanguínea, colitis y gastritis; y, toda vez que la salud es un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° Constitucional, que amerita trato prioritario por estar estrechamente vinculado con la vida y la dignidad, así como con la integridad física y mental; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, instrumenten lo necesario a fin de que le proporcionen al quejoso ********************, el medicamento que resulte necesario para continuar con el tratamiento de las enfermedades que padece, esto, a fin de salvaguardar su integridad física y preservar su vida; sin que se afecten derechos de terceros y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior, se determina de esa forma, dado que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho a la protección de la salud, consistente en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios, a fin de que todos los mexicanos, tengan acceso a los servicios de salud que comprenden, entre otros, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, obligación que recae en el Estado, respecto de todas las personas inscritas en un régimen de atención médica; por lo tanto, como lo refiere el quejoso, tiene derecho a recibir la protección a su salud que en su favor consagra el citado artículo de nuestra Constitución Federal, entendido como el objetivo de alcanzar el mayor estado de bienestar físico y mental. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen a este Órgano Jurisdiccional, sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido de que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las referidas autoridades responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que puede culminar con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con la fracción III del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. Superada la cuestión urgente, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas, o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la la omisión y/o negativa de proporcionar al quejoso ******************** tratamiento para sus enfermedades, como los son hepatitis "C", hipertensión, retención de líquidos, ácido úrico, mala circulación sanguínea, colitis y gastritis, quien se encuentra recluido en el Centro Federal Número 17 CPS, ubicado en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, por lo que las consecuencias jurídicas de los actos reclamados producen efectos positivos, lo que indubitablemente implica una ejecución material que se concreta en las acciones de incomunicarlo y extraditarlo, lo cual atento a lo manifestado en la demanda, se llevará a cabo en el citado Centro Federal, lugar en el que se encuentra recluido el quejoso, pues es ahí donde resiente la afectación material de los actos destacados, o sea, la ejecución de los mismos, en la acepción que debe atribuirse correctamente al artículo 37 de la Ley de Amparo, según se explicó anteriormente. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución de los actos reclamados, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, en turno por lo que se ordena remitir la presente demanda para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable que, para rendir su informe, deberá hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún en horas y días inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, fracciones I, VII y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, este auto se firma de manera electrónica, por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Por último, gírese atento oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, para la compensación correspondiente. Notifíquese.

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