Martín Barcenas Tapia

Expediente 442/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
442/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Martín Barcenas Tapia
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse decretado la suspensión de plano en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que aún no obra en autos la constancia de notificación al quejoso del proveído de veinte de julio de julio del año en curso, por el cual se le desecharon las pruebas de inspección judicial y pericial médica; por tanto, a fin de dar oportunidad a que el quejoso se imponga de dicha determinación para efecto de impugnarla en caso de inconformidad, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Sirve de apoyo por las razones que la integran la tesis VI.4o.(II Región) 1 K (10a.), adoptada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, consultable en la página 1289, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN ESTÁ TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DIFERIRLA OFICIOSAMENTE, DE LO CONTRARIO, SE VIOLAN LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiuno de junio del año en curso, se reservó acordar respecto a la objeción formulada por las autoridades responsables en relación a las pruebas periciales en dermatología y traumatología a cargo de la autoridad judicial y la prueba de inspección judicial a cargo del actuario adscrito a este juzgado, ofertadas por el quejoso, hasta que transcurriera el término señalado que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes estuvieran en aptitud de imponerse del informe justificado; por tanto, y en razón de que lo anterior ya aconteció, téngase por hecha la objeción de mérito, lo anterior para los efectos legales procedentes. Ahora bien, tomando en consideración que por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se reservó acordar en relación a las pruebas ofertadas por el quejoso consistentes en: Pericial en dermatología a cargo de la autoridad judicial. Pericial traumatología a cargo de la autoridad judicial. Prueba de inspección judicial a cargo del actuario adscrito a este juzgado. Hasta en tanto, obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, y toda vez que el mismo ya fue rendido, se procede acordar lo siguiente: Respecto a la prueba de inspección judicial a cargo del actuario adscrito a este juzgado, para que dé fe del problema de los genitales y las rodillas que presenta el quejoso, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha ya que de la probanza ofertada se advierte que la pretensión del quejoso es la de acreditar lo que él denomina como problema de los genitales y las rodillas; sin embargo este juzgado considera que la inspección ocular no es prueba idónea para acreditar los hechos controvertidos, esto es, porque el diagnóstico de las afectaciones que padece en dichas zonas del cuerpo pueden ser acreditadas a través de las pruebas documentales que fueron exhibidas por la autoridad responsable, consistentes en consultas médicas y diagnósticos practicados por médicos de la institución penitenciaria; asimismo, que el hecho de que dicha afectación derive de la falta de medicamentos no puede ser apreciado en una diligencia de naturaleza transitoria, pues requiere una observación permanente, de ahí que resulte procedente su desechamiento al no ser prueba idónea para dilucidar el aspecto controvertido. Por otro lado, respecto a las pruebas periciales en dermatología y traumatología a cargo de la autoridad judicial, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desechan dichas probanzas, en virtud de no reunió los requisitos que para su ofrecimiento que establece el citado numeral, puesto que el oferente de tal probanza no exhibió el original del cuestionario sobre los puntos que versaría la prueba que ofertó, lo que imposibilita al suscrito a analizar la idoneidad de la misma. En efecto, el artículo 119 de la Ley de Amparo, en su quinto párrafo que establece ".Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.", y si bien es cierto el citado numeral en su penúltimo párrafo establece que si no exhibe las copias de los puntos sobre los que deba versar, se requerirá al quejoso para que dentro del término de tres días las exhiba, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no ofrecida la prueba, también es cierto que el requerimiento únicamente es respecto a las copias del escrito de los puntos para correr traslado a las partes, no así al original, ya que este resulta ser indispensable para proveer sobre el ofrecimiento, preparación y desahogo de la probanza, por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba testimonial que ofertó. En efecto, si bien es cierto que el artículo 119 de la Ley de la Materia, no establece como consecuencia el desechamiento de la prueba pericial, en caso de que el oferente no exhiba el original del cuestionario para el perito, no menos lo es que el párrafo quinto del artículo 119 de la Ley de Amparo, si establece en forma literal que en el ofrecimiento de dicha prueba, se deberá exhibir "el original" y las copias para cada una de las partes del cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deberá versar, por la que la exhibición del original del cuestionario es un requisito necesario para que se tenga por bien ofrecida dicha prueba, y su contenido constituye la materia sobre la cual versará; por ende es el elemento medular de la prueba pericial sin el cual, si no se exhibe, no puede considerarse formulado el ofrecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J.41/2001, emitida por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Al respecto resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a XXXIII/2015 (10a), con el rubro y textos siguientes: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL. Conforme al precepto citado, la prueba pericial debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el original del cuestionario para los peritos y las copias para cada una de las partes, y en caso de que estas falten total o parcialmente, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y, de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecida. Ahora, cabe precisar que el cuestionario que deben responder los peritos y las copias para correr traslado a las demás partes, son requisitos necesarios para que se tenga por ofrecida la prueba; sin embargo, tienen funciones distintas, pues el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre el cual versará, por tanto, es el elemento medular de la prueba pericial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias solo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. En ese sentido, dada sus diversas finalidades y alcances se concluye que la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición- no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario se haría nugatorio el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues bastaría con que solo se anunciara la prueba pericial cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, para que con ello el juzgador tuviera que requerir su exhibición, concediendo otros 3 días más, con lo que evidentemente el ofrecimiento se perfeccionaría con posterioridad al plazo referido, en detrimento de los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes." Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Encargado de la Dirección Jurídica en suplencia del Director General y Titular del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, acordadas en auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se advierte que al quejoso Martín Bárcenas Tapia, el veintitrés de mayo del año en curso, le fueron ordenados mediante nota médica expedida por el medico penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, los medicamentos necesarios para aliviar sus padecimientos, entre ellos "Glucosamina con condritina caps. Una cada doce Hrs por 90 días en cuanto se surta", sin que a la fecha dichas autoridades hayan informado si la señora Margarita Tapia González, quien dijo tener el parentesco de tía del impetrante haya hecho llegar el medicamento a dicho Centro para suministrarlo al quejoso, por así haberlo solicitado el mismo. En consecuencia, toda vez que éste Juzgado de Distrito tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz para que dentro del improrrogable término de tres días, siguientes, al en que reciba la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si ya le fue suministrado al quejoso el medicamento consistente en "Glucosamina de condritina cap." debiendo remitir las constancias con las que acredite el informe que rinda, o bien informe el impedimento que tengan para hacerlo; apercibida que de no hacerlo en el tiempo y forma en que se indica, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación al diverso artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz, once de julio de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el tres de julio de dos mil dieciocho, en relación al otorgamiento del medicamento Glucosamina con condritina capsulas, que le fue prescrito al quejoso Martín Bárcenas Tapia, informa que no se le ha proporcionado, toda vez que fue voluntad del quejoso que el referido medicamento se lo proporcione su familia, por lo que el treinta de mayo del presente año, el área de Trabajo Social Familiar del referido centro de reclusión, entabló comunicación vía telefónica con la señora Margarita Tapia González, quien dijo tener el parentesco de tía del impetrante y al explicarle el motivo de la llamada expresó que haría llegar el medicamento a dicho Centro Federal por lo que está en espera de recepcionarlo para suministrarlo al quejoso, con lo anterior, dése vista al quejoso para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga. Por otra parte, visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual remite el diverso signado por el Encargado de la Dirección Jurídica en suplencia del Director General y Titular del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinden su informe de suspensión de plano respecto de los actos reclamados por el quejoso de referencia. Ahora bien no obstante que dicho informe ya fue recibido por auto de once de junio del año que cursa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de las autoridades de mérito, las documentales que anexan, y dese vista con ellas al aquí quejoso, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Elvia Patraca Benitez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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