Martín Ávila Ballardo
Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Ávila Ballardo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Martín Ávila Ballardo, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 759/2023. 2. Se desecha demanda. Vista la demanda, se advierte que carece de firma original. En ese tenor, es menester establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que ocasione una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Concatenado a ello, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por tanto, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo de cuenta se advierte que la misma es promovida por Martín Ávila Ballardo, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; sin embargo, se aprecia que la referida demanda no calza firma autógrafa del citado quejoso o promovente, lo que se puede corroborar de la anotación realizada en el preámbulo del escrito de demanda de amparo, asentada por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la que señala "obra firma al parecer en copia", en tanto, la oficial de partes de este juzgado asentó "no obra el escrito original de demanda". Conforme a ello se verifica que la demanda la firma estampada en la demanda es copia de su original, que no fue exhibida. En este orden de ideas, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito, el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho, es por ello que, ante la falta de firma original o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario del amparo, promover el juicio constitucional, lo que convierte a la promoción de que se trate en un documento privado de autenticidad, con lo que queda evidenciado que la carencia de firma autógrafa se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su ausencia de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, precisa destacar que en el presente caso, se reclama el auto de dos de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro del dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 381/2021, sobre estado de interdicción, promovido por María del Carmen García Avila, frente al aquí quejoso Martín Ávila Ballardo, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, por lo que no se justifica la ausencia de firma para dar trámite a la demanda de amparo en los términos que establece el artículo 109 de la Ley de Amparo. Aunado a que, para subsanar la omisión de falta de firma en el escrito de demanda, a través de la ratificación, el acto reclamado debe incidir en alguno de los previstos por artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; lo que no acontece en la especie. Además, no varíe el anterior criterio el hecho de que en la demanda se manifieste que el quejoso es una persona adulta mayor, para considerar que por ello no es necesaria la firma, pues ello no es una excepción a la regla prevista en los preceptos antes mencionados. Máxime, la omisión de la firma no es atribuible a la limitación de acceso a los medios para promover la demanda, como pudiera ser la distancia, extrema pobreza o segregación, privación de la libertad o cualquier obstáculo material para presentar la demanda debidamente firmada. Al respecto, se considera aplicable por analogía la jurisprudencia 2a. /J. 32/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 4, tomo 4, enero de 2012, página 3632, la cual establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Del criterio invocado, se desprende que los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a revisar, entre otros elementos, si las promociones fueron recibidas en original y con firma autógrafa, debiendo relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente; y, en caso de no hacer lo anterior, se presumirá que se exhibió en original y con la signatura referida. Sin embargo, como se vio, el técnico de enlace administrativo de la Oficina de Correspondencia Común y la oficial de partes de este juzgado asentaron razón de la ausencia de firma autógrafa. De ahí que, si la demanda que se provee carece de firma autógrafa de Martín Ávila Ballardo, no se aprecia la voluntad de éste de presentarla, por no contener su firma original y dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, pues no se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni una de las irregularidades a que se refiere el numeral 114 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 80, segunda parte, página 29, que establece: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata.". De ahí, la falta de firma de la demanda de amparo, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, se desecha de plano la demanda de amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que Alberto Rodríguez León y José Luis Ávila López, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, circunstancia que no sucede con Norma León Arreola, Mario Suárez Colín, Erika Alejandra Bedolla Maldonado y Osvaldo García Mondragón, por lo que estarán autorizados en términos estrictos de dicho numeral, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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