Martín Arzola Ortega
Expediente 191/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 50 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 13/02/2018
Partes del expediente
- Martín Arzola Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
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II De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese sin mayor proveído el escrito de cuenta, enviado a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por Oscar Fabián Pérez de Lara Rivera; toda vez, que el mismo no es parte en el juicio en que se actúa.
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II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega para los efectos legales procedentes la pieza postal devuelta que contienen el oficio 15971/2017, dirigido a la autoridad Comisionado Nacional de Seguridad. Ahora, no obsta el hecho de que haya devuelto dicho oficio, pues se advierte la leyenda "autoridad inexistente" pues la autoridad referida ha sido notificada en el domicilio al que fueron enviados, pues fue el señalado para oír y recibir notificaciones al rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por cuanto hace a la autoridad responsable referida anteriormente. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser la recepción de la determinación acordada en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal.
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II. La certificación de cuenta patentiza que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, no se inconformaron contra el auto de siete de abril de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
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II. La certificación de cuenta evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, en relación con la forma en que la autoridad responsable Director de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien a su vez actúa en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Martín Arzola Ortega, contra los actos, autoridades, y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional." 2. inconforme con la resolución de que se trató el Director de Amparos y Derechos Humanos de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; misma que por razón de turno le toco conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Martín Arzola Ortega, respecto de la reclamada orden de traslado en los términos y para el efecto precisado en la sentencia sujeta a revisión." 3. Acto seguido mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; así como al Director General y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca". 4. Ahora, la concesión de amparo fue para el efecto de que se realizara lo siguiente: ".el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, deje insubsistente la orden de traslado reclamada, únicamente por lo que hace al quejoso Martín Arzola Ortega; así como sus consecuencias, las cuales se traducen en regresar al quejoso al centro penitenciario en que se encontraba, lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad pueda gestionar en la vía que corresponda y ante la autoridad competente el traslado del quejoso. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución realizados por el Director y el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPSP OAXACA", toda vez que no fueron impugnados por vicios propios." 4. Mediante oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el tres y treinta de marzo del año en curso, el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA" y la Director de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien a su vez actúa en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, comunicaron el cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitieron como complemento copia certificada del acta administrativa 86/2017 y 54/2017. Ahora bien, de las citadas determinaciones, se desprende que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; así como al Director General y Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca" dejaron insubsistente la orden de traslado reclamada, únicamente por lo que hace al quejoso Martín Arzola Ortega; así como sus consecuencias, y regresaron al quejoso al centro penitenciario en que se encontraba. De lo anterior, se puede apreciar que las autoridades responsables cumplieron lo encomendado en sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente al quejoso en el centro de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
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