Martín Ariza Huerta

Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Martín Ariza Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Incidental

    lo procedente es reservar la referida audiencia incidental y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por lo que a fin de no incurrir en dilaciones procesales requiérase al Encargado del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación informe el tratamiento dado a [los] oficio[s] 19790, 19791, 19792, 19793, 19794 y 19795, dirigidos a dichas responsables el [los] cual[es] fue[ron] depositado[s] en la oficina a su cargo, como se desprende de la[s] copia[s] simple[s] de la[s] factura[s] que se anexa[n], o informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3 de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, en atención a su contenido, téngase a la parte quejosa realizando manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    lo procedente es reservar la referida audiencia incidental y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    rinde[n] su[s] informe[s] justificado por ampliación; Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se reservó de proveer lo conducente a las pruebas relacionadas con la inspección judicial y las de informe ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto se encontrara integrada la litis en el presente juicio de amparo; por lo que cumplida dicha condición se provee: Respecto a la prueba que ofrece la parte quejosa en su escrito de ampliación, consistente en la "documental vía informe" a cargo del Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, no ha lugar acordar de conformidad, dado que se traduce virtualmente en una confesión por posición, según se advierte en el escrito de ampliación ya que se formulan una serie de cuestionamientos a responder, de modo que no es dable su preparación ni desahogo al estar proscrita por la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de la diversa prueba consistente en la "documental vía informe" a cargo del Congreso del Estado, dígasele que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán en el juicio de amparo ni se tomarán en consideración, las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, tal como acontece en la especie del análisis meticuloso de las pruebas que se proveen. En otro orden de ideas, respecto de la prueba de inspección ofrecida por la parte quejosa en su escrito de ampliación, dígasele que se desecha dicho medio de convicción. Por lo que se considera que el medio de convicción propuesto (inspección judicial) no es pertinente ni idóneo para acreditarlo, en virtud de que, si bien es cierto, el sistema normativo que rige al juicio de amparo indirecto permite la acreditación de hechos relacionados con las pretensiones de las partes a través de cualquier medio probatorio, salvo que se contraríe la moral o el derecho, así como el de la confesión lograda a través de posiciones; sin embargo, también permite al juez rechazar aquellos medios probatorios que no guardan relación con los hechos que se pretende probar. Entonces, las tres únicas condicionantes que prevé la ley y a las que se sujeta la admisión de una prueba en el juicio de amparo indirecto, son: 1. Que no se trate de la prueba de posiciones, 2. Que sea pertinente e idónea y 3. Que no contraríe la moral o el derecho. Conviene precisar, respecto al inciso número dos, que el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. El segundo está regido, a su vez, por los principios de celeridad en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Por tanto, si lo que pretende demostrar la parte quejosa es la ilegalidad del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del procedimiento administrativo CC/08/2023, su notificación, la orden de visita de inspección 11/2023 dirigida al Coordinación de Comercio Informal y Mercados del Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, la diligencia de notificación de uno de marzo de dos mil veintitrés, de la orden de visita de inspección 11/2023 dirigida al Coordinación de Comercio Informal y Mercados del Ayuntamiento Constitucional de Orizaba, Veracruz, el acta de decomiso de mercancía de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del procedimiento administrativo CC/08/2023 y el acta de hechos complementaria de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del procedimiento administrativo CC/08/2023 [actos reclamados por los cuales amplio el quejoso su demanda], la prueba inspección que ofrece no es pertinente ni idónea para acreditarlo, pues con ellas solo se pretende evidenciar el lugar donde se encuentran las lanchas retiradas y el estado actual de ellas, no así la legalidad de las actuaciones referidas. En otra tesitura, de la certificación que antecede, así como del estado de autos, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que en líneas precedentes, se puso a vista de las partes el [los] informe[s] rendido[s], por lo que, no fue[ron] conocido[s] por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido de los mismos, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlos; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, agréguense a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3 de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta con número de control 16321 y 16320, dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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