Martín Antonio Ibarra Gómez

Expediente 980/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
980/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Martín Antonio Ibarra Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Amparo, se: RESUELVEPRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Martín Antonio Ibarra Gómez, contra la omisiones que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el tercer considerando, en términos de lo expuesto en los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena al secretario supervise la captura de la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular CAP/3/2020, determinó la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, data en la que dejaron de correr plazos y términos procesales en todos los expedientes tramitados en éstos; por lo que no fue factible continuar con la ejecución de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, conforme a los artículos 1, 2 fracciones I y II del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por su similar 25/2020, así como la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se advierte que, se determinó el levantamiento de la suspensión indicada en líneas precedentes y en consecuencia la reanudación de la tramitación de los asuntos que se llevan en éstos. En ese contexto, conforme a lo anterior, se decreta la reanudación del trámite del presente juicio de amparo en la etapa en la que se encontraba. Por tanto, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General, que es de la literalidad siguiente: "Artículo 21. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos y de sesión se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita." Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020 reformado por su similar 25/2020, así como la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito, que contenga expresamente lo ordenado en el presente acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de que de estimarse necesario por este Juzgado, se podrá ordenar la notificación en forma personal de la presente reanudación en aquellos asuntos que se estime así lo ameriten, ello siempre atendiendo al contenido y valoración de las actuaciones que integran el expediente en su totalidad. Desde luego, no escapa de la consideración del suscrito, que tratándose de una reanudación la misma tendría que llevarse a cabo de manera personal; sin embargo, se considera que dicha obligación operaría cuando la suspensión respectiva fuese por alguna causa específica y particular del propio expediente, y no cuando se hubiese determinado en conjunto con todos los procedimientos del órgano jurisdiccional de que se trate con motivo de una contingencia sanitaria como la acaecida, la que incluso, desembocó en la paralización casi total de las labores jurisdiccionales para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, se insiste, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, mediante el cual informa que el siete de enero del presente año, requirió a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Reynosa Tamaulipas, a fin de que devuelva el exhorto enviado para la reinstalación de la quejosa. En consecuencia, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso mediante el cual manifiesta desahogar el requerimiento efectuado por auto de veintitrés de noviembre del año en curso, y al efecto, solicita ampliar la demanda de amparo a fin de tener por señalada una nueva autoridad responsable y acto atribuido a la misma. Sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada la vista concedida en el auto de veintitrés de noviembre del presente año, pues se traduce en una ampliación de la demanda de amparo, toda vez que en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no puede ampliar la demanda, pues ello constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva el juicio, ya que la actuación del autorizado de la parte quejosa, depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previstos en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, de lo que se pone de relieve que la ampliación de la demanda de amparo debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado que influyan en la configuración de la litis constitucional, como el manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, la ampliación de demanda, o señalar que es su deseo señalar a una nueva autoridad responsable en el juicio de amparo y atribuirle un acto reclamado. Lo anterior, porque el autorizado de la parte quejosa en términos amplios, adquiere derechos y obligaciones procesales sólo a partir de que se le autoriza y no puede referirse hechos acontecidos con anterioridad, y si bien el artículo 12 de la Ley de Amparo, le autoriza para que pueda realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizado, esta atribución no llega al extremo de realizar actos que por su naturaleza sólo puede realizar en forma personal el promovente de amparo, como es el acto de ampliar la demanda, misma que debe colmar todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 108 de la ley de la materia.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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