Martín Aminadab Gamboa Del Castillo
Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martín Aminadab Gamboa Del Castillo
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintitrés .********************Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la última de las partes en ser notificada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria.********************Háganse las anotaciones correspondientes.********************Informe de cumplimiento. Visto el estado de los autos, se advierte que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se agregó un oficio y anexos registrados con folio ********************, presentados por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con los cuales se determinó proveer lo conducente una vez causara ejecutoria el presente juicio de derechos.********************Toda vez que ya se materializó dicha situación, se denota que dicha autoridad hizo del conocimiento de este Juzgado, el cumplimiento dado a la ejecutoria que se provee, por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 09/MARZO/2023, QUE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintitrés .********************Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la última de las partes en ser notificada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria.********************Háganse las anotaciones correspondientes.********************Informe de cumplimiento. Visto el estado de los autos, se advierte que el seis de marzo de dos mil veintitrés, se agregó un oficio y anexos registrados con folio ********************, presentados por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, con los cuales se determinó proveer lo conducente una vez causara ejecutoria el presente juicio de derechos.********************Toda vez que ya se materializó dicha situación, se denota que dicha autoridad hizo del conocimiento de este Juzgado, el cumplimiento dado a la ejecutoria que se provee, por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con catorce minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. Por otro lado, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable. A lo anterior el juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número ******************** L-III; y Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado, Martín Aminadab Gamboa del Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por auto de diecisiete de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del juicio del Servicio Civil ********************. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Tribunal responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con las diversas constancias relativas al juicio de Servicio Civil ******************** que el Tribunal responsable acompañó al rendir su informe con justificación, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Con base en lo anterior, debe tenerse por cierta la omisión aludida, pues la existencia o inexistencia de los actos reclamados debe analizarse a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que si al momento en que fue promovida, la autoridad responsable había omitido resolver la incidencia planteada, resulta evidente su certeza. IV. Consideraciones jurídicas Para atender con adecuada información el problema planteado, relativo a la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo, es pertinente destacar, que de las constancias aportadas por la autoridad responsable, así como de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, a título de antecedentes, se precisan los siguientes: La parte quejosa promovió demanda en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la reinstalación al trabajo y demás prestaciones de carácter legal, radicada ante la responsable bajo el juicio ********************; en la que resultó vencedor, según resolución firme dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno. Posteriormente, se abrió el incidente de liquidación; y, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia y se citó para oír resolución incidental; sin que a la fecha se haya dictado la interlocutoria correspondiente. En ese contexto, en la especie la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de resolver el incidente de liquidación de laudo en comento, respecto de la cual hace valer, esencialmente, el concepto de violación siguiente: La omisión reclamada transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, en relación con los de seguridad jurídica, legalidad, formalidades esenciales del procedimiento y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 1 y 17 constitucionales, en virtud de que la responsable ha retardado la resolución del incidente planteado, violentando las reglas que rigen al juicio del Servicio Civil ********************, al dejar de resolver de plano el incidente de liquidación en cuestión. Al respecto, resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la ley para la solución del incidente de liquidación. En efecto, el artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, por lo que hace a la tramitación y resolución del incidente de liquidación cabe precisar el contenido de los artículos 761, 762, 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora conforme a su numeral 10, de los cuales se desprende que excepcionalmente se tramitará incidente de liquidación, para cuantificar las prestaciones que no estén en cantidad líquida; y que cuando un incidente no tenga tramitación especial -como acontece en el caso- se resolverán de plano oyendo a las partes. Es decir, en términos generales, el dictado de las interlocutorias relativas a los incidentes de liquidación debe ser el mismo día que la celebración de la audiencia, toda vez que no contempla la figura jurídica de citación. Luego, el objeto de estudio de este fallo, se circunscribe al principio constitucional de impartición de justicia pronta, en virtud de la naturaleza del acto que se reclama en forma destacada, consistente en la omisión de emitir la interlocutoria en el juicio de origen, lo que se traduce en un retardo en la administración de justicia. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable transgrede la garantía constitucional desarrollada con antelación, pues desde la fecha en que se llevó a cabo la audiencia incidental, han transcurrido más de cuatro meses, sin que se advierta el dictado de la interlocutoria respectiva, plazo que de ninguna manera es justificable, máxime que la ley expresamente menciona que debe resolverse el día que tenga verificativo dicha audiencia. En ese tenor, se concluye que se vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, no se desconoce que el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, esa circunstancia no lo exime de la obligación que le impone la ley, en cuanto a los plazos fijados para el trámite de los asuntos. V. Decisión En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer respecto de la omisión de resolver el incidente de liquidación, se concede la protección constitucional solicitada, para efecto de que la autoridad responsable dicte interlocutoria relativa al incidente de liquidación planteado en el juicio de servicio civil ********************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto y la autoridad señalados en el punto III, por las razones referidas en el diverso punto V de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio, suscrito por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su informe; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Imposibilidad para crear versión digital. Debido a la voluminosidad de las constancias anexas, con fundamento en los artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano, para lo cual se ordena formar por separado el legajo de pruebas identificado como Tomo I. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
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