Martín Altamirano Cruz

Expediente 1070/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1070/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Martín Altamirano Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desecho la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos del artículo 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se exhorta al personal encargado del presente asunto a ser diligente en el desempeño de sus funciones a efecto de evitar el retraso en la tramitación de los expedientes de la estadística de este órgano de control constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de los Jueces Integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Distrito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1070/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en forma esencial a la autoridad responsable: - El acuerdo de diecisiete de septiembre de este año, dictado en la causa penal 5/2020, en el que fijaron las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de enjuiciamiento. Así las cosas, se estima que en el caso se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Así, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es obligatorio para la parte quejosa acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación. Medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En efecto, del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, que debe entenderse como un principio de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado, con la excepción en los casos de terceros extraños a juicio, o cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 465.- Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. De la localización de tal precepto en el Código Adjetivo Nacional Penal, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. Como se ve, el precepto normativo considera que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. De lo anterior se sigue que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial. De igual forma, el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, el auto de diecisiete de septiembre de este año, dictado en la causa penal 5/2020, en el que la autoridad judicial responsable fijó las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de enjuiciamiento, debe considerarse una determinación de mero trámite, pues únicamente señala la temporalidad para que sea desahogada una audiencia, sin que resuelva el fondo de la causa penal o ponga término al procedimiento respectivo, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso". Determinado lo anterior, cabe preguntarse si los gobernados previamente a la promoción del juicio de amparo en contra de este tipo de autos -de mero trámite- deben agotar el recurso de revocación. Al efecto es necesario establecer: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un principio, determinó que la expresión "de mero trámite" a que hace referencia el recurso de revocación corresponde a un enunciado jurídico con una indeterminación tal, que actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que el quejoso puede decidir entre interponer el medio ordinario de defensa que considere aplicable o acudir directamente al juicio de amparo. Pues, el artículo 465 del Código Adjetivo Nacional no es suficientemente claro y exige a los gobernados realizar una interpretación adicional, ya que el precepto jurídico no dota de un fundamento legal suficiente para determinar la procedencia del recurso de revocación, sino que exige a los gobernados interpretar lo qué debe entenderse por una resolución "de mero trámite". Sin embargo, esa condición de incertidumbre, que actualiza la excepción al principio de definitividad dejó de materializarse a partir la obligatoriedad del criterio emitido en la contradicción de tesis 153/2019, por la citada Primera Sala, que dio origen a la jurisprudencia 85/2019, visible en la página 283, libro 73, tomo I, de diciembre de dos mil diecinueve, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Cabe abundar que conforme a la doctrina emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, donde se ha establecido que la excepción al principio de definitividad que hace optativo el medio de impugnación ordinario, deja de actualizarse cuando el propio Máximo Tribunal precisa jurisprudencialmente que un recurso ordinario es procedente. Al efecto, se cita la jurisprudencia 86/2018, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 971, libro 58, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: Por tanto, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que el recurso de revocación sí procede contra autos de mero trámite como el aquí recurrido; debe considerarse que a partir de la obligatoriedad de la jurisprudencia antes detallada, deja de actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, pues el objetivo de la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo antes referida, es permitir que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance para combatir el acto que estima violatorio de su esfera de derechos, lo que encuentra a su alcance en la referida ejecutoria; de ahí, que no exista duda respecto a la procedencia del aludido medio de impugnación contra el auto que aquí combate -que como se dijo- es de mero trámite. En estas condiciones, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Martín Altamirano Cruz, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia en cita y no operar la excepción al principio de definitividad, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para oir y recibir notificaciones a Jaqueline Janet Porra Núñez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, respecto del correo electrónico y número telefónico que pone a disposición, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota de éstos para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley de transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE ocho de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de los Jueces Integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Distrito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca. Regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1070/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en forma esencial a la autoridad responsable: - El acuerdo de diecisiete de septiembre de este año, dictado en la causa penal 5/2020, en el que fijaron las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de enjuiciamiento. Así las cosas, se estima que en el caso se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Así, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es obligatorio para la parte quejosa acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación. Medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En efecto, del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, que debe entenderse como un principio de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado, con la excepción en los casos de terceros extraños a juicio, o cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 465.- Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. De la localización de tal precepto en el Código Adjetivo Nacional Penal, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. Como se ve, el precepto normativo considera que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. De lo anterior se sigue que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial. De igual forma, el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, el auto de diecisiete de septiembre de este año, dictado en la causa penal 5/2020, en el que la autoridad judicial responsable fijó las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de enjuiciamiento, debe considerarse una determinación de mero trámite, pues únicamente señala la temporalidad para que sea desahogada una audiencia, sin que resuelva el fondo de la causa penal o ponga término al procedimiento respectivo, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso". Determinado lo anterior, cabe preguntarse si los gobernados previamente a la promoción del juicio de amparo en contra de este tipo de autos -de mero trámite- deben agotar el recurso de revocación. Al efecto es necesario establecer: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un principio, determinó que la expresión "de mero trámite" a que hace referencia el recurso de revocación corresponde a un enunciado jurídico con una indeterminación tal, que actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que el quejoso puede decidir entre interponer el medio ordinario de defensa que considere aplicable o acudir directamente al juicio de amparo. Pues, el artículo 465 del Código Adjetivo Nacional no es suficientemente claro y exige a los gobernados realizar una interpretación adicional, ya que el precepto jurídico no dota de un fundamento legal suficiente para determinar la procedencia del recurso de revocación, sino que exige a los gobernados interpretar lo qué debe entenderse por una resolución "de mero trámite". Sin embargo, esa condición de incertidumbre, que actualiza la excepción al principio de definitividad dejó de materializarse a partir la obligatoriedad del criterio emitido en la contradicción de tesis 153/2019, por la citada Primera Sala, que dio origen a la jurisprudencia 85/2019, visible en la página 283, libro 73, tomo I, de diciembre de dos mil diecinueve, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Cabe abundar que conforme a la doctrina emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, donde se ha establecido que la excepción al principio de definitividad que hace optativo el medio de impugnación ordinario, deja de actualizarse cuando el propio Máximo Tribunal precisa jurisprudencialmente que un recurso ordinario es procedente. Al efecto, se cita la jurisprudencia 86/2018, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 971, libro 58, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: Por tanto, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que el recurso de revocación sí procede contra autos de mero trámite como el aquí recurrido; debe considerarse que a partir de la obligatoriedad de la jurisprudencia antes detallada, deja de actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, pues el objetivo de la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo antes referida, es permitir que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance para combatir el acto que estima violatorio de su esfera de derechos, lo que encuentra a su alcance en la referida ejecutoria; de ahí, que no exista duda respecto a la procedencia del aludido medio de impugnación contra el auto que aquí combate -que como se dijo- es de mero trámite. En estas condiciones, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Martín Altamirano Cruz, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia en cita y no operar la excepción al principio de definitividad, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para oir y recibir notificaciones a Jaqueline Janet Porra Núñez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, respecto del correo electrónico y número telefónico que pone a disposición, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota de éstos para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley de transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano