Martin Alonso Rodríguez Arreola

Expediente 3070/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3070/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Martin Alonso Rodríguez Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.

  2. Principal

    Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la Ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "a) Realice las gestiones necesarias para que de inmediato, se le realice al aquí quejoso, el pago de la cantidad de $4'309,142.90 (cuatro millones trescientos nueve mil ciento cuarenta y dos pesos con noventa centavos moneda nacional), con motivo de la prestación denominada haber de retiro." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en el inciso precedente. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha se encuentra debidamente integrado el presente expediente; por tanto, previo cuadernillo que al efecto se forme con las constancias necesarias, como esta ordenado en autos, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, el original del presente juicio de amparo, así como el escrito de agravios formulados por los apoderados del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara Jalisco, por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el catorce de agosto de dos mil dieciocho, para la substanciación de éste. Formándose en consecuencia el cuaderno de antecedentes respectivo a fin de practicar las actuaciones subsecuentes, a partir de la presente actuación, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el presente expediente, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión.

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