Martín Alfonso May Santos
Expediente 94/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Martín Alfonso May Santos
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintisiete de marzo de la anualidad que transcurre, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticinco de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, para que el peticionario de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el nueve de marzo de dos mil quince, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de diez de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de nueve de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días otorgado al quejoso por auto de diecinueve de febrero de dos mil quince (fojas 13 a 15), para que diera cumplimiento a la prevención inserta en el mismo, transcurrió del dos al seis de marzo del año en curso, sin que diera cumplimiento; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y se tienen únicamente como actos reclamados los siguientes: La orden de cambio de adscripción contenida en el oficio número PGJE/DP/1192/2015, de once de febrero de dos mil quince, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, la notificación de doce de febrero siguiente y la ejecución de dicha orden. El artículo 113 de la Ley de Amparo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto se considera que en atención a las autoridades responsables en este juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Conforme a dichos preceptos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley diversos procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Luego, es preciso destacar que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las que se enuncian a continuación: 1. Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 2. Secretario privado del Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo. A quienes les reclama la orden de cambio de adscripción contenida en el oficio número PGJE/DP/1192/2015, de once de febrero de dos mil quince, signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, así como la notificación de doce de febrero siguiente y la ejecución de dicha orden. Ahora, es menester señalar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y en vigor a partir del día siguiente, establece que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán: a) ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones; o, b) ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Ello sin la posibilidad de ser reincorporados en el servicio, incluso cuando un órgano jurisdiccional resuelva que la destitución, cese o baja fue injustificada, pues en ese caso sólo dará motivo a la indemnización por parte del Estado. Al respecto, al aquí quejoso se le notificó la orden de cambio de adscripción de la Agencia del Ministerio Público de Pucté, Quintana Roo, donde se desempeña como Secretario, a la diversa Agencia ubicada en la ciudad de Cozumel, por lo que resulta necesario precisar si está sujeto al régimen de excepción de derechos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. De la jurisprudencia citada se advierte que los trabajadores administrativos de las instituciones policiales no están sujetos al régimen de excepción de derechos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, cuando no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, quienes mantendrán una relación de naturaleza laboral. En ese tenor, el régimen de excepción de derechos referidos, en lo que interesa, se actualiza respecto de miembros que formen parte de instituciones policiales, que realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, y que estén sujetos al sistema de carrera policial. Por tanto, se desprende que el régimen de excepción, además de su aplicación a los servidores públicos expresamente señalados [Agentes del Ministerio Público y Peritos], se aplicará al que: a) Sea miembro de una institución policial. b) Realice funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública; y, c) Estén sujetos al sistema de carrera policial. Todos estos elementos deben de reunirse para que la aplicación del régimen de excepción de derechos sea legalmente aplicable, pues de no darse uno, se debe entender que la relación del servidor público con el Estado es de naturaleza laboral, y que en ese caso no aplicará lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. Ahora, en relación a los miembros de instituciones policiales, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada en párrafos precedentes, la Segunda Sala del Máximo Tribunal Judicial del país puntualizó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública define a las instituciones policiales como los cuerpos de seguridad, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos, así como a todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal que realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción. En relación con el tema, importa tener en cuenta que el artículo 5°, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que se entiende, entre otras, por institución de seguridad pública a las Procuradurías de Justicia locales. De lo que se tiene que el hoy quejoso sí es miembro de una institución policial, ya que tiene el cargo de Secretario del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual se trata de una dependencia de Seguridad Pública, conforme al artículo y fracción antes transcritos. Sin embargo, en relación a si su función como Secretario del Ministerio Público es administrativa o si son propias de una actividad de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, se debe tener en cuenta lo que estatuye el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese tenor, debe decirse que el hoy quejoso en su carácter de Secretario del Ministerio Público, no realiza actividades de investigación, prevención o reacción citadas en dicho artículo, sino únicamente la de dar fe de las actuaciones del Agente del Ministerio Público, acorde a lo dispuesto en los artículos 497 y 523 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo. Además, el cargo que desempeña como Secretario del Ministerio Público no está sujeto al régimen de carrera policial, toda vez que el artículo 85 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que dicha carrera comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, de lo que se desprende que está confeccionado para los servidores públicos que tienen el carácter de policías, que no corresponden o coinciden con el cargo de Secretario del Ministerio Público. De lo expuesto, se desprende que el hoy quejoso sí es miembro de una institución policial, pues pertenece a la Procuraduría del Estado; empero, no realiza funciones de investigación, prevención y reacción, ni está sujeto al régimen de carrera policial. Aunado a que no tiene ninguna de las calidades expresamente señaladas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional [Agente del Ministerio Público o Perito]. Pues bien, en el caso concreto, como ya se dijo, el quejoso reclama a las autoridades responsables la orden de cambio de adscripción de la Agencia del Ministerio Público de Pucté, en la que actualmente labora como Secretario de Ministerio Público, ordenada por su superior jerárquico Procurador General de Justicia del Estado, así como la notificación y ejecución de dicha orden, es decir, que entre ellos existe una relación de trabajo, ubicada en el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales. En esa virtud, las señaladas como responsables no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo, toda vez que si bien se les atribuye un acto positivo contra el aquí quejoso, éste resulta de particular a particular, derivado de una relación jurídica de coordinación entre las partes, en la que el Procurador General de Justicia del Estado actúa sin la investidura propia de una autoridad. De esta manera, es indudable que en caso se actualiza la causales de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Martín Alfonso May Santos.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintitrés de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo, se previene a Martín Alfonso May Santos, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste: *Cuál o cuáles son los actos de los que se duele, esto es, si reclama: 1.- La orden de cambio de adscripción contenida en el oficio que enuncia en su escrito, la notificación de doce de febrero y la ejecución de dicha orden o, 2.- La omisión de contesta la petición contenida en el escrito de doce de febrero de dos mil quince, dirigida al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo o, en su caso, si señala los dos. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo que se le previene, sólo se tendrán como actos reclamados la orden de cambio de adscripción, la notificación y la ejecución de dicha orden.
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