Martín Alfonso Ibarra Vargas

Expediente 525/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
525/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Martín Alfonso Ibarra Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de octubre de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, deja de tener vigencia la medida suspensional que en forma definitiva se otorgó a la parte quejosa, por lo que se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Acuérdese lo relativo al destino de los cuadernos respectivos en el incidente de suspensión relativo al presente asunto. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables y con el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto del año que transcurre, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación de dicho auto, para que se manifestara respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como responsable director general de Desarrollo Agrícola, Distrito de Riego Presa Abelardo L. Rodríguez, misma que fue notificada el veintisiete del mismo mes y año, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. A lo anterior el juez acuerda: en virtud de que la parte quejosa nada manifestó en relación a la vista mencionada, por tanto, se declara inexistente la autoridad aludida y se ordena suspender toda comunicación con ésta Además, del estado procesal de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; sin embargo, atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, se da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa, así como la presuncional e instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 525/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno a este juzgado de Distrito, Martín Alfonso Ibarra Vargas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. El doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos de reclamo emanan de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La orden de desposesión o lanzamiento del inmueble que refiere el quejoso es poseedor, y su ejecución; La falta de emplazamiento al juicio de origen de donde emana la orden de desposesión o lanzamiento; y, La orden de retiro, o en su caso negar, el agua de riego por parte de las autoridades adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados: N° Autoridad 1 Juez Primera de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 2 Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 3 Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 4 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 5 Juez de lo Familiar con Competencia Especializada en Hermosillo, Sonora. 6 Actuario adscrito al Juzgado de lo Familiar con Competencia Especializada en Hermosillo, Sonora. 7 Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 8 Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil en Hermosillo, Sonora. 9 Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 10 Jueza Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 11 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 12 Actuarios adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 13 Actuario y coordinador general de la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. 14 Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, Sonora. 15 Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 16 Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 17 Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 28, en Hermosillo, Sonora. 18 Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora. 20 Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. 21 Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora. Ahora bien, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. No pasan inadvertidas las documentales exhibidas por la parte quejosa, pero éstas únicamente demuestran -de forma indiciaria- que detenta los inmuebles ubicados en el Ejido Villa de Seris, de este municipio; y no la existencia de alguno de los actos señalados en el apartado III. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se cita por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1ª./J.3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Por otra parte, si bien la autoridad responsable actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar en Hermosillo, Sonora, fue omisa en rendir informe justificado; sin embargo, no es el caso considerar presuntivamente ciertos los actos que se le reclamó consistentes en la ejecución de una orden de desposesión o lanzamiento librada contra el quejoso, y la falta de emplazamiento al juicio de origen, porque las autoridades responsables ordenadoras negaron dichos actos; por ende, a la ejecutora no se le puede atribuir el cumplimiento de una orden o diligencia de tal naturaleza, que no existe. Se invoca como apoyo el siguiente criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTORIDADES EJECUTORAS, INEXISTENCIA DE SUS ACTOS. Los actos que atribuye el quejoso a la autoridad ejecutora, no pueden tenerse por ciertos, a pesar de que ésta no haya rendido informe previo, si la autoridad ordenadora niega los actos que se le atribuyen, al informar sobre su intervención." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Alfonso Ibarra Vargas, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Notifíquese Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Prevención de inexistencia. Del estado actual de los autos se advierte que la autoridad que la parte quejosa denominó director General de Desarrollo Agrícola, Distrito de Riego Presa Abelardo L. Rodríguez, no existe; por así haberlo manifestado diversas autoridades responsables al rendir informe justificado, en consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por inexistente tal autoridad y se suspenderá toda comunicación con ella. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Celc.

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