Martín Alejandro Verde Rincón

Expediente 39/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Martín Alejandro Verde Rincón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En atención a su contenido, acúsese al tribunal de alzada recibo de su oficio al cual anexó testimonio de la resolución dictada al substanciar el recurso de queja interpuesto y copia certificada del juicio en que se actúa, para los efectos administrativos correspondientes. Notifíquese. As

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Jefa del Departamento de Subdirección del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y en atención a su contenido se acuerda: Como lo solicita la potestad de mérito, mediante oficio que al efecto se gire, remítase a la dirección que señala en su oficio de cuenta, copia de la sentencia y del auto que la declara ejecutoriada dictados en el presente juicio de amparo; así como también, a las restantes autoridades responsables, para los efectos legales conducentes, toda vez que a la fecha no ha sido posible realizar dicha notificación. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Asimismo, que en el incidente de suspensión derivado de éste último, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 182, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo, por lo 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. ??????????????? Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario

  4. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 39/2020, promovido por Martin Alejandro Verde Rincón, contra actos de la Titular del Órgano Interno de Control, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, la Secretaría hace constar que obran agregados a los autos: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancias de emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, tercero interesado y de la autoridad responsable. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las documentales que allegaron como soporte a los mismos. Enseguida, la Jueza acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, y el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por las potestades responsables la Titular del Órgano Interno de Control, el Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Substanciación "D" del Órgano Interno de Control y la Jefa del Departamento de Substanciación y Recursos del Órgano Interno de Control todos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, sede en Tuxtla Gutiérrez, como complemento a su informe justificado, así como las presentadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. La Jueza acuerda: En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, dicha prueba se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en cuenta, para su valoración en el momento de dictar la resolución correspondiente; y con lo anterior se concluye esta etapa procesal. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, teniendo por precluido tal derecho. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, la Jueza acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. 183/2020 183/2020 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 39/2020.39/2020 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Martín Alejandro Verde Rincón, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Prevención y competencia. Por auto de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se formó expediente de amparo 1764/2019, se previno la demanda de que se trata y en diverso auto de catorce de enero de dos mil veinte, declinó la competencia. TERCERO. Desechamiento y admisión. En proveído de veintidós de enero de dos mil veinte, se formó expediente de amparo 39/2020, se previno la demanda y en auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, se glosó en autos el escrito con el que la parte quejosa Martín Alejandro Verde Rincón, interpuso recurso de revisión, contra el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte; asimismo, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se incorporó el oficio del Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el que comunica que dicho tribunal declaró infundada la queja hecha valer por el impetrante de mérito. QUINTO. Suspensión de labores y reanudación del procedimiento. Con motivo de la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación en virtud de la contingencia sanitaria derivada del fenómeno de salud pública del virus SARS-CoV2, se suspendió el trámite del presente sumario. Luego, mediante proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento en atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021; en consecuencia, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente se celebró acorde al acta que antecede. SEXTO. Nuevo titular. En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las parte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de esta anualidad, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en substitución del Juez Iván Millan Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: La resolución de fecha 30 (treinta) de noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), derivado del procedimiento administrativo número FGE/OIC/089/2019, instaurado en contra del hoy quejoso MARTÍN ALEJANDRO VERDE RINCÓN, en donde la autoridad mencionada en su carácter de titular del órgano interno de control de la fiscalía general del estado resolvió el que el hoy peticionario de garantías era administrativamente responsable de diversas conductas laborales señaladas como infracciones en la ley de responsabilidad administrativas para el estado de Chiapas, sancionadas en términos de los artículos 75, frac. III, RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 76 FRACC. I, II, III, del ordenamiento legal antes invocado y impuso al hoy peticionario de garantías la sanción consistente en LA DESTITUCIÓN DEL EMPLEO CARGO O COMISIÓN. Y evidentemente su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por su parte las autoridades responsables Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Substanciación "D" y Jefa del Departamento de Substanciación y Recursos, ambas del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, todas con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al rendir sus respectivos informes justificados, fueron omisas en manifestar si era cierto o no el acto reclamado, pero en los mismos, manifestaron que con fecha treinta de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en el expediente de presunta responsabilidad administrativa número FGE/OIC/089/2019, para lo cual remitieron copia certificada de dicha resolución; por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las que se advierte que las referidas autoridad fueron quienes emitieron y ejecutaron respectivamente, los actos que aquí se reclaman. Por otra parte, la Jefa del Departamento de Investigación del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se limitó en manifestar que no se encuentra facultada para emitir una resolución toda vez que su función dentro del procedimiento administrativo es ser parte del mismo, empero, al haberse tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora, se desvirtúa su negativa, en virtud de que fue señalada como autoridad ejecutora en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, es menester analizar primeramente las causales de improcedencia, ya sea que las partes las invoquen o sean apreciadas de oficio por el juzgador, en virtud de que son de orden público, y por tanto de estudio preferente, tal y como determina el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. En ese contexto, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En efecto, los artículos 210 y 212, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, el primero establece que los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas Administrativas No Graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por la Secretaría o los Órganos Internos de Control, podrán interponer el recurso de revocación, cuyo efecto es suspender la ejecución de la resolución recurrida. En ese orden, se trae a contexto el contenido de los artículos 210 y 212, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, los cuales disponen: Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas Administrativas No Graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por la Secretaría o los Órganos Internos de Control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante el Tribunal, vía Juicio Contencioso Administrativo. Artículo 212. La interposición del recurso de revocación, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que se otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para combatir la determinación que reclama de la autoridad que señala como responsable, el cual es el recurso de revocación. En ese sentido, no debe perderse de vista que en el caso concreto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de: "La resolución de fecha 30 (treinta) de noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), derivado del procedimiento administrativo número FGE/OIC/089/2019, instaurado en contra del hoy quejoso MARTÍN ALEJANDRO VERDE RINCÓN, en donde la autoridad mencionada en su carácter de titular del órgano interno de control de la fiscalía general del estado resolvió el que el hoy peticionario de garantías era administrativamente responsable de diversas conductas laborales señaladas como infracciones en la ley de responsabilidad administrativas para el estado de Chiapas, sancionadas en términos de los artículos 75, frac. III, RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 76 FRACC. I, II, III, del ordenamiento legal antes invocado y impuso al hoy peticionario de garantías la sanción consistente en LA DESTITUCIÓN DEL EMPLEO CARGO O COMISIÓN. Y evidentemente su ejecución." Bajo esas circunstancias, se estima que dicho acto es de imposible reparación, toda vez que de conformidad con la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparables son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. En atención a lo anterior, cabe concluir que el acto autoritario impugnado para poder ser considerado de imposible reparación, atendiendo a los criterios definidos al respecto por el Tribunal Pleno, per se y por las consecuencias que produce, con independencia de las violaciones que le impute el gobernado, debe afectar sus derechos sustantivos. En esa medida, debe decirse que resulta claro que el acto aludido y sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del promovente, previstos en la Constitución Federal, pues se le impuso una sanción consistente en destitución del empleo, cargo o comisión. Bajo esas circunstancias, es incuestionable que en términos de los artículos 210 y 212, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, la parte quejosa estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de revocación de mérito, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que la resolución de dicho recurso puede tener por efecto suspender la resolución impugnada. Cabe mencionar que en el caso, no se actualizan las excepciones al principio de definitividad a las que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un tercero extraño al procedimiento o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o que el acto reclamado sea privativo de la libertad personal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, visible en la página cuatrocientos uno, que dice: RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común. Igualmente, la diversa tesis I.3o.C.44 K, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece a foja mil doscientos setenta y dos, del Tomo XVI, agosto de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto establece: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por el quejoso. Finalmente, es menester precisar que las jurisprudencias y tesis citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías 800/2015, promovido por Martín Alejandro Verde Rincón, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista a la quejosa y al agente del Ministerio de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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