Martin Alejandro Medina Miquirray
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martin Alejandro Medina Miquirray
- Eliseo Quintero Quiroz
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO SE ORDENA ARCHIVAR EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO
- Principal
EN HERMOSILLO, SONORA, A LAS NUEVE HORAS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA SUSCRITA LICENCIADA ESTHER ALICIA PERALTA MORALES, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, HAGO CONSTAR, QUE EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 100/2018, SE NOTIFICA POR LISTA PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA: JORGE ALBERTO SUAREZ CAMACHO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO DEFENSOR DE ELISEO QUINTERO QUIROZ, JORGE ARMANDO PARRA QUIROZ, MARTIN ALEJANDRO MEDINA MIQUIRRAY, GERARDO QUINTERO QUIROZ, CECILIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, VIVIANO ANTONIO GORTARI ORTIZ Y JULIO CESAR CELAYA CAÑEZ, EL AUTO DE MISMA FECHA (24-ENERO-2018), DICTADO POR ESTE JUZGADO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO QUE A LA LETRA DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida Eliseo Quintero Quiroz, Jorge Armando Parra Quiroz, Martin Alejandro Medina Miquirray, Gerardo Quintero Quiroz, Cecilio López Hernández, Viviano Antonio Gortari Ortiz y Julio César Celaya Cañez, por conducto de su defensor particular Jorge Alberto Suárez Camacho, contra actos del Encargado de la Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio, condicionando tal situación a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, sino que, se trata de un acto de naturaleza intraprocesal -sin afectación directa e inmediata-, respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente. De ahí que el amparo indirecto sólo proceda contra actos de imposible reparación, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora bien, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por nuestra Carta Magna o en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que sólo inciden en cuestiones de carácter procesal. Se afirma lo anterior, toda vez que lo reclamado no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, pues se trata de cuestiones procesales, que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. Sobre el particular, son de invocarse las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Expuesto lo anterior, en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se señaló fecha para la audiencia intermedia dentro del proceso penal 289/2017, y como consecuencia, su celebración y el dictado del auto de apertura a juicio oral. Actos que no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena, sino que simplemente son actuaciones del procedimiento derivado del juicio relativo a las pruebas y acontecimientos que acaecerán en la audiencia intermedia; por tanto, se puede afirmar que el acuerdo reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, lo que, sin duda, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Al respecto, por las razones que la contienen, cabe citar la tesis XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Ahora bien, conforme el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el precepto 347 del mismo código. Por tanto, el auto dictado en el proceso penal acusatorio en el que se señala fecha para la celebración de la audiencia intermedia no es un acto de imposible reparación, toda vez que el hecho de que los imputados -quejosos- hayan sido citados para la audiencia respectiva no afecta derechos sustantivos ni es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por otra parte, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 341 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 341. Citación a la audiencia El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento." "Artículo 344. Desarrollo de la audiencia Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código. [.]" De dichos preceptos se desprende que una vez señalada la fecha para a la celebración de la audiencia intermedia, la cual no deberá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales, y que previo a la celebración de ésta, a petición de la defensa podrá diferirse una vez expuestas las razones de su solicitud. Asimismo, que al desarrollarse la audiencia intermedia el Ministerio Público expondrá su acusación, seguido de la exposición de la víctima u ofendidos y el acusado por sí o por conducto de su defensor, podrán presentar las incidencias que consideren relevante de exhibir y, a continuación, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme lo dispuesto en dicho código procesal. Así, contrariamente a lo aducido por los quejosos, no pueden considerarse coartados los derechos de adecuada defensa, libertad y debido proceso, en primer término, porque la defensa puede solicitar el diferimiento de la audiencia en cuestión para los fines que estime convenientes, posteriormente, de celebrarse la audiencia intermedia, no puede decirse que se afectan derechos sustantivos, pues en dicha audiencia puede exponer los motivos y defensas que estime acertados, aunado a que puede proveer las excepciones que procedan conforme al citado código adjetivo. De ahí que dichos actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable al no producir afectación material a derechos sustantivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino como una violación de carácter adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que se presenta dentro de éste como parte de la prosecución del trámite que prevé la ley; además que tales actos pueden quedar subsanados con posterioridad si la sentencia que llegue a dictarse en el expediente natural es favorable a sus intereses, y en caso de que sea adversa, podrá plantear, en su oportunidad, tal cuestión como agravio en la vía que corresponda; de ahí que se actualice la causa de improcedencia de referencia. Por lo tanto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Finalmente, debe decirse que no pasa inadvertido para este juzgador, lo que refieren los quejosos en su demanda, esto es, que la celebración de dicha audiencia culminará invariablemente con la apertura a juicio oral, denegándoles el derecho de utilizar los mecanismos de terminación anticipada, ya que dicha cuestión es meramente procesal, pues como ya se expuso la procedencia del juicio constitucional está condicionada a la afectación real y directa de derechos sustantivos y no de carácter adjetivos, ya que, se insiste, la sola apertura de la etapa, no prejuzga sobre la culpabilidad o no de los imputados; situación que se dilucidará en la sentencia que se llegue a dictar en la causa penal de origen. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. 3. Domicilio. Téngase a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de cuenta. 4. Autorizado. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las apersonas que refieren en su escrito. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Digitalización de expediente. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal , se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma, Antonio Mora Díez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado, Luis Felipe Escalante Pasos, con quien actúa y da fe. Doy fe. NOTIFICACION: EN ESTA MISMA FECHA SIENDO LAS QUINCE HORAS, SE TUVO POR HECHA LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: JORGE ALBERTO SUAREZ CAMACHO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO DEFENSOR DE ELISEO QUINTERO QUIROZ, JORGE ARMANDO PARRA QUIROZ, MARTIN ALEJANDRO MEDINA MIQUIRRAY, GERARDO QUINTERO QUIROZ, CECILIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, VIVIANO ANTONIO GORTARI ORTIZ Y JULIO CESAR CELAYA CAÑEZ, POR LISTA.
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