Martín Alejandro García Espinoza y Otros.
Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Martín Alejandro García Espinoza y Otros.
- Comisionado de Prevención y Readaptación Social. (denominación de la señalada como Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ciudad de México, 21/07/2022) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 858/2022 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual remite los autos originales de este juicio de amparo, al haber quedado firme la determinación en la que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución en la que se desechó la demanda de amparo. 2. Acuse de recibo y cuaderno de antecedentes. Sin que haya lugar a acusar recibo, por así solicitarlo la autoridad oficiante. Por otra parte, glósese a este juicio de amparo únicamente las actuaciones y constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes a partir de la interposición del recurso de revisión. En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta este auto, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes dentro de los treinta días siguientes, con la remisión del acta de baja documental correspondiente. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que no ejerciera tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Toda vez que en diverso acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es DEPURABLE; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente, en tanto que una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 7. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Hágase del conocimiento de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este expediente, que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 858/2022 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal acusa recibo. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se remitieron para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la determinación en la que se desechó la demanda de amparo. Además, informa que dicho tribunal radicó el medio de impugnación con el amparo en revisión 275/2022, y lo desechó. Asimismo, indica que una vez que quede firme la determinación de veintitrés de septiembre de este año, remitirá a este órgano jurisdiccional el expediente original 858/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 858/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que los quejosos 1) Pedro González Barragán y 2) Juan Antonio Castillo Treviño quedaron notificados de la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, así como del acuerdo de veintinueve de agosto de este año, en el que interpusieron el recurso de revisión contra la determinación de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. 3. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas; asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este expediente a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 858/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 1. Diligencias. Agréguense las diligencias de notificación de trece de agosto de esta anualidad, practicadas a los quejosos René Gómez Márquez, Eder Jesús González López, Juan Antonio Castillo Treviño y Germán Iván Rivera Aguilar, mediante las cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de uno de agosto del año en curso. Por tanto, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las diligencias de notificación practicadas a la parte quejosa, se les tiene reclamando a las autoridades responsables, a) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y b) del director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, los actos reclamados siguientes: QUEJOSO ACTO RECLAMADO Martín Alejandro García Espinoza Falta de atención médica. René Gómez Márquez Falta de atención médica. Orden de traslado administrativa. Pedro González Barragán Falta de atención médica. Eder Jesús González López Falta de atención médica. Orden de traslado administrativa. Juan Antonio Castillo Treviño Falta de atención médica. Orden de traslado administrativa. Germán Iván Rivera Aguilar Falta de atención médica. Falta de comunicación con sus defensores vía telefónica. Cabe indicar que Juan Antonio Castillo Treviño en la diligencia de cuenta refirió que se apega al artículo 22 constitucional, en tanto que Germán Iván Rivera Aguilar manifestó que reclama la falta de comunicación vía telefónica con su abogado, en términos del referido artículo 22 constitucional; sin embargo, este órgano jurisdiccional determina no tener como actos destacados ninguno de los previstos en el citado numeral; ello, porque en autos de veinticinco de julio y uno de agosto de este año se les requirió para que precisaran cuál de los actos de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal reclaman, y el primero de los citados únicamente señaló que se "apega" al citado numeral, sin precisar alguno, y, el segundo, indicó que señala como acto reclamado la incomunicación por la falta de comunicación con su defensor vía telefónica, lo que propiamente no es una incomunicación, como acto prohibido por el artículo 22 constitucional, ello, porque la incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a una persona, para hablar o comunicarse con otra; pero, en el caso, Germán Iván Rivera Aguilar no está incomunicado, dado que en el lugar donde se encuentra recluido no manifiesta que tiene prohibido interactuar con otras personas. De ahí que se fijó como uno de los actos reclamados por Germán Iván Rivera Aguilar, la falta de comunicación vía telefónica con su defensor, como se advierte del cuadro anterior. 2. Desechamiento de la demanda de amparo respecto a la falta de atención médica y la falta de comunicación con los defensores por llamada telefónica. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en razón de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo c, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes en la 1) falta de atención médica y 2) la falta de comunicación con los defensores por llamada telefónica, se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "...Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)": Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Por su parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (...); II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; (...) VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley. IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (...) XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley [.]" "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." De los preceptos transcritos se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1.- Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2.- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3.- Admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4.- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. De igual forma, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. En el caso, los quejosos 1) Martín Alejandro García Espinoza, 2) René Gómez Márquez, 3) Pedro González Barragán, 4) Eder Jesús González López, 5) Juan Antonio Castillo Treviño y 6) Germán Iván Rivera Aguilar reclaman del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a) la omisión de proporcionarles atención médica. Y Germán Iván Rivera Aguilar reclama también b) la falta de comunicación con su(s) defensor(es) público(s) por teléfono. Por tanto, es evidente que ante la existencia del procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; en el entendido que, no obstante que los actos pudieran considerarse por la parte quejosa de atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues, como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que, en actos urgentes, el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, incluso sus familiares y otras personas, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento; el numeral 117 de ese ordenamiento legal dispone: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (...)." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia referida, pues no se advierte que se haya agotado el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que obliga a la parte quejosa a agotar todas las instancias contempladas; pues, de lo contrario, en cualquier circunstancia, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Así, la parte quejosa debe agotar, previo a la presentación de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a obtener la atención médica que pretende se le otorgue en el Centro de su reclusión, sin que exista limitación en cuanto a la cantidad de veces que puede hacer valer peticiones administrativas o controversias judiciales, como se aprecia de los preceptos que han quedado transcritos. Máxime que, de estimarlo un caso urgente, los quejosos pueden acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. Lo determinado encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Así como la diversa PC.III.P. J/18 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, registro 2017822, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Sin que se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo; porque, en el caso, la parte quejosa no reclama que el acto de que se duele carezca de fundamentación; máxime que las cuestiones relativas a las condiciones de los internos se encuentran reguladas por la citada ley de ejecución; además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento, pues, como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley Nacional de Ejecución Penal la que lo estipula. Ante ello, con fundamento, en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO respecto de los actos reclamados analizados anteriormente. 3. Desechamiento contra la orden de traslado administrativa. Por otra parte, contra el acto reclamado por 1) René Gómez Márquez, 2) Eder Jesús González López y 3) Juan Antonio Castillo Treviño consistente en la orden de traslado administrativa, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ello, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En efecto, la Primera Sala señaló que con relación a la hipótesis de excepción al principio de definitividad, se debía corroborar si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) Voluntarios; b) Involuntarios; y, c) Urgentes. Los traslados voluntarios se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. Contra la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Tratándose de una orden de traslado por una autoridad administrativa sin intervención judicial, esto es, un traslado urgente o excepcional regulado por el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que implica una determinación administrativa en casos de delincuencia organizada, riesgo a la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o riesgo a la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión-, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Determinación administrativa contra la que proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del juez de Control o de Ejecución, ya que: Una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Por tanto, cuando se reclamen traslados y no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el juez de Control o de Ejecución quien resuelva respecto de sus derechos implicados. De ahí que contra una orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. La Primera Sala apuntó que el medio ordinario de defensa referido es capaz de suspender los efectos de la orden de traslado con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, de ahí que sí cumple con las previsiones establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional, y puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el juez de Control o de Ejecución; por las siguientes razones: -El artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del Juzgado de Ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. -El juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. -El segundo párrafo del artículo 124 de la propia ley de ejecución regula la sustanciación de la controversia judicial y que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De igual manera, en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé que el recurso de apelación es procedente contra las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Motivos por los cuales, respecto a dicho tópico, concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Aunado a lo anterior, la Primera Sala se pronunció en relación a si la orden de traslado es urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, estableció que esos supuestos no se configuran, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Ello, porque el traslado urgente o excepcional, aun y cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En esas condiciones, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente, la califica un juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Conforme a lo expuesto, la Sala subrayó que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que, de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además de que el juez de Control o el juez de Ejecución, según sea el caso, será quien, finalmente, determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Y que, incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Razón por la cual, concluyó la referida Primera Sala, el traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y, al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida y suspendida. Con base en lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de los criterios sostenidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), que se identifica con los rubros siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Ello, al considerarlos superados en virtud de la nueva tesis 1a.XXIV/2021 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Penal, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, registro digital 2023190, del rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULO 52 Y 117, FRACCION III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Como ya se precisó, los quejosos 1) René Gómez Márquez, 2) Eder Jesús González López y 3) Juan Antonio Castillo Treviño reclaman del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, toralmente, la orden de traslado administrativa. De ahí que, conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del movimiento carcelario atribuido a las autoridades administrativas, los quejosos deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial. Y, en caso de que haya sido alguna autoridad judicial quien emitió una resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, en observancia a lo dispuesto en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los referidos quejosos deben o debieron promover previamente el recurso de apelación, en caso de estar inconforme con su sentido. Ante ello, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo de que se trata, respecto de la orden de traslado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J.27/2021 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Penal, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, registro digital 2023736, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Notifíquese personalmente a los quejosos en el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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