Martín Alderete Ávalos

Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
467/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Martín Alderete Ávalos
  • José Alderete Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega sin mayor trámite. Agréguese sin mayor trámite el oficio del presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Zamora, Michoacán, ya que el trece del mes y año en curso, se acordó lo conducente y se dio la vista respectiva.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: Informa cumplimiento de ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, con el que informa sobre los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para el efecto legal conducente. Ahora, del estado de autos se advierte que en este juicio se otorgó la protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: a) De inmediato, deje sin efectos el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, y en su lugar, dicte un diverso, en el cual, señale una fecha más próxima para el desahogo de las testimoniales a cargo de los atestes Benjamín Manuel Espinoza Jiménez y Mónica Lizbeth Ponce Rivera. b) Para lo anterior, deberá realizar las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible, para que, el desahogo de las pruebas de mérito se realice en las fechas que programe para tal efecto, de conformidad con su agenda de trabajo, sin que ello implique inobservar las reglas del procedimiento, respetando los plazos y términos legales para su realización, lo que deberá de hacer dentro del exhorto JVI-541/2018, de su estadística, derivado del juicio laboral 836/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, si bien de los anexos del oficio de cuenta se advierte que la junta desahogó la obligación impuesta en el inciso a), esto es, dejó sin efectos el auto en que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós y dictó otro en el que fijó las once horas del ocho de septiembre próximo, para el desahogo de las testimoniales a cargo de los atestes Benjamín Manuel Espinoza Jiménez y Mónica Lizbeth Ponce Rivera, lo cierto es que se encuentra pendiente el cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) antes precisado. 2. Requerimiento. Por tanto, en virtud de que no han sido cumplidos todos los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, remita las constancias que acrediten: Que realizó las actuaciones procesales correspondientes para que el desahogo de las pruebas de mérito se realizaran en la fecha que programó para tal efecto dentro del exhorto JVI-541/2018, de su estadística, derivado del juicio laboral 836/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. O bien, informe la imposibilidad que tuvo para ello, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que hasta hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos José y Martín, ambos de apellidos Alderete Ávalos; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Zamora, Michoacán, para que dentro del término de tres días contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que las obligaciones que se le impusieron en el fallo constitucional son las siguientes: a) De inmediato, deje sin efectos el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, y en su lugar, dicte un diverso, en el cual, señale una fecha más próxima para el desahogo de las testimoniales a cargo de los atestes Benjamín Manuel Espinoza Jiménez y Mónica Lizbeth Ponce Rivera. b) Para lo anterior, deberá realizar las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible, para que, el desahogo de las pruebas de mérito se realice en las fechas que programe para tal efecto, de conformidad con su agenda de trabajo, sin que ello implique inobservar las reglas del procedimiento, respetando los plazos y términos legales para su realización, lo que deberá de hacer dentro del exhorto JVI-541/2018, de su estadística, derivado del juicio laboral 836/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A fin de cumplir con una justicia expedita, se informa a la autoridad requerida que a través del correo electrónico institucional 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, deberá remitir lo que se le exige confirmando su recepción al teléfono 443-322-6960, extensiones 1161 y 1163. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, En Morelia, Michoacán, siendo las dieciséis horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo IV-B-467/2021; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la Secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario mencionar cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Juez acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes PRUEBAS A continuación, se abre el período probatorio y la Secretaria certifica: Que obran las que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, y dado que las demás partes fueron omisas en ofrecerlas; se cierra el periodo. ALEGATOS Se abre la fase de alegatos en la que la Secretaria hace constar: que las partes se abstuvieron de formularlos; por tanto, se cierra dicha fase No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 467/2021-IV-B; y R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, turnado el día siguiente a este Juzgado; José y Martín, ambos de apellidos Alderete Ávalos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 61, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la omisión reclamada se le atribuye a una autoridad laboral que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se concluye que la quejosa reclama de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Zamora, Michoacán La fijación de fechas lejanas para el desahogo de las pruebas ordenadas en el juicio laboral 836/2017, del cual deriva el exhorto J-VI-541/2018 del índice de la responsable, radicado en auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, específicamente, el señalamiento para el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la parte demandada -veintiséis de abril de dos mil veintidós TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado Aunado a ello, de las documentales que adjuntó se advierte su certeza, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Estudio de fondo. Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo estipulado en la Ley de Federal del Trabajo, toda vez que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, ha inobservado los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación al caso concreto. En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus primeros dos párrafos, establece: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales El precepto consagra el llamado derecho a la tutela jurisdiccional y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales, que son elementos, que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda. En segundo término, cabe destacar que en congruencia con lo anterior, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato", y se precisa que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso Conforme a lo antes precisado, es fácil advertir que el legislador en este numeral estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. Así pues, los preceptos constitucional y legal antes mencionados, relativos a procurar el derecho humano de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las autoridades, en el caso particular, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, no puede ni debe retardar indefinidamente sus funciones de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que deben procurar resolver los asuntos a su cargo y notificar a las partes en los términos que establece la legislación laboral. Al respecto, debe señalarse que la vulneración a ese derecho constitucional se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, el cual tiene dos vertientes, a saber: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, en lugar de ser diligente en su sustanciación, acuerde lo necesario con dilación o demora; y, La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ese sentido, es menester precisar que los artículos 685, 686, 873, 878 y 880 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.) Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes Lo resaltado es propio. De los preceptos legales transcritos se pone de manifiesto que, en el presente caso, se está en presencia de una violación al artículo 17 Constitucional, por parte de la Junta del conocimiento, en virtud de que en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad [a quien los quejosos no señalaron como autoridad responsable], admitió a trámite diversas pruebas entre las que se encuentran las testimoniales ofrecidas por la parte demandada, para lo cual, ordenó girar exhorto a la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para el desahogo de dichos medios de convicción. Por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, la responsable radicó la aludida comunicación oficial y señaló fecha para el desahogo de dichas probanzas; empero, en las datas que fueron fijadas por la autoridad responsable no fue posible realizar su desahogo. Luego del señalamiento de diversas datas, en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, la responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, para el verificativo del artículo de prueba testimonial a cargo de Benjamín Manuel Espinoza Jiménez y Mónica Lizbeth Ponce Rivera. Ahora, como quedó precisado en párrafos precedentes, el arábigo 17 constitucional, establece como derecho humano, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita; en concordancia con esa prerrogativa los numerales 685, 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: El primero, que el proceso del trabajo será, entre otras cosas, inmediato, imponiendo a la Junta la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del trámite. El segundo, que la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. El último, que establece que, concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes Precisado lo anterior, se considera que asiste la razón a los peticionarios, puesto que conforme a los dispositivos antes aludidos, es manifiesto que en la especie no se ha cumplido con los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable, a las que se les otorgó valor probatorio con antelación, se desprende que por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, para recabar el testimonio de mérito, es decir, fijó el desahogo de dicha probanza once meses y catorce días siguientes a dicho auto. En ese contexto, resulta inconcuso que en el expediente laboral de origen se ha actuado con dilación, tal como se advierte de lo anteriormente expuesto y de las constancias que obran en el sumario, las cuales fueron valoradas en párrafos precedentes, por lo cual, válidamente puede concluirse que es evidente la trasgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia 2ª/J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales Robustece lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia IV.3o.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional CONCESIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se establece que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a José y Martín, ambos de apellidos Alderete Ávalos es para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Zamora, Michoacán, realice lo siguiente: De inmediato, deje sin efectos el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, y en su lugar, dicte un diverso, en el cual, señale una fecha más próxima para el desahogo de las testimoniales a cargo de los atestes Benjamín Manuel Espinoza Jiménez y Mónica Lizbeth Ponce Rivera. Para lo anterior, deberá realizar las actuaciones procesales correspondientes a la brevedad posible, para que, el desahogo de las pruebas de mérito se realice en las fechas que programe para tal efecto, de conformidad con su agenda de trabajo, sin que ello implique inobservar las reglas del procedimiento, respetando los plazos y términos legales para su realización, lo que deberá de hacer dentro del exhorto J-VI-541/2018, de su estadística, derivado del juicio laboral 836/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José y Martín, ambos de apellidos Alderete Ávalos por lo que hace al acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, en términos de lo expuesto y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.

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