Martín Alberto Díaz Landa
Expediente 241/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martín Alberto Díaz Landa
- ERNESTO MEDINA GUTIÉRREZ y Otros.
- MARTÍN ALBERTO DÍAZ LANDA y Otros.
- Ernesto Medina Gutiérrez
- MIGUEL ÁNGEL ÁVILA FÉLIX y Otros.
- Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
- Miguel Ángel Ávila Félix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no son de relevancia documental; se determina que es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo; y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente, que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
"...Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, sobreseyó en el juicio y negó la protección de la Justicia Federal solicitada a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza; bajo los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza, contra el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución.". Determinación que fue revocada por ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del amparo en revisión administrativo 1351/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, dictándose los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca el fallo impugnado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza, en contra de los artículos 78 a 89, 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas y 1.8, 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, para los efectos precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria.". Por consiguiente, por proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento a la concesión del amparo en los términos siguientes: Sentencia dictada por la Superioridad el veintisiete de febrero de dos mil veinte. "Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente contra el impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que, la autoridad que se vincula por razones de cumplimiento de la presente sentencia, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, los artículos 1.8, 1.8.1. 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; así como para que la autoridad recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya realizado por concepto de impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, devolución que deberá hacer previa actualización. Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización en los términos de la tesis de jurisprudencia citada en párrafos precedentes de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." Virtud a ello, mediante oficio PF/1375/2020, y anexos de nueve de septiembre de dos mil veinte, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, exhibió, entre otras constancias, copia certificada de los cheques que a continuación se detallan: 0000815, 0000816 y 0000846, los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $3,662.20 (tres mil seiscientos sesenta y dos pesos, 20/100 m.n.), $2,036.72 (dos mil treinta y seis pesos, 72/100 m.n.) y $2,111.87 (dos mil ciento once pesos, 87/100 m.n.), expedidos a nombre de Martín Alberto Díaz Landa, con firma de recibo por él mismo. 0000817, 0000818 y 0000847, los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $4,406.17 (cuatro mil cuatrocientos seis pesos, 17/100 m.n.), $4,664.85 (cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 85/100 m.n.) y $4,367.02 (cuatro mil trecientos sesenta y siete pesos, 02/100 m.n.), expedidos a nombre de Miguel Ángel Ávila Félix, con firma de recibo por él mismo. 0000819 y 0000820 de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $1,908.87 (mil novecientos ocho pesos, 87/100 m.n.) y $1,822.98 (mil ochocientos veintidós pesos, 98/100 m.n.), expedidos a nombre de Ernesto Medina Gutiérrez, con firma de recibo por él mismo. 0000821, 0000822 y 0000848 los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $2,898.66 (dos mil ochocientos noventa y ocho pesos, 66/100 m.n.), $2,698.68 (dos mil seiscientos noventa y ocho pesos, 68/100 m.n.) y $2,502.36 (dos mil quinientos dos pesos, 36/100 m.n.), expedidos a nombre de Hilda Soemy Pérez Viramontes, con firma de recibo por Francisco Josimat Viedma Esparza (cónyuge). 0000823, 0000824 y 0000849 los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $1,908.87 (mil novecientos ocho pesos, 87/100 m.n.), $2,036.72 (dos mil treinta y seis pesos, 72/100 m.n.) y $2,111.87 (dos mil ciento once pesos, 87/100 m.n.), expedidos a nombre de Francisco Josimat Viedma Esparza, con firma de recibo por él mismo. Las anteriores cantidades que de acuerdo con las hojas de cálculo que acompañó la autoridad de mérito, afirmó que cubría las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto Adicional a la Infraestructura, Impuesto a la Universidad Autonoma de Zacatecas y el Derecho de Control Vehicular para los ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, ello derivado de los recibos fiscales erogados por los solicitantes del amparo, incluyendo además la actualización fiscal correspondiente a dichos pagos; asimismo la responsable manifestó que se abstendrá de aplicar los preceptos declarados como inconstitucionales. Respecto de las constancias reseñadas, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con fundamento en el precepto 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que en su derecho correspondiere. En ese sentido, del contraste de las cantidades entregadas a la parte quejosa mediante los títulos de crédito antes descritos, con lo erogado en los recibos fiscales precisados, se advierte que la autoridad responsable devolvió lo pagado por concepto del Impuesto Adicional a la Infraestructura, Impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Derecho de Control Vehicular para los ejercicio dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo que además incluyó las cuantías relativas al factor de actualización fiscal correspondiente, acorde con las hojas de cálculo que la responsable allegó al sumario de garantías. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."..."
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMRBE DE DOS MIL VEINTE QUE A LA LETRA DICE: " Zacatecas, Zacatecas, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, sobreseyó en el juicio y negó la protección de la Justicia Federal solicitada a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza; bajo los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza, contra el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución.". Determinación que fue revocada por ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del amparo en revisión administrativo 1351/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, dictándose los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca el fallo impugnado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Alberto Díaz Landa, Miguel Ángel Ávila Félix, Ernesto Medina Gutiérrez, Hilda Soemy Pérez Viramontes y Francisco Josimat Viedma Esparza, en contra de los artículos 78 a 89, 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas y 1.8, 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, para los efectos precisados en la parte considerativa de la presente ejecutoria.". Por consiguiente, por proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que diera cumplimiento a la concesión del amparo en los términos siguientes: Sentencia dictada por la Superioridad el veintisiete de febrero de dos mil veinte. "Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente contra el impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto de que, la autoridad que se vincula por razones de cumplimiento de la presente sentencia, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, los artículos 1.8, 1.8.1. 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; así como para que la autoridad recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, devuelva a la parte quejosa la cantidad que haya realizado por concepto de impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, devolución que deberá hacer previa actualización. Bajo esta perspectiva, en lo que atañe a la materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no aplique a la parte impetrante del amparo, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa la cantidad cubierta que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, devolución que deberá hacer previa actualización en los términos de la tesis de jurisprudencia citada en párrafos precedentes de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." Virtud a ello, mediante oficio PF/1375/2020, y anexos de nueve de septiembre de dos mil veinte, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, exhibió, entre otras constancias, copia certificada de los cheques que a continuación se detallan: 0000815, 0000816 y 0000846, los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $3,662.20 (tres mil seiscientos sesenta y dos pesos, 20/100 m.n.), $2,036.72 (dos mil treinta y seis pesos, 72/100 m.n.) y $2,111.87 (dos mil ciento once pesos, 87/100 m.n.), expedidos a nombre de Martín Alberto Díaz Landa, con firma de recibo por él mismo. 0000817, 0000818 y 0000847, los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $4,406.17 (cuatro mil cuatrocientos seis pesos, 17/100 m.n.), $4,664.85 (cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, 85/100 m.n.) y $4,367.02 (cuatro mil trecientos sesenta y siete pesos, 02/100 m.n.), expedidos a nombre de Miguel Ángel Ávila Félix, con firma de recibo por él mismo. 0000819 y 0000820 de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $1,908.87 (mil novecientos ocho pesos, 87/100 m.n.) y $1,822.98 (mil ochocientos veintidós pesos, 98/100 m.n.), expedidos a nombre de Ernesto Medina Gutiérrez, con firma de recibo por él mismo. 0000821, 0000822 y 0000848 los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $2,898.66 (dos mil ochocientos noventa y ocho pesos, 66/100 m.n.), $2,698.68 (dos mil seiscientos noventa y ocho pesos, 68/100 m.n.) y $2,502.36 (dos mil quinientos dos pesos, 36/100 m.n.), expedidos a nombre de Hilda Soemy Pérez Viramontes, con firma de recibo por Francisco Josimat Viedma Esparza (cónyuge). 0000823, 0000824 y 0000849 los dos primeros de veinticuatro de marzo y el último de veintitrés de junio de dos mil veinte, valiosos por las cantidades de $1,908.87 (mil novecientos ocho pesos, 87/100 m.n.), $2,036.72 (dos mil treinta y seis pesos, 72/100 m.n.) y $2,111.87 (dos mil ciento once pesos, 87/100 m.n.), expedidos a nombre de Francisco Josimat Viedma Esparza, con firma de recibo por él mismo. Las anteriores cantidades que de acuerdo con las hojas de cálculo que acompañó la autoridad de mérito, afirmó que cubría las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto Adicional a la Infraestructura, Impuesto a la Universidad Autonoma de Zacatecas y el Derecho de Control Vehicular para los ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, ello derivado de los recibos fiscales erogados por los solicitantes del amparo, incluyendo además la actualización fiscal correspondiente a dichos pagos; asimismo la responsable manifestó que se abstendrá de aplicar los preceptos declarados como inconstitucionales. Respecto de las constancias reseñadas, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con fundamento en el precepto 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que en su derecho correspondiere. En ese sentido, del contraste de las cantidades entregadas a la parte quejosa mediante los títulos de crédito antes descritos, con lo erogado en los recibos fiscales precisados, se advierte que la autoridad responsable devolvió lo pagado por concepto del Impuesto Adicional a la Infraestructura, Impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Derecho de Control Vehicular para los ejercicio dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo que además incluyó las cuantías relativas al factor de actualización fiscal correspondiente, acorde con las hojas de cálculo que la responsable allegó al sumario de garantías. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.".
- Principal
El seis de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con número de folio 23997. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada de la parte quejosa Martín Alberto Díaz Landa y otros, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. cindy*
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