Martimiano Silva Rizo

Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
941/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Martimiano Silva Rizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, se declara que la aludida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, envíese al archivo.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 941/2017-I, promovido por Martimiano Silva Rizo, por conducto de su Defensor Particular Jorge Octavio Monreal Gallardo, contra actos del Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido por razón de turno en la misma fecha a la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, Martimiano Silva Rizo, por conducto de su Defensor Particular Jorge Octavio Monreal Gallardo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "JUEZ DE DISTRITO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO.". ACTO O ACTOS RECLAMADOS: "I.- sentencia interlocutoria de 18 de Octubre de 2017, notificada el mismo día, en la que la responsable resuelve el recurso de revocación en contra del diverso auto de 16 de Octubre de 2017, en la que se niega a agendar fecha para audiencia de nulidad de pruebas por haber sido obtenidos con violación de derechos fundamentales, sentencia pronunciada en la causa penal 147/2017, del índice administrativo de la responsable." El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 15 a 19), se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 941/2017-I; se solicitó a la autoridad responsable el informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró sin la asistencia de las partes, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones II, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil quince, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Ante todo, previamente a la determinación de la certeza de los actos reclamados, conviene dejar precisado cuáles son los que reclama la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, correspondiente a abril de dos mil cuatro, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 181810, que dispone: "ACTO RECLAMADO. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, de la demanda de amparo y de los autos del presente expediente se advierte que el quejoso reclama: ? La sentencia interlocutoria de 18 de Octubre de 2017, en la que la responsable resuelve el recurso de revocación en contra del diverso auto de 16 de Octubre de 2017, en la que se niega a agendar fecha para audiencia de nulidad de pruebas, sentencia pronunciada en la causa penal 147/2017, del índice administrativo de la responsable. TERCERO.- Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentra acreditado o no el acto reclamado, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Esta forma de proceder, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con el número XVII.2o. J/10, localizable en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le atribuye (fojas 25 y 26). Lo que se robustece, con las copias certificadas de la Causa Penal 147/2017-I, del índice del Juzgado responsable, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, toda vez que se trata de documentos públicos expedidos por un servidor en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia II.1o.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso este Juzgado Federal considera que se actualiza de oficio la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. Los mencionados preceptos legales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Precisado lo anterior, debe convenirse que el Juez de Control en la resolución impugnada, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 147/2017, relativo al recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del imputado, se negó agendar fecha para audiencia a fin de pronunciarse sobre la nulidad de pruebas, al precisar que estaba en trámite la investigación complementaria y, por tanto, no encontrarse en la etapa procesal oportuna, lo que no es un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la afectación que refiere el quejoso, podrá reclamarla en el amparo directo que promueva en contra del fallo definitivo. Ahora bien, es de transcribir el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: CAPÍTULO ÚNICO ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Del contenido del artículo transcrito, se desprende que define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. En el caso, la etapa de investigación, como se dijo, se divide en inicial y complementaria, en esta última, se judicializa la carpeta de investigación y tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, entre otros, el imputado y su defensor tienen derecho de acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. En efecto, puede decirse que en las primeras etapas, de investigación e intermedia, en donde se dilucidan cuestiones preliminares, están a cargo de un Juez de Control y, es en la etapa de investigación complementaria, durante la celebración de la audiencia inicial en la que se formula la imputación, donde se contienen los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para dicha investigación, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, es de transcribir el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: CAPÍTULO I OBJETO Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia: La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Como se desprende de su contenido, tal etapa procesal (etapa intermedia) tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, que consta de dos fases una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por consiguiente, se considera que lo resuelto por el Juez de Control no son actos en juicio que sean de imposible reparación, lo anterior se considera así, se reitera, porque los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, sin que la resolución combatida revista esa naturaleza de calidad; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, por tanto es improcedente el juicio de amparo bi-instancial, al constituir el acto reclamado uno de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en amparo directo cuando se promueva, en su caso, en contra de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento. Es aplicable la tesis I.5o.51 P (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1909, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 2017, Materia Común, Decima Época, con número de registro 2014367, que establece: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva." De igual forma cobra aplicación la tesis XI.P14 P(10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 1844, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 2016, Materia Común, Decima Época, con número de registro 2013269, que establece:: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta." Es aplicable por igualdad de razón la tesis XXVII.3º.37 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 2017, Materia Común, Decima Época, con número de registro 2014902, que establece: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio en la vía indirecta procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, entendiendo por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos; en cambio, en términos del su numeral 173, apartado B, fracciones X y XIX, las violaciones del procedimiento entre las cuales se encuentra la relativa a no recibir al imputado los medios de prueba que ofrezca, son susceptibles de análisis en conceptos de violación en la vía directa, siempre que trasciendan a la defensa del quejoso. Luego, la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia celebrada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del imputado, como el de defensa adecuada, antes bien, es una actuación procesal susceptible de apelarse y de hacerse valer como violación procesal en amparo directo, siempre que dicha exclusión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada, o algún otro, sin que la circunstancia de que el proceso penal acusatorio comprenda distintas etapas independientes entre sí, justifique considerar aspectos procesales como de imposible reparación." De igual forma cobra aplicación la tesis I.13o.A.3 K, consultable en la página 1742 del Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que impone: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." En esas condiciones, resulta evidente que la determinación controvertida en esta vía constitucional, no es de aquéllas que puedan estimarse como de imposible reparación, tal como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de ahí que al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo, impone decretar el sobreseimiento en el juicio, en aplicación de la hipótesis normativa contenida en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Orienta lo considerado la tesis XV.3o.9 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2932, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 2017, Materia Común, Decima Época, con número de registro 2015001, que establece: "MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LOS ADMITE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El auto del Juez de control que admite medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, constituye un acto de naturaleza intraprocesal impugnable en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo; mas no en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que dicha cuestión no actualiza algún caso de excepción a los que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley citada para la procedencia de la vía biinstancial, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, ya que en este último precepto el legislador estableció una interpretación sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido; es decir, ese contexto normativo sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos inmediata e irreparablemente con la sentencia definitiva; aunado a que tampoco puede apoyarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en el hecho de que la Ley de Amparo debe adecuarse al nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, ya que si ésa hubiese sido la intención del legislador, éste estuvo en aptitud -en uso de su libertad configurativa- de establecer hipótesis específicas, como sí lo hizo en diversos de sus preceptos, por ejemplo, con el auto de vinculación a proceso; de ahí que ni aun en este caso es dable sostener la procedencia del juicio de amparo biinstancial." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia antes referida y por la que se decretó el sobreseimiento, se encuentra proscrita la posibilidad de abordar el estudio y análisis del fondo del asunto. Se invoca en apoyo de lo anterior, el criterio de jurisprudencia 1028, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 708, registro 394984, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios jurisprudenciales invocados en esta determinación no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 216 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martimiano Silva Rizo, por conducto de su Defensor Particular Jorge Octavio Monreal Gallardo, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, asistido por el licenciado Antonio Espinosa Rangel, secretario que autoriza y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico.- Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, no podrá llevarse a cabo, en razón de que, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/5500/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión en cita, se otorgó al Titular de este Órgano de Justicia Federal, licencia los días veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por los motivos que en tal documento se indican, de ahí que es evidente que el suscrito, de acuerdo a lo dispuesto en el aludido numeral 43, del citado ordenamiento legal, no tenga facultades para resolver el juicio de amparo en que se actúa; por ende, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

  4. Incidental

    se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Martimiano Silva Rizo...

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