Martimiano Calixtro Aguilar

Expediente 147/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
147/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Martimiano Calixtro Aguilar
  • Juzgado Mixto de Primera Instancia En Cardenas, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; se tiene por recibido testimonio de la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, pronunciada por el citado Tribunal, en el conflicto competencial 1/2018; acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, pero el último de los señalados tiene su residencia en Ciudad Valles. SEGUNDO. Es competente el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para seguir conocimiento del Juicio de Amparo Indirecto 147/2018 promovido por Martimiano Calixtro Aguilar. TERCERO. Se ordena la devolución de los autos del juicio de amparo indirecto 147/2018, promovido por Martimiano Calixtro Aguilar al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para que continúe con la substanciación del mismo.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del conflicto competencial de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Consecuentemente, al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente cuaderno es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso existan documentos que por sus características deban devolverse a las partes. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por el cual acusa recibo del diverso 3900/2018, e informa que admite el conflicto competencial suscitado en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, al que acompaña el juicio de amparo 69/2018-I, de su índice, formado con el diverso juicio constitucional 147/2018-IV, de la estadística de este Juzgado de Distrito, promovido por MARTIMIANO CALIXTRO AGUILAR, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cárdenas, San Luis Potosí y de otras autoridades, e informa que no acepta la competencia planteada por este Juzgado, por las consideraciones que refiere. Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, insiste en la declaración de incompetencia para conocer del asunto en estudio, de conformidad con las siguientes consideraciones: En principio, debe destacarse que el motivo por el cual el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, consiste en que a su juicio, si bien el quejoso manifestó en su demanda de amparo que las autoridades ejecutoras pretendieron privarlo de su libertad en la población donde reside, ubicada en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, donde dicho juzgado ejerce jurisdicción; también resulta cierto que el acto privativo de libertad no fue ejecutado, por lo que según refiere, es posible establecer que se pretendió ejecutar en el municipio en el que ejerce jurisdicción. Por tanto, según refiere, si aún no se ha ejecutado el acto privativo de libertad deben tomarse en consideración las autoridades señaladas como ejecutoras, quienes ejercen sus funciones en todo el territorio de esta Entidad Federativa, entre ellas la capital del Estado, lugar en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado. Motivo por el cual, sostiene, que si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se ha ejecutado la orden de captura reclamada y las autoridades señaladas como ejecutoras ejercen sus funciones en todo el territorio del Estado de San Luis Potosí, y no exclusivamente en el municipio en que vive el quejoso, es posible establecer que la ejecución de dicha orden puede llevarse a cabo en cualquier parte del territorio de esta Entidad Federativa, en donde se localice al quejoso, lo cual a su consideración actualiza el supuesto de competencia previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia, consistente en que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda, de ahí que a su criterio corresponda conocer del presente juicio de amparo a este órgano de control constitucional. Ahora bien, como se señaló con antelación, el suscrito no comparte el criterio sustentado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. En principio cabe destacar que no pasa inadvertido que el referido Juzgador Federal sustenta sus consideraciones en la tesis de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN." Sin embargo, se estima que dicho criterio orientador no adquiere aplicación en el caso en particular, pues conforme al mismo, si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre. En este tenor cabe destacar, como se señaló en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte en el capítulo de "nombre y domicilio del quejoso" que el quejoso tiene su domicilio particular en la Comunidad Veinte de Noviembre del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí; asimismo, del apartado correspondiente a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "En los últimos días del mes de enero de este año, me entere por vecinos de la comunidad donde vivo que es 20 de noviembre, municipio de Tamasopo, S.L.P. que Policías Ministeriales del Estado de San Luis Potosí, me andaban buscando preguntando por mi nombre, para detenerme, supuestamente me quieren culpar de un homicidio que yo no cometí, [.] De ahí que resulte evidente que el domicilio particular del quejoso se encuentra en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, siendo en el donde se le ha buscado para ejecutar el acto reclamado e incluso invariablemente se ejecutaría, por parte de los elementos de la policía que den cumplimiento a la orden reclamada. Debiendo destacarse además que del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que el quejoso haya manifestado o proporcionado dato alguno que permita establecer que "se encuentra" en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, aspecto al que hace referencia la aludida tesis invocada. Por el contrario, como se señaló en la determinación de incompetencia de dieciséis de febrero del año en curso, habiéndose desprendido de la demanda de amparo que el inconforme tiene su domicilio en la Comunidad Veinte de Noviembre del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, en el cual, incluso ha sido buscado con la finalidad de ejecutar el mandamiento de captura reclamado, habiendo señalado además, como autoridad ordenador al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí, quien forma parte del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, conformado entre otros, por el municipio de Tamasopo; así como a los Agentes del Ministerio Público adscritos a las Mesas I, II y II Investigadora con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí; deviene inconcuso que se debe dar preferencia a la ejecución del acto reclamado para establecer la competencia del juez de amparo, como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.). En efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estableció en la jurisprudencia en comento, que lo anterior era así pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida, por tanto, si la orden de aprehensión reclamada requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso aseguro, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio ubicado en la Comunidad Veinte de Noviembre del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado -ya que para ello es menester que tales agentes hayan localizado al quejoso y afecten temporalmente su libertad deambulatoria para presentarlo ante la autoridad judicial-, domicilio que se encuentra en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, deviene inconcuso que a este corresponde la competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En esas condiciones, si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la orden de aprehensión, detención o presentación emitida en contra del quejoso, la cual es evidente que tiene una afectación sobre la libertad deambulatoria del mismo. Además de resultar claro que el domicilio particular del quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, siendo en el en donde se le ha buscado para ejecutar el acto reclamado. Lo anterior, pone en evidencia que la competencia para el conocimiento de la demanda de mérito se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, pues es dentro de su jurisdicción donde ya se ha tratado de ejecutar el acto reclamado e incluso donde se ejecutaría. Ello, en virtud de que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica, se puntualizan a continuación: a).- La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b).- La segunda hipótesis normativa que se contiene en el numeral en análisis, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c).- En el tercer párrafo del precepto legal en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la demanda en la que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, se haya presentado ante el juez de distrito en el que ejerce jurisdicción, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. De todo lo anterior se colige, que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado. En efecto, de la regla señalada en el artículo 37 de la Ley de Amparo y que se puntualizó en el inciso a), se advierte que, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que, si en la especie, la orden de captura reclamada se ha pretendido ejecutar en el domicilio particular del quejoso, ubicado en la Comunidad Veinte de Noviembre del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, es evidente que se está en la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues en el caso, como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, se debe dar preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Además, lo anterior encuentra su razón de ser en el hecho de que de esa forma el gobernado puede obtener una pronta defensa de sus derechos al acudir al Juez del lugar donde se pretendió ejecutar o en un momento dado se materializaría la ejecución del acto, lo que se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia, lo que dentro de la lógica del sistema de competencias obedece, otra vez, a la agilización de los trámites y comunicaciones procesales entre la autoridad jurisdiccional y las responsables, en beneficio de una pronta impartición de justicia y, por ende, del agraviado. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo en consonancia con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se estima que este órgano federal es legalmente incompetente para resolver sobre el presente juicio de amparo. En consecuencia, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en los términos de lo previsto en el Acuerdo Quinto, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos legales a que haya lugar; circunstancia ésta que deberá hacerse del conocimiento del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para que exponga ante dicho Tribunal Colegiado de Circuito lo que estime pertinente, atento a lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República. Remítase el oficio de referencia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete Hágase constar lo anterior, en el cuaderno de antecedentes respectivo, que para tal efecto se formó en el juicio en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el expediente número 147/2018-IV, promovido por MARTIMIANO CALIXTRO AGUILAR, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cárdenas, San Luis Potosí, y de otras autoridades, en el cuaderno ya formado; agréguense a estos la copia de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

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