Martha Zulema Osuna Raygoza

Expediente 775/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
775/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Martha Zulema Osuna Raygoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Toda vez que existe un documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Toda vez que existe un documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con quince minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Ernestina de Jesús Leyva Crespo, Secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda; y, con las demás constancias de autos. I. Relación de constancias. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado que emitió la autoridad responsable, el cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. La secretaria hace constar y certifica que la parte quejosa y la autoridad responsable, ofrecieron documentales relativas al acto reclamado, las cuales obran en autos y en dos cuadernos auxiliares por separado, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza; al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Se abre el periodo de alegatos. La secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no efectuó pedimento; al no existir escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 775/2018, promovido por Martha Zulema Osuna Raygoza, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Martha Zulema Osuna Raygoza, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra la siguiente autoridad: Autoridad responsable: 1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad. Acto reclamado:  La omisión dictar resolución en el expediente 646/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad, con motivo de la petición formulada por escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, presentado el uno de octubre del mencionado mes y año. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 775/2018, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación y se dio vista a la representación social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de dictar resolución en el expediente 646/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad, con motivo de la petición formulada por escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, presentado el uno de octubre del mencionado mes y año. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad, en su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias documentales que en copia certificada exhibió la propia autoridad; las cuales, por tratarse de documentos públicos, tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°. CUARTO. Causa de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.].". La que se relaciona con la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". Lo que se concluye porque de las constancias de autos, las cuales fueron valoradas en párrafos precedentes, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad, dictó acuerdo el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 646/2007, del que se advierte que en contestación a la solicitud formulada por la quejosa, mediante escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, señaló que el dictamen sería materia de análisis y pronunciamiento a través de resolución incidental, por lo que ordenó turnar el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta, para su análisis y posterior emisión del proyecto de resolución incidental; proveído que fue notificado por lista de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, de esta ciudad, fijada en los estrados el diez de octubre de dos mil dieciocho. 2. Así, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó sentencia interlocutoria, en el expediente 646/2007, en la que resolvió suspender el dictado de la sentencia ordenado en autos. De lo reseñado se colige que estando en trámite el presente juicio de amparo, la autoridad responsable dio repuesta a la solicitud realizada por la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el cual fue notificado por lista de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, de esta ciudad, fijada en los estrados el dos de enero de dos mil diecinueve, cuya omisión de resolución se reclamó en la presente instancia constitucional; por ende, es claro que en la especie cesaron los efectos de los actos reclamados. Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXI del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Novena Época. Registro: 193758. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 59/99. Página: 38) En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." (Octava Época. Registro: 214593. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993. Materia(s): Común. Tesis: II.3o. J/58. Página: 57) Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Zulema Osuna Raygoza, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

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