Martha Zamora Nolasco

Expediente 1084/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1084/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Martha Zamora Nolasco

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual rinde su informe justificado, y remite copia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral xx/2018. Con apoyo en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental que remitió para apoyar su informe, la cual se tomará en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, toda vez que la citada responsable remitió copia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral xx/2018, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada en autos, para resolver sobre la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx, contra del acto y la autoridad que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO. En la omisión de proveer lo conducente respecto al escrito de cinco de febrero de dos mil veinte, presentado en el juicio laboral xxxx/2018. AUTORIDAD RESPONSABLE. Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora bien, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias de autos cuyo valor probatorio pleno quedó de manifiesto. Lo anterior, para lograr una adecuada intelección del problema jurídico a dilucidar. Así tenemos que: De la constancia que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, adjunto en su oficio S.A./3656/2020 de quince de diciembre de dos mil veinte, la que adquiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte que en atención al escrito de cinco de febrero de dos mil veinte, presentado ante la citada autoridad responsable, cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, se emitió el acuerdo de quince de diciembre pasado, en el que se advierte que se tuvo por desistido a la parte actora de las pruebas consistentes en ratificación de firma y contenido, pericial caligráfica, grafoscopía, documentoscopía, grafometría y dactilar, así como la testimonial a cargo de xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx y xxxxxx xxxxxxxx, en el juicio laboral xx/2018. Lo que pone de manifiesto que la omisión de respuesta que reclama la parte quejosa ya no está vigente al haber desaparecido de manera total e incondicional sus efectos, sin que dejara huella en la esfera jurídica del justiciable, lo que trae como consecuencia la reposición de la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que consideró vulneradas con el acto reclamado, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 605. OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), con número de registro 2007920, de la décima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta de carácter obligatoria, acorde a lo dispuesto en el 217, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señala para las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, no obstante, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudacio´n de plazos y al regreso escalonado en los o´rganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensio´n decretada, lo que implica la continuación del tra´mite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, po´ngase en conocimiento de las partes que la reanudacio´n de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores pu´blicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a trave´s de medios electro´nicos y so´lo por excepcio´n lo hara´ de manera presencial. Esto significa que las partes u´nicamente tendra´n acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Para dar continuidad a este asunto, resulta procedente señalar las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, de la cual se levantará el acta correspondiente, será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito, sin acudir físicamente a dicho acto. Por otra parte agréguese a estos autos el telegrama remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, con el que rinde su informe justificado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el contenido de los aludidos informes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se está en espera de recibir en este juzgado, las constancias a las que hace alusión la autoridad responsable en su telegrama de cuenta, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo legal, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión la resolución dictada en el presente expediente, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, toda vez que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ******************** con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, para que, dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, de cumplimiento al fallo protector, que se concedió para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia Federal es para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil de divorcio *********, únicamente en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte demandada en contra del acuerdo de dos de octubre del año en cita. Emita una nueva en el que, se aparte del criterio de que la multa controvertida no fue aplicada en el acuerdo impugnado, y con plenitud de jurisdicción, analice los argumentos que omitió contestar y que fueran formulados por la parte quejosa, en forma completa, y concluya lo conducente." Asimismo, se realiza el señalamiento que el Juez responsable no tiene superior jerárquico que ordene su debido cumplimiento, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la ley de la materia en vigor, conforme a la jurisprudencia 36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pendiente de publicación, con el rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO"; por tanto, se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este juicio, dentro del término concedido, sin causa justificada se una multa. De igual forma, se remitirán los autos de manera directa al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las autoridades responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en el artículo 198, párrafo cuarto de la ley de la materia, siempre y cuando este Juzgado califique que la responsable actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano