Martha Yanira Barajas Grana
Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Yanira Barajas Grana
Actuaciones
- Incidental
e forma incidente de suspensión. Vista la cuenta, como está ordenado en el auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo indirecto 1224/2023-VI promovido por Martha Yanira Barajas Grana, por propio derecho, contra actos del Juez Cívico IV de Irapuato, Guanajuato; se forma este incidente de suspensión. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase de la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído, apercibida con que de no hacerlo, se establecerá la presunción de certeza del acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se le apercibe con que de no rendir su informe de ley en el plazo fijado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Programación de la audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el trascurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acto reclamado. La quejosa reclama la negativa verbal de liberar y devolverle el vehículo que aduce es su propiedad, de la marca Hyundai, línea Grand i10GLS, color negro con naranja y número de serie MALA85BC2LM048501, por existir una orden de retención por parte de la autoridad cívica responsable. Naturaleza jurídica de la suspensión La suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño y los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen. La naturaleza de la suspensión es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad mientras se resuelve el amparo. Su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución, siempre que satisfaga los requisitos que prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo. Requisitos normativos de la suspensión a petición de parte. Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben concurrir para que surja la obligación jurisdiccional de concederla, las cuales se prevén en el artículo 138 de la Ley de Amparo, a saber: a).- Que la solicite el quejoso; y b).- Que se pondere entre el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, que con la suspensión se podrían generar frente a los daños y perjuicios se le pudieran causar al quejoso de no concederla. Así, el juez verificará si con el otorgamiento de la suspensión se actualizaría alguna de las hipótesis previstas por el legislador o en casos específicos, le corresponde estimar desde una noción general de orden público e interés social, si al conceder la medida pudiera existir una afectación en ese sentido, en cuyo caso es procedente negar la suspensión; o bien, si los daños y perjuicios que se pudieran causar a la quejosa por la ausencia de la medida cautelar son más gravosos que los que pudiera resentir la sociedad de no concederla, para lo cual se establecerá una garantía con la que el quejoso deberá asegurar los daños y perjuicios que cause la medida de no asistirle la razón en el juicio de amparo. En materia de amparo, el juez de Distrito está constreñido a estudiar la demanda inspirado en el principio de buena fe, que se traduce en interpretar que la parte quejosa formula su demanda a partir de la honradez y exactitud en cuanto a un hecho u opinión, que haga verosímil de modo razonable los planteamientos contenidos en ella. El primer requisito impone al quejoso la obligación de demostrar su interés en forma presuntiva, es decir, le corresponde la carga procesal para allegar elementos de prueba suficientes que permitan establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular del derecho sobre el cual alega una afectación. Es aplicable la tesis VIII.A.C.7 K del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, consultable en la página 2742 del tomo XXXI, Abril de 2010, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés." El vocablo de manera indiciaria, implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En el caso, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que le sea devuelto el vehículo de la marca Hyundai, línea Grand i10GLS, color negro con naranja y número de serie MALA85BC2LM048501, del que acredita el interés suspensional sobre su propiedad con la carta factura 0000000001203 extendida por la empresa Hyundai el veintisiete de noviembre de este año, correspondiente a la factura IFA1818 expedida el veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve. Resolución de la suspensión. Se niega la suspensión provisional solicitada, se explica. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó en los hechos de su demanda que fue arrestada por la Policía Municipal de Irapuato e ingresada a los separos de reclusión preventiva de los Juzgados Cívicos de esta ciudad y que su vehículo (que quedó descrito con antelación) quedó bajo el resguardo del Juez Cívico que conoció de su detención. Adujo que su papá (Gabriel Barajas Ríos) promovió juicio de amparo a su nombre, del cual conoció este juzgado bajo el número 1214/2023-VII. En ese sumario se concedió la suspensión de plano por la que obtuvo su liberación. Sin embargo, el vehículo permanece retenido por la autoridad responsable. Con base en lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio lo siguiente: Que este juzgado tramitó el juicio de amparo 1214/2023-VII promovido por Gabriel Barajas Ríos en favor de la directa quejosa Martha Yanira Barajas Grana, en el que se reclamó la orden de arresto administrativo emitida en contra de dicha quejosa y su ejecución. En el informe a la suspensión de plano, la autoridad responsable Juez Cívica IV del Municipio de Irapuato reconoció que Martha Yanira Barajas Grana se encontraba a su disposición y le impuso la sanción administrativa de arresto por treinta y seis horas al infringir con lo dispuesto en el artículo 47 fracciones IX, XI y XXIII del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, que a la letra dice: "Artículo 47. Son infracciones contra la seguridad ciudadana, el orden y la paz pública: (.) IX.-Reñir con una o más personas; (.) XI. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos, espectáculos y lugares públicos; (.) XXIII. Oponer resistencia, impedir o entorpecer, directa o indirectamente, la acción de los cuerpos policiales, de los cuerpos de socorro y asistencia, de protección civil o de movilidad y tránsito, en el cumplimiento de sus funciones;" Sin embargo, como se aprecia, la autoridad responsable no informó los hechos concretos que dieron lugar a la infracción impuesta a la quejosa Martha Yanira Barajas Grana, que se ubican en los supuestos previstos en el referido artículo 47 fracciones IX, XI y XXIII del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Irapuato, y que por ello se hizo acreedora a las sanciones establecidas en el numeral 143 del mismo reglamento, que dispone: "Artículo 143. A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley, y el presente Reglamento, se les impondrá, en forma separada o conjunta, salvo aquellas situaciones en las que se determine la sanción atendiendo a la gravedad de la falta, su frecuencia, así como la situación cultural y económica de los infractores, las siguientes sanciones: I. Multa; II. Retiro y aseguramiento de vehículos; III. Servicio a favor de la comunidad, sin que exceda de treinta y seis horas; IV. Arresto hasta por treinta seis horas; V. Solicitud de cancelación de la licencia o permiso de conducir a la autoridad competente. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las de carácter civil o penal que se puedan configura." Por ende, hasta este momento procesal no se cuentan con elementos suficientes en favor de la quejosa para estar en condiciones de concederle la medida solicitada, por lo que se niega la suspensión provisional a Martha Yanira Barajas Grana respecto del acto que reclama. En esa medida, se estima necesario allegarse del expediente administrativo JC4-P-8602/2023 que se abrió con motivo de la detención de Martha Yanira Barajas Grana, para resolver sobre la suspensión definitiva. Por tanto, requiérase al Juez Cívico IV de Irapuato, Guanajuato, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo JC4-P-8602/2023, incluyendo la videograbación de la audiencia en que haya calificado la infracción e impuesto la medida de arresto a la quejosa. Apercibida con que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, multa que equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Aspectos complementarios. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el ubicado en calle Albacete, número 1692, colonia Bernardo Cobos en esta ciudad. Finalmente, como lo solicita la quejosa, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, previa razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
...Recepción de demanda y registro. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Cívico IV de Irapuato, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese con el número 1224/2023- VI. Admisión. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 33, fracción IV, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Incidente de suspensión. Como se solicita, fórmese el cuaderno del incidente de suspensión; sin que sea necesario formar el duplicado físico, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el duplicado se constituye con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno incidental original, de conformidad con el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, las cuales podrán ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Requerimiento de informe justificado. Requiérase de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, al que deberá acompañar copia certificada, completa, legible y ordenada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida con que de no hacerlo, se entenderá que su actuación es de mala fe y, en consecuencia, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional. Notificaciones a la autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Causas de sobreseimiento. En caso de que hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, las partes deberán informarlo de inmediato, apercibidas de que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que indique a este juzgado si la parte quejosa ha promovido otro juicio de amparo en el mismo procedimiento y, en caso afirmativo, comunique el número de expediente, el estado procesal en que se encuentra, así como el órgano federal en que se hubiese radicado dicho juicio, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa equivalente a treinta veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado con la presente determinación, así como la intervención que legalmente le corresponde en este juicio. De igual manera, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el fiscal adscrito, bajo el usuario **********, acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. Información sobre el "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para tal efecto, requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal de la quejosa. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el ubicado en calle *************. Pruebas de la quejosa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, las cuales se admiten y se desahogan, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de que sean relacionadas con posterioridad. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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