Martha Xochilt Barragán Madrigal
Expediente 967/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Martha Xochilt Barragán Madrigal
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] el [los] ocursante[s] remite el testimonio certificado de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 311/2018, promovido por la parte quejosa así como los autos del juicio de amparo 967/2018 en el cual declaró infundado dicho recurso. Atento a ello, adiciónense a los autos y acúsese recibo a la superioridad. Por otra parte, glósense al sumario únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del juicio al Tribunal de Alzada. En consecuencia, y toda vez que en el auto recurrido de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo por los motivos ahí especificados, se ordena el archivo del expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual se interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio. Así mismo, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran digitalizadas y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes en el expediente electrónico, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Colima, Colima, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Xóchitl Barragán Madrigal, contra actos del Juez Primero Mixto Civil y Familiar del Tercer Partido Judicial del Estado, con sede en Manzanillo, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 967/2018-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ordinario, acción de nulidad de actos, expediente 18-1017-123 C, del índice del Juzgado Primero Mixto Civil y Familiar de Manzanillo, Colima, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el tercero interesado contra el auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho y decidió admitir las prestaciones reclamadas por dicho tercero señaladas en los incisos c) al f) de su demanda. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado: IV.- ACTO DE AUTORIDAD. De la Autoridad Judicial ya mencionada designada como Responsable, señalo el ilegal Auto de fecha 08 de octubre de 2018, dictado en el juicio Civil Ordinario, Acción de Nulidad de Actos, expediente número 18-1017-123 C, seguido en contra de la suscrita, en el juzgado Mixto ya referido. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, de una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, se considera que el acto aquí reclamado, por su naturaleza, no constituye acto de imposible reparación, puesto que únicamente tiene consecuencias de carácter adjetivo o procesal en el juicio oral mercantil, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Ello es así, al considerar que de los antecedentes de la demanda de amparo, en el que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que reclama el acuerdo dictado ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil ordinario 18-1017-123 C, del índice del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de Manzanillo, Colima, se advierte que en dicho acto se tuvo a la parte tercera interesada por admitidas las prestaciones reclamadas en los incisos c) al f) de su demanda. Entonces, el acuerdo que se reclama, no es un acto dictado dentro de juicio que sea posible reclamar en la vía constitucional, ya que, este no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado, y en este sentido no se afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se actualiza de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia en estudio. Por tanto, el acto reclamado [proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho], no es susceptible de reclamarse mediante el juicio amparo indirecto, cuenta habida que no constituye un acto procesal cuya ejecución ocasione a la parte quejosa, una afectación a sus derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción número P/J.20/92, publicada en la página once, Tomo 55, Julio de 1992, del Pleno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Y es ilustrativa la tesis VI.2o.C.167 K, visible en la página mil ciento setenta y uno, Tomo XVII, Febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Esta jurisprudencia es aplicable al caso, porque el acuerdo que se le atribuye a la autoridad responsable no implica que necesariamente dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Walter Ricardo Salazar Sánchez y Xóchitl Gómez Alonso; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y al resto de los mencionados en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones por no tenerla registrada y así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Vladimir Véjar Gómez, quien actúa asistido del [la] Secretario[a] Luis Enrique Anaya Gálvez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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