MARTHA VILLEGAS HERNANDEZ y Otros.

Expediente 774/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
774/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • MARTHA VILLEGAS HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por: (1) Martha Villegas Hernández en representación de los menores de edad "D.A.H.V." y "A.J.H.V", (2) Hermina Hernández Altamirano en representación de los menores de edad "L.D.H.C." y "Z.C.H.C" (3) Ma. de los Ángeles Hernández Altamirano, en representación de la menor de edad "K.S.V.S." (4) María Salud Hernández Altamirano en representación de los menores de edad "L.J.C.H." y "K.A.G.H." (5) Micaela Hernández Altamirano en representación de los menores de edad "A.H.H." y "F.H.H." (6) Rosa María Hernández Villegas en representación de la menor de edad "J.N.P.H." (7) Gabriela Villanueva en representación de los menores de edad "J.A.V.V.". "A.Y.M.V" y "E.X.M.V" (8) María Figueroa Ayala, en representación de los menores de edad B.S.R.C. y L.R.C (9) Mireya Villanueva Figueroa en representación de la menor de edad "A.J.O.V." y "E.O.V". Contra actos del Titular de la Secretaria de Educación Pública y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 774/2023. DESECHAMIENTO Este juzgado de Distrito, advierte que en el presente asunto se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia relativa a la falta de titularidad de un interés legítimo de los quejosos, para impugnar el acto reclamado, prevista en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción I, de la Constitución Federal; por tanto, de conformidad con el precepto 113, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe precisar que la Segunda Sala dela suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si bien el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado y al efecto introduce el interés legítimo individual o colectivo, lo cierto es que lo condiciona a que se afecte la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, consideró que para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Y eterminó que los destacados elementos constitutivos, son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En el particular, los quejosos reclaman del Titular de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México y otras autoridades: El desacato de la sentencia del Amparo 784/2023 del Juzgado Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en donde emana la resolución del punto séptimo del Resultando de la Sentencia, el cual, indica con efectos generales, es decir, aplicable a toda la República Mexicana, en el que se debe de utilizar únicamente los libros de Texto del Ciclo Escolar 2022-2023; lo anterior por haber distribuido y entregado los libros impugnados (ciclo escolar 2023-2024), que hoy generan un daño a los menores quejosos en el presente juicio de amparo". Asimismo, los quejosos en su demanda de amparo manifiestan bajo protesta de decir verdad que sus respectivos hijos se encuentran cursando la escuela Primaria y que con motivo de ello, tienen interés legítimo para acudir al presente juicio de amparo, contra el citado acto reclamado. Siguen narrando los quejosos, que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, dictó sentencia en el juicio de amparo 784/2023, promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, en la que se declaró inconstitucional el procedimiento tocante a la elaboración y publicación de los programas, edición y puesta a disposición de los libreros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. Agregan los quejosos que las autoridades responsables fueron omisas en acatar la citada sentencia de amparo, ya que a partir del cinco de octubre del presente año, se distribuyeron los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024. Razón por la cual, los quejosos consideran que bajo el anterior esquema dado que ya existe una sentencia, cuentan con interés legítimo para acudir al juicio de amparo para proteger los derechos humanos de sus menores hijos. Sin embargo, cabe precisar a los quejosos que la calidad de representantes de sus menores hijos que acuden a las escuelas primarias donde se hayan distribuido los Libros de texto proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, no les confiere interés legítimo para reclamar en el juicio de amparo "el desacato a la sentencia de amparo 784/2023", en la que se declaró inconstitucional el procedimiento tocante a la elaboración y publicación de los programas, edición y puesta a disposición de los libreros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. Lo anterior, en virtud de que, el primer requisito para que se acredite el interés legítimo, precisado en el inciso a), relativo a la exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; no se cumple con la emisión de la sentencia dictada en el juicio de amparo 784/2023, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, habida cuenta que la misma no constituye una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Y si bien es verdad que la Secretaría de Educación Pública, es la encargada de proporcionar los Libros de texto a las Escuelas Primarias del país, ello no implica que la citada sentencia de amparo se haya emitido con efectos generales que tutelen algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Es así, ya que de la consulta que se realiza en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), se obtiene que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Civil, para los siguientes efectos: "En esa línea de pensamiento, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Civil, para el efecto de que las autoridades responsables: Titular, Subsecretario de Educación Básica, Director General de Materiales Educativos, todos de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Directora General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), en el ámbito de sus respectivas atribuciones: I. Al ser inconstitucional el procedimiento tocante a la elaboración y publicación de los programas, así como a la edición y puesta a disposición de los libros de texto gratuitos en estudio, provoca que los aprobados para el ciclo inmediato anterior (2022-2023) adquieran vigencia, y dado que es un mandato constitucional que la infancia y adolescencia no se quede sin materiales educativos para el ciclo escolar 2023-2024 (que también fueron emitidos por la autoridad federal, aun cuando fue en un periodo educativo anterior), las autoridades deberán: ? En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del poder ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa. ? Para lograr lo anterior, en cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el numeral 1º constitucional34, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia. II. La determinación anterior, no impide que, previa observancia de las formalidades previstas en la Constitución, leyes y reglamentos aplicables, se sometan a deliberación democrática los referidos materiales para el ciclo escolar 2024-2025; lo anterior considerando la ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo 1457/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto al estudio de la constitucionalidad del ACUERDO número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. [.] Asimismo, debe indicarse que los efectos aquí señalados no violan el principio de relatividad, dado que los actos reclamados son de carácter general y fueron combatidos en virtud del interés legítimo de una asociación civil, tal como se evidenció en el considerando de estudio de causas de improcedencia". La resolución emitida en el juicio de amparo 784/2023, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la ciudad de México, constituye un hecho notorio para este juzgado, con valor probatorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo por disposición de su numeral 2. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: HECHOS NOTORIOS, TIENEN ESE CÁRACTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE EXPEDIENTES (SISE)". Por otro lado, tampoco se acredita el interés legítimo de los quejosos, al no cumplirse los requisitos señalados en los incisos b), relativo a que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) respecto de que el promovente pertenezca a esa colectividad. En efecto, el interés legítimo requiere, para la procedencia del juicio de amparo, una afectación a la esfera jurídica del promovente; de ahí que el hecho de que los quejosos son padres de los menores que se encuentran inscritos en diversas escuelas primarias donde se distribuyeron libros de texto correspondientes al ciclo 2023-2024, y que aleguen que se violan derechos reconocidos en la Constitución, porque en la sentencia de amparo 784/2023, se determinó que la Secretaría de Educación distribuiría los libros de texto probados para el ciclo escolar 2022-2023; no indica que se afecte su esfera de derechos. La esfera jurídica se puede afectar de manera directa o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico que guarde el promovente. En ese sentido, el interés legítimo exige como requisito mínimo que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando no exista norma que le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente (interés jurídico). Así pues, también debe acreditarse una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sólo así quien acude al juicio de amparo es realmente parte agraviada (haciendo la salvedad de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se requiere la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa). Es importante precisar que en tanto el interés jurídico, así como el interés legítimo, suponen un agravio en la esfera jurídica de quien acude al juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta indispensable examinar, como presupuesto procesal, si el acto reclamado genera o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Con lo que se descarta supuestos en que el gobernado únicamente busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto sobre actos de autoridad, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Esto es, la situación frente al acto reclamado se torna especial cuando se afecta, aunque no sea de forma directa, la esfera jurídica del promovente; de ahí que resulta necesario verificar la naturaleza del acto reclamado, a fin de determinar si realmente existe una afectación, aunque no sea directa, en la esfera de derechos de la parte quejosa. En suma, no bastaría aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo colectivo y que se alegue que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico. En el caso, se considera que los quejosos no cuentan con interés legítimo frente al actuar de la Secretaría de Educación Pública en el juicio de amparo 784/2023, puesto que su interés no se traduce en un beneficio jurídico en sentido amplio, esto es, aquel interés personal, individual cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que puede traducirse en un beneficio jurídico en su beneficio, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Es así, ya que la sola calidad de padres de estudiantes de la Escuela Primaria, no los hace titulares del derecho a reclamar el desacato de las autoridades responsables de la referida sentencia de amparo; en virtud de que no cuentan con una especial situación que se requiere para que la anulación del acto produzca un beneficio o un efecto positivo en su esfera jurídica, es decir, una afectación por lo menos indirecta en su esfera jurídica derivada del acto reclamado. Máxime que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos aducen afectación a su derecho de educación, con motivo de diversos errores en la impresión de los Libros de primaria y que los programas de educación no cumplen con los estándares internacionales, pues están cargados de una segregación social tendente a generar odio entre las clases sociales y atentan contra el desarrollo psicoemocional y psicológicos de los estudiantes. Sin embargo, en la sentencia dictada en el juicio de amparo 784/2023, como ya se dijo, se determinó la inconstitucionalidad del procedimiento tocante a la elaboración y publicación de los programas, así como a la edición y puesta a disposición de los libros de texto gratuitos; es decir, no se emitió pronunciamiento respecto del contenido y los programas de los Libros de texto, pues al efecto se determinó: Consecuentemente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. Apoyan lo anterior las siguientes jurisprudencias: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. **** "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. **** "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉSTE QUIEN ADUCE SER PARTE EN ALGÚN PROCESO JURISDICCIONAL PARA RECLAMAR EL ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL Y CONVOCATORIAS PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN RELATIVOS. **** "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. **". JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea, mediante el usuario "JOAN.1", conforme al artículo 55 del "ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En la inteligencia que conforme al diverso numeral 57 del propio Acuerdo General, la autorización para ser notificado electrónicamente lleva implícita la relativa a consultar el expediente electrónico y la de remitir promociones por vía electrónica, conforme a los artículos 18 y 51 del citado Acuerdo General. Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como datos de contacto el número telefónico y el correo electrónico que menciona en su demanda. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al Actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Steven Martínez Witrago, toda vez que, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ángel Castro Gómez, Joan Antonio Ochoa Sada, Luis Fernando Vaca Ornelas, Juan Carlos Villegas Ruiz y Ana Cristina Reyes Barbosa, los dos primeros hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y el resto por así haberlo solicitado en su escrito de demanda. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asiismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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