Martha Velasco Chanona

Expediente 1405/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1405/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Martha Velasco Chanona

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de la demanda de garantías, promovida ** y anexos que describe, remitidos por este Juzgado Federal al carecer de competencia legal; asimismo, informa que asume la competencia respecto al acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de ****, dictada en el *****, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad; y, hace del conocimiento que desechó por notoriamente extemporánea la citada demanda de amparo. En ese tenor, tomando en consideración que en proveído treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 53 y 54), se reservó ordenar el archivo del presente expediente, hasta en tanto el citado Tribunal informara respecto de la competencia planteada en el presente asunto, lo que ya aconteció; al efecto, se provee: Efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA de amparo únicamente en relación al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal de la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1873/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, como está ordenado en auto de dieciséis de octubre del presente año, (fojas 34 a 41), previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítase a la oficina de correspondencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circutio, residente en esta ciudad, la demanda de amparo original y demás actuaciones del presente juicio; así como el expediente 1873/2018, en un tomo, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, y los documentos que se encuentra en resguardo en la caja de valores de este juzgado (foja 41 vuelta), para que el citado Tribunal determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda, respecto al acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1873/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad; y solicítese el acuse el recibo de estilo. Por otra parte, una vez que acuse de recibo el citado Tribunal, provéase respecto archivo del presente asunto.

  3. Principal

    Visto; el oficio y anexos remitidos por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ese órgano declaró carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Acúsese el recibo correspondiente. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente ***. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese orden de ideas, del contenido integral de la demanda y constancias relativas al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa impugna la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ****, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad; así como, la falta de notificación personal de dicha sentencia. Al respecto cabe destacar que la notificación de la sentencia debe hacerse por lista, salvo alguna que amerite la notificación de carácter personal, por lo que si no existe motivo que justifique que la misma sea de este tipo, por disposición expresa de la norma mercantil que es la aplicable al procedimiento de origen por tratarse de un juicio ejecutivo mercantil, el numeral 1077, segundo párrafo, del Código de Comercio , establece que las sentencias deben mandarse a notificar conforme a ley, en el caso concreto las notificaciones de la resolución definitiva se practicarán por lista o boletín judicial. Así, se desprende que, con relación al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal de la sentencia emitida en el juicio de origen, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18, de dicho ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda y del anexo, se desprende que a la parte quejosa le dieron a conocer el acto reclamado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 19), según el sello de la autoridad responsable; por lo que, es incuestionable que desde el día siguiente a aquél en que surtió efectos con base a la norma del acto reclamado la notificación de la citada sentencia, esto es, desde el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, podría inconformase con la misma. Entonces, es claro que a partir de esa fecha estaba en aptitud de promover el juicio que ahora pretende instar, a fin de impugnar el acto del que se duele en el presente juicio de amparo. Sin que sea óbice la manifestación de la quejosa referente a que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 4), data en la que se apersonó a solicitar copias certificadas del expediente de origen, lo anterior, toda vez que es parte en el juicio natural tramitado ante el Juzgado señalado como responsable, por lo tanto las resoluciones dictadas en dicho juicio, salvo que se encuentre en la hipótesis del artículo 1068 del Código de Comercio, es decir, que ameriten ser personales, le surten efectos por lista que se fije en los estrados de dicho Juzgado, al día siguiente de que se hubieren realizado por boletín, de conformidad con el artículo 1075 del citado ordenamiento legal. Máxime, que si bien indica la parte quejosa que la notificación de la sentencia que reclama en la vía constitucional, debía realizarse en forma personal, cabe aclarar que, la notificación de la que se duele, es un acto procesal a cargo de la autoridad responsable, la cual se encuentra revestida de formalidades legales, por lo que el sello de la lista correspondiente a la notificación de la sentencia reclamada de veintidós de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad (foja 19), es una documental que constituye un instrumento público, que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe de que se encuentra listada dicha resolución impugnada, a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En tal virtud, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, antes de acudir al juicio de amparo, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054, motivo por el cual, dicha notificación debe considerarse como válida mientras no se haya dejado sin efectos en la vía ordinaria por el órgano que conoce del juicio principal o por el superior jerárquico en los asuntos que por su cuantía admita recurso ordinario. A dicha consideración, resulta aplicable lo previsto en la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 461, Libro 4, Tomo I, de Marzo de 2014, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente. Con motivo de lo expuesto, se corrobora que hasta en tanto no se haya declarado su nulidad de la notificación de la sentencia reclamada por lista del juzgado responsable, es incuestionable que desde el día siguiente a aquél en que surtió efectos con base a la norma del acto reclamado la notificación de la citada sentencia, esto es, desde el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, estuvo en aptitud de promover previo al juicio de amparo, el incidente de nulidad de notificaciones respectivo, por considerar la hoy quejosa que dicha notificación debía de realizarse personalmente. Por ende, el término para promover la demanda, conforme con lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la determinación de la que se duele; es decir, del veintiséis de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; sin contar los días inhábiles que mediaron, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los inhábiles del Juzgado responsable. Cobra aplicación lo previsto en la jurisprudencia P.J/115/2010 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. También resulta aplicable la tesis jurisprudencia 2a./J. 18/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 2432, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por ello, si la demanda se presentó hasta el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, como se advierte del escrito de demanda (foja 4); de ahí que se estime extemporánea. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito de los actos reclamados. Máxime, que la parte impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad de la parte quejosa, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías únicamente con relación al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal de la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ******, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Ahora, respecto al acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1873/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues se está ante una sentencia definitiva, esto es, que decide el juicio en lo principal. Entonces, conviene precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito De acuerdo con los preceptos transcritos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo promovido contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales. Por lo anterior, se llega a la conclusión de que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, razón por la que, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Sin que el presente criterio prejuzgue acerca de la procedencia de algún medio ordinario de defensa, pues será en su caso, el tribunal colegiado correspondiente el que determine si se observó o no la definitividad a la cual está obligado el quejoso. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro IUS 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En virtud de lo antes expuesto y fundado, una vez que cause estado, envíese el escrito de demanda, dejando en su lugar copia certificada de la misma, remitiendo además el informe justificado y anexos que obran en el juicio de amparo, así como el expediente *********, en un tomo, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, a la oficina de correspondencia del Tribunal antes mencionado, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda; y solicítese el acuse el recibo de estilo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizada en los términos que indica, a la persona que refiere. OTRAS CONSIDERACIONES Téngase por recibido el escrito del mandatario judicial de la tercera interesada *****, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; atento a su contenido, dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LA CAJA DE VALORES Respecto de los documentos fundatorios de la acción exhibidos en el juicio de origen, consistentes en: Tres pagares en originales por las cantidades de $****; cinco comprobantes de depósitos en efectivo; un recibo de dinero original por la suma de $***** y, un recibo original de pagaré por la cantidad de $*****, se ordena su resguardo en la caja de valores de este Juzgado, para su mejor conservación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio.

  4. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso *********, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones con relación a la vista formulada en auto de catorce de octubre del año en curso (foja 237), relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, téngase por hechas las mismas, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de que puedan ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

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