Martha Vargas Mendoza

Expediente 243/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
243/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Martha Vargas Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguense en autos el oficio y anexo que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 7/2018, suscitado entre el suscrito y el Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, en relación a la demanda de amparo promovida por *********** , que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. La jueza Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Irapuato es competente para seguir conociendo del juicio de amparo 243/2018-IV, promovido por Martha Vargas Mendoza." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada, notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el juez Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, relativo a la demanda de amparo promovida por ***********.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 243/2018-IV del índice de este órgano jurisdiccional, así como un tomo de pruebas, en virtud de que la titular del Juzgado de su adscripción en proveído de treinta de mayo del año en curso, no aceptó la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: - Que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, tiene el carácter de declarativo, toda vez que reconoció la validez de la misiva con la que la autoridad demandada dio cumplimiento a la sentencia de nulidad, sin que de su contenido se advierta que ordene que se realice alguna conducta y, por ello, no resulta ejecutable ni requiere ejecución material. - Que la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.", no es aplicable al caso concreto, ya que el oficio DPSH/2313/2017 no es el acto reclamado, ni para efectos del amparo goza de autonomía, ya que la autoridad demandada en el juicio de origen lo emitió en virtud de la existencia de una resolución de nulidad. Pues bien, el suscrito no comparte la opinión de la Juez oficiante, e insiste en declinar la competencia a los Juzgados de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. Lo anterior es así, en virtud de que en la resolución reclamada de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que declararon infundada la queja interpuesta, lo que se está dilucidando se refiere precisamente a la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho. De modo que las consecuencias del acto reclamado implican la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada y el pago de la pensión jubilatoria, lo que está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser el lugar donde la cobra y la disfruta; por lo que es inconcuso que la ubicación en la que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Por ello, se itera que el suscrito no coincide con las razones vertidas por la Juez para considerar que el acto que se reclama es de carácter meramente declarativo, cuyos efectos no requieren ejecución material. De ahí que, como se dijo en auto de veinticinco de mayo pasado, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias materiales de la resolución reclamada tendrá lugar en la ciudad de Salamanca, lugar en donde cobra y disfruta su pensión la quejosa y que pertenece a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de Irapuato; por lo que, se insiste en declinar la competencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Se ordena comunicar lo anterior a la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Delegado Estatal Guanajuato, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, en atención al requerimiento de catorce de los actuales, informa que el último domicilio que tiene registrado de la quejosa **********, es el ubicado en calle **********, número **********, localidad ********** de Salamanca, Guanajuato; al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de las constancias que remitió la responsable se advierte que: - ********** interpusó ante Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, demanda de nulidad de la resolución de negativa ficta, recaída a la solicitud de incremento de cuota diaria de pensión y diferencias retroactivas, que presentó el nueve de enero de dos mil quince, ante el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. - La demanda en comento se radicó en el bajo el número de expediente 3969/16-10-01-1-OT. - Seguido el juicio en su cauce legal, el uno de febrero de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia respectiva, y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta impugnada. - En cumplimiento a la resolución anterior la autoridad demanda en el juicio de origen, emitió el oficio el DPSH/2313/2017 de siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual desglosó el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas a **********, desde el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. - Inconforme con dicha resolución **********, interpusó recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho controvertido. - Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declararon infundada la queja interpuesta. -acto reclamado- Bajo ese contexto legal, si la aquí quejosa ********** tiene su domicilio particular en calle **********, número **********, localidad ********** de Salamanca, Guanajuato, y esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en Salamanca, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Salamanca. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo. d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; y, e. Dejar sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional.

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