Martha Troche Romero

Expediente 1311/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1311/2014
Año
2014
Actuaciones
27
Última actuación
09/05/2016

Partes del expediente

  • Martha Troche Romero
  • MARTHA TROCHE ROMERO y Otros.
  • Luz Maria Vargas Lopez
  • Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Mexico
  • LUZ MARIA VARGAS LOPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se emitió sentencia en el sumario constitucional en que se actúa, en la que se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a las quejosas (fojas 42 a 46). 2. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil catorce en la oficialía de partes de este Juzgado, el tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión contra la sentencia descrita en el párrafo que antecede (fojas 55 a 58), mismo que por acuerdo de diecisiete de diciembre de ese año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 59). 3. Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa; órgano colegiado que mediante resolución de cinco de marzo de dos mil quince, en los autos del amparo en revisión 211/2015 (que corresponde al 5/2015 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito), resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Luz María Vargas López, al tenor de los razonamientos expuestos en el octavo considerando de esta ejecutoria." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: "a. Deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil catorce, dictado en el juicio laboral 222/2008; y, b. Con plenitud de jurisdicción, dicte uno nuevo que podrá ser en el sentido anterior o en sentido diverso, pero en él se deberán subsanar los vicios formales señalados en esa sentencia." " En ese tenor, después de varios requerimientos referentes a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio TECA400F/104010/A.I/400/2016 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en esta entidad, el veintiocho de marzo de este año, y el veintinueve siguiente, ante este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable supracitada, remitió copias certificadas de las constancias que acreditan las actuaciones siguientes: - Copia certificada del auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis (convenio), por medio del cual indicó que las actoras Martha Troche Romero y Luz María Vargas López, personalmente le manifestaron a la autoridad responsable, que la parte demandada le ha cubierto diversas cantidades de manera extrajudicial como pago del laudo referido, que únicamente le adeudan a Troche Romero la cantidad de $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y a Vargas López la cantidad de $891,000.00 (ochocientos noventa y un mil 00/100 m.n.), cantidades que consideró correctas la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, por lo que les entregó a las quejosas un cheque a cada una por las cantidades indicadas con antelación. Por lo tanto, Martha Troche Romero y Luz María Vargas López, se dieron por pagadas en su totalidad en ese convenio, solicitaron que se archivara ese expediente como asunto total y definitivamente concluido, además, que manifestaron las partes que se dio cabal cumplimiento al laudo de trece de enero de dos mil doce, ya que las partes aprobaron ese convenio por estar ajustado a derecho, no reservándose acción o derecho alguno que ejercitar en contra de las mismas; asimismo la autoridad responsable indicó que, se les dio a la parte actora el término de tres días para que le indicaran sobre el buen cobro de los títulos exhibidos, para archivar ese asunto de manera definitiva (fojas 174 y 175). Todo lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis (foja 176), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El ocho de enero de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México, dejó sin efectos el auto de diecinueve de agosto de dos mil catorce, emitido por la propia autoridad en los autos del expediente 222/2008; asimismo, mediante arreglo conciliatorio de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, las partes llegaron a un acuerdo, en el cual, Martha Troche Romero y Luz María Vargas López, se dieron por pagadas en su totalidad y solicitaron que se archivara ese expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Romero Díaz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México, en atención al requerimiento realizado en autos, remite copia certificadas de diversas constancias. En atención a lo anterior, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de proveer lo relativo al cumplimiento dado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el término antes señalado, este Juzgado se pronunciará sobre él conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Notifíquese; y personalmente a las partes según corresponda Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante oficio registrado en este juzgado con el número de control interno 3076, remitió copia certificada del auto de once de febrero de dos mil dieciséis, en el cual informó que dictó auto de requerimiento de pago al Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, y le concedió un término de veinte días hábiles a partir de la fecha que sea notificado para que comparezca en ese Tribunal el Presidente del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, o la persona que este designe para hacer el depósito de la cantidad objeto de requerimiento; sin embargo, a la fecha la responsable referida no ha dado cumplimiento a dicho requerimiento, es decir, no ha informado en su totalidad el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por lo antes expuesto, y en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que en un término de tres días, contadas a partir de su legal notificación, informe el total cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; asimismo deberá remitir los acuses de los oficios que en su caso haya girado para hacer efectivas las multas impuestas al Presidente Municipal de Metepec, Estado de México, en el expediente laboral 222/2008, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual podrá llegar hasta mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, por medio del cual el autorizado de la parte quejosa, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones del promovente, mismas que serán consideradas una vez que este juzgado se pronuncie respecto del cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, toda vez que por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, sin que se haya ordenado notificar personalmente con el oficio respectivo al Agente del Ministerio Público de la Adscripción; por tanto, se ordena dar vista a la representación social, para que al momento de que se le notifique este proveído, o bien, dentro del término de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su representación convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional.

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