Martha Sylvia Preciado Vidal

Expediente 428/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
428/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Martha Sylvia Preciado Vidal

Actuaciones

  1. Incidental

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO CLAUDIA GABRIELA MONTES HERNÁNDEZ, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL CITATORIO DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por José Bricio García Medina, quien se ostenta como endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 428/2016-2. Previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, con base en la copia certificada de la diligencia de embargo de veintinueve de mayo de dos mil quince, practicada por la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, residente en esta ciudad, relativa al juicio ejecutivo mercantil 801/2015, del índice del juez responsable, de la cual se advierte que el promovente tiene el carácter con el que se ostenta; a la que se le otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a José Bricio García Medina, el carácter de endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De lo anterior, se desprende que es obligación de esta Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa, este juzgado Federal advierte que la misma debe desecharse de plano, de conformidad con el numeral en comento. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el promovente consiste en la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 801/2015, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, en el cual declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el demandado John Kim López, dejando sin efectos todo lo actuado a partir del auto de inicio de dicho juicio. En ese contexto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues se aprecia que el acto reclamado por el quejoso, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. En efecto los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza de dicho proveído es eminentemente procesal y no afecta directa o inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Carta Magna por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución definitiva que deba dictar la autoridad le sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. Además, si la sentencia que ponga fin al juicio de origen, no resulta favorable puede impugnarla, en su caso, a través del recurso ordinario (previsto en la normatividad aplicable al juicio de origen) o extraordinario-amparo directo-, que la parte quejosa estime conveniente conforme a sus intereses; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, en septiembre de 2009, Novena Época, número de registro 167896, cuyo rubro y texto dice: ".NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Bricio García Medina, en su carácter de endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en boulevard Fundadores, número 8490, despacho 106, colonia Morelos, en esta ciudad; y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a José Bricio García Rivera y Mariana García Rivera, por así haberlo solicitado el promovente. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional y conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que deriven de este juicio. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y tomando en consideración que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, sus resoluciones incidentales, así como las que recaigan a los recursos interpuestos en ellas, para su consulta u obtención por personas distintas a las partes, aún en relación con expedientes de naturaleza penal o familiar, se hace del conocimiento del promovente el derecho que tiene de oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en contrario, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener las resoluciones que se dicten en términos del artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO CLAUDIA GABRIELA MONTES HERNÁNDEZ, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL CITATORIO DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por José Bricio García Medina, quien se ostenta como endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 428/2016-2. Previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, con base en la copia certificada de la diligencia de embargo de veintinueve de mayo de dos mil quince, practicada por la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil, residente en esta ciudad, relativa al juicio ejecutivo mercantil 801/2015, del índice del juez responsable, de la cual se advierte que el promovente tiene el carácter con el que se ostenta; a la que se le otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a José Bricio García Medina, el carácter de endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De lo anterior, se desprende que es obligación de esta Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa, este juzgado Federal advierte que la misma debe desecharse de plano, de conformidad con el numeral en comento. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el promovente consiste en la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 801/2015, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, en el cual declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el demandado John Kim López, dejando sin efectos todo lo actuado a partir del auto de inicio de dicho juicio. En ese contexto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, pues se aprecia que el acto reclamado por el quejoso, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. En efecto los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza de dicho proveído es eminentemente procesal y no afecta directa o inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Carta Magna por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución definitiva que deba dictar la autoridad le sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. Además, si la sentencia que ponga fin al juicio de origen, no resulta favorable puede impugnarla, en su caso, a través del recurso ordinario (previsto en la normatividad aplicable al juicio de origen) o extraordinario-amparo directo-, que la parte quejosa estime conveniente conforme a sus intereses; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, en septiembre de 2009, Novena Época, número de registro 167896, cuyo rubro y texto dice: ".NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Bricio García Medina, en su carácter de endosatario en procuración de Martha Sylvia Preciado Vidal, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en boulevard Fundadores, número 8490, despacho 106, colonia Morelos, en esta ciudad; y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a José Bricio García Rivera y Mariana García Rivera, por así haberlo solicitado el promovente. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional y conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que deriven de este juicio. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y tomando en consideración que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, sus resoluciones incidentales, así como las que recaigan a los recursos interpuestos en ellas, para su consulta u obtención por personas distintas a las partes, aún en relación con expedientes de naturaleza penal o familiar, se hace del conocimiento del promovente el derecho que tiene de oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en contrario, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener las resoluciones que se dicten en términos del artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

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