Martha Susana Bricio Sandoval
Expediente 1433/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1433/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/04/2022
Partes del expediente
- Martha Susana Bricio Sandoval
- Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el expedientillo de cuenta, en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, se reservó proveer el oficio del Director Jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, en representación de dicha Secretaría, mediante el cual pretendió rendir informe justificado y designó delegados, hasta en tanto se dictara sentencia, toda vez que ello ya aconteció se provee: Tan sólo agréguense a los autos en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que propone y proporcionando correos electrónicos, para comunicación con este órgano jurisdiccional durante el periodo de contingencia establecido generado por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. el original, es susceptible de destrucción, en el término de tres años, en términos del artículo 21, fracción II, inciso c), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AL QUEJOSO: VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1433/2021-VIII-A promovido por ********************, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 11, 14, 16 y 133 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ******************** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y Secretario de la Hacienda Pública, todos del Estado de Jalisco, que serán precisados en el considerando respectivo. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 11, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se admitió, se formó el expediente y se registró bajo el número 1433/2021-VIII-A; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en la expedición del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado VERIFICACIÓN RESPONSABLE, identificado con la clave alfanumérica: ********* , específicamente, de su página 3 a la 30 y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Gobernador y el Secretario de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, al momento de rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Por su parte, la quejosa no aportó elemento de convicción suficiente para desvirtuar tales negativas, dado que únicamente acompañó a su demanda de amparo, dos copias simples de una tarjeta de circulación; sin embargo, de dichas documentales no se advierte la participación de las referidas responsables. Consecuentemente, al no haberse demostrado los actos reclamados a las autoridades responsables, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. Por otro lado, el Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe con justificación, por conducto del Coordinador Jurídico adscrito a la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, aceptó la certeza del acto que se le reclamó, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad del mismo. Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado oportunamente para dicho fin, al así advertirse del acuse de recibo del oficio número ********************, que obra en el sumario; por tanto, de conformidad al numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando que antecede. Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. CUARTO. Causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación ni los fundamentos de los actos reclamados, toda vez que en el asunto se actualiza una causa de improcedencia cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente. En efecto, este Juzgado Federal, estima que en la especie, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º fracción I, del cuerpo de leyes citado en primer término, en virtud de que la peticionaria de garantías, no acreditó fehacientemente su interés jurídico para combatir en esta instancia constitucional el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado VERIFICACIÓN RESPONSABLE, identificado con la clave alfanumérica: ***********, específicamente, de su página 3 a la 30, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Así es, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada; El numeral que contempla la causa de improcedencia en cita dispone: Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimación del quejoso, en los términos en la fracción I del artículo 5º. De la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). A su vez, el artículo 5° de la Ley de Amparo, señala: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los preceptos legales transcritos, se advierte, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte a quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Lo anterior, permite concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la oportunidad de la quejosa, para promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, esto es, que el acto que se reclame a las responsables, le causan un agravio personal y directo, es decir, la afectación que irrogue a su esfera jurídica, para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Así, debe tenerse presente que de lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, se desprende que tiene legitimación para acudir al juicio de garantías únicamente la persona a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; la figura jurídica de la legitimación está íntimamente ligada con el interés jurídico que corresponde a quien acude en demanda de la protección federal, mismo que debe ser acreditado por el peticionario del amparo y que consiste en demostrar haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que el juicio de garantías ha de ser solicitado, precisamente, por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, ya que el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos, propiedades o posesiones conculcados. Así es, en el asunto, la impetrante señala que le causa agravio el acto reclamado que hace consistir en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado VERIFICACIÓN RESPONSABLE, identificado con la clave alfanumérica: ****************, específicamente, de su página 3 a la 30, al ser conductora de diversos vehículos automotores y propietaria de uno modelo ********************. Como quedó precisado, de los transcritos artículos 107, fracción I, de la Ley Fundamental y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte, por quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Esto, acorde a lo dispuesto por el artículo 5° fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por perjuicio, para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe entenderse, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente protegido. De lo anterior, se advierte que el interés jurídico no depende de la existencia del acto autoritario que se reclame, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga el quejoso en que ese acto no subsista, sino de que el promovente de amparo, acredite que el acto reclamado le afecta en forma directa e inmediata algún derecho legítimamente tutelado. Luego, si bien es cierto la quejosa reclama el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado VERIFICACIÓN RESPONSABLE, identificado con la clave alfanumérica: **************, específicamente, de su página 3 a la 30, lo cierto es que, no demuestra que dicho programa actualmente le afecte a su esfera jurídica de derechos, pues para acreditarlo, debió demostrar la titularidad de algún vehículo automotor o el permiso para circular del mismo, y, por ende, el interés jurídico para instar esta vía constitucional. Ahora bien, la impetrante aportó como medios probatorios, dos copias simples de una tarjeta de circulación con número de folio ********************, correspondiente al año ********************; sin embargo, dichas probanzas por sí solas, se consideran insuficientes para acreditar su interés jurídico, ya que con ellas no acredita que es poseedora o propietaria del vehículo descrito en dicha tarjeta de circulación o que el mismo contara con permiso vigente para circular, a la entrada en vigor del Programa reclamado, y, por ende, no acredita que el acto que reclama le afecte en su esfera jurídica o sea violatorio de sus garantías individuales, de ahí que no se tiene la certeza de que el acto que por esta vía combate le cause un verdadero perjuicio en su esfera de derechos. Se dice lo anterior, ya que al margen de que la tarjeta de circulación con número de folio ********************, fue exhibida en copia simple, ante lo cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que las copias simples, son insuficientes para que el quejoso acredite fehacientemente el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, ya que son consideradas como simples indicios de las afirmaciones que se hacen, de conformidad con la jurisprudencia 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo cierto es que, como se adelantó, dicha tarjeta de circulación corresponde al año ********************, siendo que, por otro lado, el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado VERIFICACIÓN RESPONSABLE, identificado con la clave alfanumérica: *****************, entró en vigor hasta el primero de agosto de dos mil veintiuno, lo que evidencia que la quejosa no acreditó que al inicio de la vigencia del aludido programa fuera propietaria de algún vehículo automotor o poseyera algún vehículo con permiso vigente para circular. Por tanto, dado que con dichos documentos no es factible desprender indudablemente los derechos que la quejosa pretende le sean reconocidos y protegidos en el presente juicio de garantías; por consiguiente, no acredita que los actos reclamados vulneren su esfera jurídica ni que le ocasionen un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello, estaba obligada a demostrar fehacientemente la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, que haya sido desconocido o violado y que le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, a efecto de que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. Consecuentemente, toda vez que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede sobreseer el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** contra actos del Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y Secretario de la Hacienda Pública, todos del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente.
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