Martha Sugey González Marcial

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Martha Sugey González Marcial

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se colige que transcurrió el término de cinco días que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede a los quejosos para interponer el recurso de queja contra el proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda, sin que hubieren hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o., se declara que dicho auto HA 18/09/21 12:08:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.49 ROSALÍO AGUILAR CAÑEDO CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano la demanda promovida por la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Vista la demanda de amparo promovida por Martha Sugey González Marcial por propio derecho y en representación del menor E.A.G.M, contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número 131/2021- XIII. ? Genérese el expediente electrónico e impreso en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? No se tramita el incidente de suspensión por los motivos que se exponen más adelante. Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado es el acuerdo inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de controversias del orden familiar de investigación de paternidad 76/2021 del índice de la autoridad responsable, en el cual se omitió resolver sobre la medida cautelar de pensión alimenticia a favor del menor de edad E.A.G.M; así como la ejecución del citado acuerdo. Estudio sobre la improcedencia de la suspensión de plano. 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 131/2021-XIII Como cuestión preliminar, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa solicita la suspensión de plano respecto a la omisión del juez responsable de decretar la medida cautelar de pensión alimenticia, ya que a su consideración se pone en peligro la vida del menor de edad con dicha omisión. Por su parte, el numeral 126 de la Ley de Amparo, refiere que la suspensión de plano será concedida cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese sentido, no se actualizan las hipótesis requeridas para decretar la medida suspensional de plano solicitada, toda vez que de las manifestaciones realizadas, bajo protesta de decir verdad, por la promovente, no se advierte que efectivamente el juez de origen con su omisión ubique al niño en alguna de las hipótesis contempladas en el numeral descrito, entre ellas el peligro de vida como lo refiere la quejosa. Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no procede decretar la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto, ya que de lo expuesto por la parte quejosa, ni ella, ni el menor se encuentran sometidos a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; pues no se advierte que se encuentre en peligro su vida o que en su caso se comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Sirve analogía el criterio de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE EXTENDER LA LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA. Del artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la diversidad de supuestos previstos para la procedencia de la suspensión de plano y de oficio guarda relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o de difícil reparación, sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando. Por ello, si la quejosa reclama la negativa de la responsable para extenderle su licencia con goce de sueldo por lactancia materna, como médico en un hospital de atención completa a pacientes de la enfermedad conocida como COVID-19 e invoca el derecho de su menor hija a la salud y a recibir una lactancia segura sin riesgo de contagio, no se actualiza ninguna de las hipótesis en las que procede la suspensión de plano, pues sin desconocer la magnitud y la gravedad del fenómeno de salud pública ocasionado por esa enfermedad, lo cierto es que, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de las agraviadas, al grado de equipararse tal situación a un tormento, pues sin perjuicio de que los efectos del acto reclamado pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarado inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado.".2 Énfasis añadido. Así como el diverso que señala: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente 2 Registro digital: 2022088, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: XVII.2o.11 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 984, sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio.". 3 Énfasis añadido. Desechamiento. Al ser de estudio preferente, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.).". El precepto legal transcrito establece lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos humanos, 3 Registro digital: 179731, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis:VI.1o.A.19 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458, Tipo: Aislada 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En este orden de ideas, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la determinación que se reclama fue emitida por el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit; lo que evidencia que se trata de una resolución 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 131/2021-XIII proveniente de un tribunal judicial; y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo que se refiere a los elementos contemplados en los números 2o., 3o., y 4o., debe traerse a colación los artículos 637 y 645, fracción I, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, los cuales disponen: "(.) ARTÍCULO 637. El recurso de apelación tiene por objeto que en segunda instancia se reparen, en su caso, las violaciones cometidas en las resoluciones contra las cuales sea admisible. ARTÍCULO 645. Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda. (.)" De la interpretación del precepto legal transcrito, se tiene que el auto de admisión de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de controversias del orden familiar de investigación de paternidad 76/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Las Varas, municipio de Compostela, Nayarit, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación; actualizándose así el elemento punto dos de los antes mencionados. De igual forma, se cumple con el tercer requisito, toda vez que el medio de impugnación se encuentra contemplado dentro de la ley procesal del estado, la cual rige el procedimiento del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Ahora, en lo atinente al último de los requisitos, con base en la interpretación literal del numeral 637 de la ley procesal que nos ocupa, se desprende que el objetivo del recurso de apelación consiste en la reparación de las violaciones cometidas en las 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales resoluciones emitidas en el juicio de origen; provocando que el acto puede ser modificado, revocado o nulificado. En ese tenor, si el auto de admisión diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad judicial responsable, conforme al numeral 645, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, resulta ser apelable, los quejosos debieron de agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo; de no oponer dicho medio de defensa, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas".4 Por consiguiente, en acatamiento al principio de definitividad que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resulta 4 Registro digital: 175624, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/260, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816, Tipo: Jurisprudencia. 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 131/2021-XIII indispensable que se interpusiera dicho recurso previamente a la promoción del presente juicio de amparo, ya que los promoventes del amparo, no se ubican en de los supuestos de excepción, a saber: Cuando el acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el arábigo 22 Constitucional. Además, que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, aun tratándose de menores de edad, en virtud de que el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, ya que la promovente acude al amparo en representación de su menor hijo, y si bien la controversia judicial de origen está relacionada con dicho menor de edad, al tramitarse ante la autoridad responsable una investigación sobre la paternidad de la niño, esta situación no resulta ser una excepción al principio de definitividad, ello, al contemplar la ley adjetiva un recurso ordinario que al accionarlo resulta adecuado para reparar las violaciones que aduce la autoridad judicial comete en contra de su hijo al no haberse pronunciado sobre la fijación de una pensión alimenticia; por lo que se insiste, aun tratándose de contiendas que estén relacionadas con menores, está obligada agotar dicho principio. 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Apoya lo anterior, la jurisprudencia y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo."5 En las relacionadas condiciones, se colige que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, y, por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. 5 Registro digital: 2005039, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Tipo: Jurisprudencia. 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales Juicio de amparo indirecto 33/2020-VI Amparo indirecto 131/2021-XIII Se tiene como domicilio del promovente el indicado en su escrito de demanda, así como el correo electrónico mg5645879@gmail.com y número de teléfono 3271126729, proporcionados para los mismos efectos. Por tal motivo se comisiona a los actuarios adscritos para que en la medida de lo posible realicen las notificaciones por el correo electrónico señalado, lo anterior, para dar cumplimiento 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, el cual en su artículo 5, establece que se puede brindar atención a las personas justiciables por vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea, como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Se tiene por autorizados en términos del artículo 24 de la ley de la materia a Juan Alberto Silva Delgado, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada Autorización y habilitación al personal del juzgado De conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de 08/12/22 10:44:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 Alejandro Barradas Morales no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 10, 11, 12, 21, 33, fracciones IV, 26 fracción III, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 122, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 279 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al correo electrónico mg5645879@gmail.com a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma

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