Martha Solis Marina

Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
173/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Martha Solis Marina

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martha Solís Marina, por lo que se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. 13/11/22 13:19:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 Tania Ramos Loera 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Desahogo de prevención. Téngase por recibido el escrito de Martha Solís Marina, por el cual desahoga la prevención formulada mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado: (.) Para efectos de este amparo, preciso como acto reclamado de las autoridades responsables, la Comisión Federal de Electricidad, la inconstitucionalidad de la orden Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. de corte de suministro de energía eléctrica, que se pretendió ejecutar el 4 de febrero del presente año, fecha en que se presentó a mi domicilio una persona que dijo ser empleado de la Comisión Federal de Electricidad, sin mostrar ningún' acto de autoridad, pues atento a lo que manifestó, aparentemente traía la orden de hacer el corte del suministro de energía eléctrica de mi domicilio particular. (.) Desechamiento de la demanda. Al respecto este juzgado de distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia derivada del contenido de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, de la mencionada ley, dado que las autoridades señaladas como responsables: A) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE ZONA COMERCIAL NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. B) EL C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD No tienen el carácter de autoridades para el efecto de este juicio de amparo, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Los preceptos legales transcritos, en su conjunto, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean ordenados, dictados o ejecutados por autoridad, ni contra sus omisiones. Destaca que tiene el carácter de autoridad la que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011,1 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De lo expuesto, se puede advertir que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las circunstancias que siguen: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad 1 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. administrativa, cuyo ejercicio resulte irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. 4. Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad de los afectados. En el presente asunto, de un estudio realizado a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado de la quejosa, tiene su origen en los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica que suscribieron la parte quejosa con la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la contradicción de tesis 250/2017, insistió en señalar que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, precisando que tal criterio debe seguirse aun cuando el contrato se haya celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En efecto de la ejecutoria respectiva se desprende que el Alto Tribunal consideró esencialmente lo siguiente: "QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. (.)". (Lo resaltado es del suscrito) El criterio anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado el criterio que había sostenido en las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 (9a.)2 y 2a./J. 113/2010 (9a.)3, que contienen uno similar al de la reciente 2 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, toda vez que: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. En ese sentido, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." 3 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), en los que esencialmente se establece que los actos ejercidos por la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de la prestación del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (consumidor) adquieren derechos y obligaciones recíprocas, cuyas controversias, en caso de conflicto, han de ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Esto es, se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación en cita, lo que implica, que tal relación no corresponde a la de autoridad y gobernado, es decir, no es una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación entre la empresa productiva del Estado y el particular usuario del servicio; inclusive tratándose de actos relacionados con la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, pues los mismos no generan que la relación se transforme de una relación de coordinación a una de supra a subordinación. En consecuencia, la relación establecida entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, no es de supra a subordinación; pues a pesar de que la Ley de Amparo contempla la posibilidad de incluir a los particulares con calidad de autoridades responsables, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean, deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita, pueda lograr su cumplimiento coactivo. cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad." Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. Para fijar con precisión si se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en la vía constitucional, es indispensable analizar su naturaleza jurídica, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos, que no encuadran en los actos impugnables en el juicio de amparo (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado, dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. En el caso en concreto, ese extremo no se cumple, ya que aun cuando la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden y ejecución del corte de suministro de energía eléctrica, actos que según lo considerado por el Alto Tribunal, tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación, por lo que no implican la realización de actos susceptibles de combatirse a través de este medio de control constitucional, ya que tal acto no es equiparable a los actos que emiten las autoridades del Estado, en la medida de que no actúa dotada de imperio, sino únicamente como ente prestadora de un servicio público de energía eléctrica. Así, el acto reclamado, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de prestador de un servicio, cuya naturaleza, como ya la definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a actos entre particulares. En ese orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo señala: Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Dicho de otra forma, de la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que para que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, no debe dejar duda alguna de que existe la improcedencia, pues de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Martha Solís Marina, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos división Valle de México Norte Zona Comercial Naucalpan, Estado de México y del Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), la propia Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, determinó que las controversias Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 173/2022. suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por Martha Solís Marina, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Valle de México Norte, Zona Comercial Naucalpan, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 173/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior, procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Prevención. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copia por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1 de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1 de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación. 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Expuesto lo anterior, a efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción VIII, en relación con el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, sabedor del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos En principio, se destaca que del análisis del escrito de demanda de amparo se advierte que el acto reclamado que señala en el capítulo respectivo, es: "La omisión de dar contestación de manera escrita, pacífica y en forma respetuosa (en ejercicio de su derecho humano de petición consagrado en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de losa Estados Unidos Mexicanos), a mi escrito, a través del cual, se interpuso reconsideración y se solicitó la suspensión de la ejecución del acto recurrido y corte de la energía eléctrica que se suministra en mi domicilio particular (casa habitación) y que en el capítulo de hechos referiré con mayor precisión Luego entonces, en el punto 5 del capítulo de los antecedentes, refiere que el recurso de reconsideración lo interpuso el nueve de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, en el punto 6 del aludido capítulo refiere que las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en dar respuesta a su petición, y que la Comisión Federal de Electricidad, aparentemente ordenó el corte a la suministración de energía eléctrica, toda vez que el cuatro de febrero de dos mil veintidós se presentaron en el domicilio de la quejosa una persona que dijo ser empleada dela responsable y que traía la orden de cortar el suministro. A su vez, del capítulo de suspensión se advierte que en esencia solicita la suspensión provisional y en su momento la definitiva de las omisiones reclamadas, por tratarse de un elemento esencial para el desarrollo de las personas, en tanto que constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento de las actividades cotidianas y para la materialización, incluso de derechos humanos y fundamentales de la misma, y con la suspensión se protegen los bienes jurídicos tutelados por el derecho a tener una vida digna y mayor calidad de salud con el servicio de energía eléctrica. De lo antes reseñado, se advierte que la quejosa, primero reclama la omisión de dar contestación al escrito, a través del cual interpuso recurso de reconsideración el nueve de julio de dos mil veintiuno, y posteriormente en el capítulo de antecedentes y en el de suspensión hace referencia a la orden de corte de suministro energía eléctrica en su domicilio particular (casa habitación) Por lo anterior, la quejosa deberá desahogar los siguientes requerimientos: Único. Deberá precisar el acto que reclama en esta instancia constitucional a las autoridades que señala como responsables, es decir si reclama la omisión de dar respuesta al recurso de reconsideración presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, o a la orden de corte de suministro energía eléctrica en su domicilio particular (casa habitación), que se pretendió realizar el cuatro de febrero de dos mil veintidós se por personal de las autoridades responsable. Lo anterior es así ya que ambos actos reclamados no pueden subsistir entre sí, por ser de naturaleza distinta, pues en tratándose de la omisión reclamada, se advierten violaciones al derecho de petición, en la cual, serán objeto de análisis la falta de respuesta o en su caso, la contestación a dicha petición, en la cual se verifica que la misma sea congruente; mientras que en el diverso acto reclamado, se analiza la legalidad de la orden y ejecución del corte de suministro eléctrico. Para lo cual, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, toda vez que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Tiene sustento en la jurisprudencia a./J. 106/2005, de la Primera Sala, con número de registro 177046, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional Apercibimiento a la parte quejosa. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico que proporciona, ya que esta no es una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo realizaron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.

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