Martha Silvia León Castelazo

Expediente 217/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
217/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Martha Silvia León Castelazo

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a primero de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan lo presentes autos, de los que se advierte que aún no obra en autos la pieza postal número MN606600640MX que ampara la entrega del oficio número 132/2017, dirigido a la Jefatura de la Delegación Estatal Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que fue recibida por las oficinas del Servicio Postal Mexicano, de Naucalpan de Juárez, Estado de México, según se advierte de la factura de nueve de marzo de dos mil diecisiete, por lo que en obvio de mayores dilaciones, y a efecto de continuar con el trámite que corresponda en el presente asunto, se acuerda: El artículo 28, fracción II, y último párrafo, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: (. II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos. (.) Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones. (.)" El referido artículo establece las reglas para realizar las notificaciones por oficio, y al respecto señala que los mismos podrán ser enviados por correo en pieza certificada con acuse de recibo, cuando las autoridades destinatarias tengan su domicilio fuera del lugar del juicio, constancia que deberá ser agregada a los autos en que se actúe. Asimismo, se establece que las oficinas públicas de comunicaciones son las que están obligadas a transmitir los oficios sin costo alguno. Así, tenemos que, las oficinas públicas a que se hace referencia en el citado artículo, son las del servicio público de correos previsto por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, se trata del servicio de correos que presta el Estado a través del Servicio Postal Mexicano. Es orientador para lo anterior, el criterio contenido en la tesis aislada 1ª. CCLXXV/2015 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página 317, Materia Común, con número de registro 2010015, de contenido siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN NO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA DE ENTREGA DEL ESCRITO RELATIVO EN UNA EMPRESA PRIVADA DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA. El artículo 23 de la Ley de Amparo, aplicable tratándose del recurso de reclamación, prevé la posibilidad de presentar el escrito respectivo dentro de los plazos legales, a través de la "oficina pública de comunicaciones" del lugar de residencia del recurrente, cuando éste resida fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que deba conocer del asunto. Ahora bien, la oficina a la que se refiere el precepto citado es la del servicio público de correos previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual brinda total certeza sobre la fecha en que fue depositado el documento respectivo, por medio del sello de recepción en las oficinas públicas correspondientes; dicho servicio de correos lo presta el Estado a través del Servicio Postal Mexicano, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico que regula al citado organismo descentralizado de la administración pública federal, el cual no puede equipararse a un servicio de paquetería y mensajería prestado por particulares, porque éste sólo constituye un servicio auxiliar al autotransporte federal, de acuerdo con los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento de Paquetería y Mensajería de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese tenor, las oficinas de las empresas privadas prestadoras de servicios de paquetería y mensajería, por su propia naturaleza, no pueden considerarse como "oficinas públicas de comunicaciones", en términos del citado artículo 23, pues dichas empresas no son parte de la administración pública descentralizada, ya que sólo requieren de un permiso para prestar sus servicios, por lo cual, sus empleados no se encuentran sujetos a un régimen de responsabilidad de servidores públicos; además de que sólo hacen llegar a su destino los envíos que contraten con el público en general. Consecuentemente, si el escrito relativo al recurso de reclamación se presenta por conducto de una empresa privada de paquetería y mensajería, no puede tener el mismo resultado que el depósito realizado en el Servicio Postal Mexicano y, por tanto, para determinar la oportunidad de su presentación no debe considerarse la fecha de su entrega en la empresa privada de paquetería y mensajería." Por su parte, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta." Como se ve, el citado artículo reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Así lo estableció, en lo conducente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./ 27/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, Página 30, Materia Común, con número de registro 173071, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." De esta forma, tenemos que es válido acudir a los medios electrónicos de almacenamiento, a efecto de obtener información que sea susceptible de ser corroborada, la cual puede servir como medio probatorio en los asuntos en que se actúe. En el presente caso, de una búsqueda en la página oficial de "Correos de México", en el apartado de seguimiento con número de guía, consultable en la dirección electrónica: "http//www.correosdemexico.gob.mx/ServiciosLinea/Paginas/cemsmexpost.aspx" Lo que se invoca como hecho notorio, se advierte que la pieza postal MN606600640MX que ampara la entrega del oficio número 132/2017, dirigido a la Jefatura de la Delegación Estatal Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue recibido por su destinatario a las trece horas con veintisiete minutos, del nueve de marzo de dos mil diecisiete, lo cual consta en la impresión de pantalla certificada que se anexa a los presentes autos, por lo que debe tenerse a la citada autoridad, tercera interesada, por notificada de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos en que se actúa. Lo que se hace constar en el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación la Jurisprudencia 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en la página 963 del Tomo XXIII de Junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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