Martha Selene Lizárraga Tirado

Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Selene Lizárraga Tirado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto dictado por este juzgado el dos de junio de dos mil veintitrés, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en la ciudad y la parte quejosa, fueron notificadas en primer y último lugar, esto es, el cinco y siete siguientes, quedando comprendido dicho lapso del seis al veintidós de los que cursan. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que para ello resulte inadvertido, que la autoridad responsable foránea Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, no se encuentra notificada del oficio en el que se le comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de ella; lo que en la especie no ocurre en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en su artículo 20, fracción I, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que decretó el sobreseimiento en el juicio.

  2. Principal

    De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio DRAJ/951/2023, firmado autógrafamente por el Subdelegado de Registro, encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual rinde informe justificado y las documentales que acompaña al mismo. En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones así como los delegados que señala, deberá estarse a lo acordado en el auto admisorio en donde se proveyó sobre el particular. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el cesó en sus efectos la omisión reclamada por el quejoso, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997 y la jurisprudencia número 2ª./J. 9/98. Se explica, en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclamó del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad y del Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, la omisión del primero de requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio agrario 439/2019, específicamente, para que conmine al último de los citados a inscribir la sentencia dictada en el citado controvertido y cancelar el título de propiedad expedido a ********************; y del último de ellos para acreditar que cumplió con dicho mandato. No obstante, de las constancias allegadas a este sumario, las cuales revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: a) El Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, giró un oficio al Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, a petición de la quejosa, al que adjuntó la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019, para su inscripción y solicitó la cancelación del título de propiedad expedido a el cual fue recibido por dicha autoridad registral el tres de marzo del presente año. b) Y el Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, allegó copias certificadas de la inscripción correspondiente en el folio de Ejidos y Comunidades de la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019 y la cancelación del título 1010549 expedido a ********************. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, que lleva por rubro:

  3. Principal

    PARA CONOCIMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS: LUZ DEL CARMEN TIRADO TIRADO Y JORGE LUIS LOPEZ TIRADO De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio DRAJ/951/2023, firmado autógrafamente por el Subdelegado de Registro, encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual rinde informe justificado y las documentales que acompaña al mismo. En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones así como los delegados que señala, deberá estarse a lo acordado en el auto admisorio en donde se proveyó sobre el particular. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el cesó en sus efectos la omisión reclamada por el quejoso, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997 y la jurisprudencia número 2ª./J. 9/98. Se explica, en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclamó del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad y del Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, la omisión del primero de requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio agrario 439/2019, específicamente, para que conmine al último de los citados a inscribir la sentencia dictada en el citado controvertido y cancelar el título de propiedad expedido a ********************; y del último de ellos para acreditar que cumplió con dicho mandato. No obstante, de las constancias allegadas a este sumario, las cuales revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: a) El Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, giró un oficio al Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, a petición de la quejosa, al que adjuntó la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019, para su inscripción y solicitó la cancelación del título de propiedad expedido a el cual fue recibido por dicha autoridad registral el tres de marzo del presente año. b) Y el Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, allegó copias certificadas de la inscripción correspondiente en el folio de Ejidos y Comunidades de la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019 y la cancelación del título 1010549 expedido a ********************. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, que lleva por rubro:

  4. Principal

    PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA: COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA, SINALOA. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio DRAJ/951/2023, firmado autógrafamente por el Subdelegado de Registro, encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual rinde informe justificado y las documentales que acompaña al mismo. En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones así como los delegados que señala, deberá estarse a lo acordado en el auto admisorio en donde se proveyó sobre el particular. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el cesó en sus efectos la omisión reclamada por el quejoso, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997 y la jurisprudencia número 2ª./J. 9/98. Se explica, en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclamó del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad y del Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, la omisión del primero de requerir el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio agrario 439/2019, específicamente, para que conmine al último de los citados a inscribir la sentencia dictada en el citado controvertido y cancelar el título de propiedad expedido a ********************; y del último de ellos para acreditar que cumplió con dicho mandato. No obstante, de las constancias allegadas a este sumario, las cuales revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: a) El Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, giró un oficio al Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, a petición de la quejosa, al que adjuntó la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019, para su inscripción y solicitó la cancelación del título de propiedad expedido a el cual fue recibido por dicha autoridad registral el tres de marzo del presente año. b) Y el Delegado en Sinaloa del Registro Agrario Nacional, con asiento en Culiacán, allegó copias certificadas de la inscripción correspondiente en el folio de Ejidos y Comunidades de la sentencia dictada en el juicio agrario 439/2019 y la cancelación del título 1010549 expedido a ********************. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, que lleva por rubro:

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