Martha Selena Linares Nolasco

Expediente 39/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Martha Selena Linares Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos en representación del Sub comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, en el cual atiende el requerimiento inserto en auto de siete de marzo del presente año, toda vez que remite copia del oficio dirigido al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, donde las conmina a acatar los requerimientos realizados por esta Juzgadora. Ello, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, ya que el veintiuno de abril del presente año, se ordenó el archivo del presente expediente. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte el oficio y anexo que remitió la autoridad responsable Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, a través del cual desahogó los requerimientos que le fueron formulados en diversas fechas, y al efecto remite la digitalización del expediente administrativo de la aquí quejosa *******. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio de referencia, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad de referencia se advierte lo siguiente: El seis de diciembre de dos mil veintidós, la hoy quejosa ******* fue presentada ante el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, con el fin de iniciar el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver su situación migratoria, el cual fue registrado bajo el expediente número *******. Posteriormente, el diez de enero de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo *******, con el efecto de que obtuviera su libertad, en la cual se fijaron las medidas de seguridad que debía observar, la autoridad responsable emitió en favor de la aquí quejosa ******* acuerdo de salida, dejándola en libertad deambulatoria a efecto de que acudiera a las oficinas de regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, a continuar con el trámite correspondiente a fin de obtener el documento que acredite su regular estancia en el país. En virtud de la resolución anterior, la autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de presentación de seis de diciembre de dos mil veintidós, decretado en el procedimiento administrativo migratorio número *******. Constancias que fueron remitidas en el oficio recibido en este juzgado el veintidós de mes y año en curso, mismas que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues manifestó la responsable de mérito, bajo protesta de decir verdad que son copias integras e inalteradas de las originales. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado a su persona, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el seis de diciembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso y mediante oficios a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas a la directamente agraviada *******. En razón de lo anterior, se le tiene dado cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado mediante acuerdo de siete de marzo del presente año. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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