Martha San Vicente Muñoz

Expediente 2528/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2528/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2017

Partes del expediente

  • Martha San Vicente Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, para que la quejosa Martha San Vicente Muñoz, diera cumplimiento al requerimiento efectuado en dicho auto, sin que esto ocurriera. Ahora bien, antes de analizar la procedencia del juicio, resulta necesario determinar si este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, cuenta con competencia legal para conocer y resolver el asunto planteado, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 56, agosto de 1992, página 36, registro electrónico 218721, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese orden, este Juzgador, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de este juicio de amparo por razón de territorio de acuerdo a lo siguiente: La jurisdicción, es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; la función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de procedimientos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial, es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: *La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. *La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. *En el último párrafo del precepto en comento, se establece la última regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se deduce que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, de lo contrario, es decir, si el acto impugnado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del sitio en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado y éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona contra la cual se dictó dicha orden. En ese contexto, al analizar en su integridad la demanda de amparo, la quejosa Martha San Vicente Muñoz, en el capítulo correspondiente de actos reclamados manifiesta que el acto que le afecta es la orden de lanzamiento del bien mueble que refiere es de su propiedad, ordenado por el Juez Trigésimo Primero de lo Civil, con residencia en la ciudad de México. En ese tenor, tomando en consideración que no se advierte elementos que hagan presumir que la orden de lanzamiento reclamada vaya a ejecutarse en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, o en algún Municipio del Estado de Chiapas, en el que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción, por lo tanto, este juzgador estima que la competencia para conocer del asunto en cuestión, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en Materia Civil en Turno en la Ciudad de México, que por turno corresponda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa a la autoridad federal aludida, la que deberá dentro del término de cuarenta y ocho horas, manifestar si acepta o no, la competencia planteada. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, enero de 2001, página 5, de texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". No impide resolver en el sentido anterior, el hecho que, de que la ejecución del mandato judicial reclamado no puede presumirse por el simple hecho de que haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en esta ciudad, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito en Materia Civil en Turno en la Ciudad de México; por tanto, no puede estimarse que el acto de autoridad deba de tener ejecución en este sitio, en donde aparentemente el quejoso tiene su domicilio, pues bien podría cambiar de estancia y signar escritos en diversos lugares. El razonamiento que antecede encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 15, Volumen 65, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Bajo ese orden, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, SE DECLINA COMPETENCIA A FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN TURNO EN LA CIUDA DE MÉXICO; para conocer del juicio de amparo promovido por Martha San Vicente Muñoz, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda; al efecto, remítanse los presentes autos, al juzgado que resulte competente, para que manifieste si acepta la competencia declinada y, en su oportunidad, resuelva el fondo del asunto conforme a derecho proceda; finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, a través del consejero jurídico, para que surta los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Atento a lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a los profesionistas que cita y como domicilio el que señala. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Gómez Castro, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/8629/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa con la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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