Martha Salgado Campos

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Martha Salgado Campos
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y con el carácter de Sindica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica, ni jurídica, aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano que autoriza y da fe. *Nay

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y con el carácter de Sindica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero, personalidad que acredita con la copia certificada que exhibe; por tanto, con fundamento en el artículos 10 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida dicha personalidad para los efectos legales del presente juicio contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************y fórmese expediente. Analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;..." 1.- En el caso: de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: De las Autoridades Responsables señaladas como ordenadoras, Lo constituye el ilegal e inconstitucional acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente labora número ********************, promovido por los CC. ********************en contra de mi representado, Ayuntamiento de Copalillo, Guerrero; mediante el cual el Presidente ejecutor; impuso una multa ilegal al Ayuntamiento de $1000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), mismo que carece de la debida congruencia, motivación y fundamentación, y, sobre todo es carente de legalidad por haber estimado decretar la ilegal multa, ya que carece de legalidad, contrariando así el espíritu de lo contenido en el párrafo cuarto del artículo 14 16 y 22 Constitucional, provocando con ello una deficiente administración de justicia por los vicios propios contenidos en ella. De las- Autoridades Responsables como Ejecutoras, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, se reclama la multa que hicieron efectiva las Autoridad Responsable Ordenadora a través del cual ordenaron girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, .para que ejecute dicha multa consistente en $1000.00 (UN MIL PESOS 00/100)." 2.- Es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional los juicios que se tramitan ante este juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE"; por tanto se tiene a la vista el juicio de amparo ********************, promovido por ******************** y otros, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el cual el tercero interesado es el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero; juicio de amparo en el que, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se emitió sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "[.] El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: emita el oficio decretado en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a efecto de hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento de Copalillo, Guerrero, y constate su entrega. Requiera a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la acreditación de que hizo efectiva la multa decretada en auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Notifique a las partes, el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación, con las constancias respectivas. Realice el cómputo del término de veinte días otorgado en el citado auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, en caso de que no se dé cumplimiento a lo ahí requerido, haga efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído. [.]" (foja 113 reverso del juicio de amparo ********************) Dicha sentencia, causó ejecutoria el quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 123 del juicio de amparo ********************), y se ordenó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que emitiera el oficio decretado en autos del juicio laboral ********************, mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a efecto de hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento de Copalillo, Guerrero; para lo cual la autoridad responsable giró el oficio 781/2018, en el cual solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, haga efectiva la multa por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero, (foja 146 del juicio de amparo ********************). Así, resulta inconcuso que Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, actuó en cumplimiento al fallo protector dictado en el citado juicio constitucional ********************, con el fin de cumplir con la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************. Por tanto, el quejoso sabe, no solo que fue condenado en el juicio de origen, que el citado juicio se encuentra en la etapa de ejecución; sino también lo concerniente a la existencia de una sentencia de amparo que ordenó hacer efectiva la multa que reclama en el presente juicio; aun así promueve un juicio de amparo que, de admitirlo a trámite, implicaría detener la ejecución de otro juicio de amparo. Por lo que, es inconcuso que el acto aquí reclamado por la parte quejosa no puede ser analizado constitucionalmente en ésta vía en virtud de que el mismo, como ya se dijo, fue emitido para cumplimentar una ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo ********************, de este índice, y la fracción IX del citado artículo 61 de la ley de la materia, regula dos supuestos que hacen improcedente el juicio de amparo, a saber: Contra resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, Contra aquellas que se emitan en ejecución de las mismas. En el caso nos encontramos en el segundo supuesto de dicha norma de improcedencia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia XXI.1o. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página ochocientos sesenta y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Así como la diversa II.T.12 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página mil dos del tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. La mera interpretación literal del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción y debido a ella esta última resolución sólo puede impugnarse por vicios propios (exceso o defecto en su cumplimiento) o incluso el incumplimiento mismo, mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el fallo del cual proviene. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional en contra de un laudo son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En este entendido, para que un segundo o ulterior laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se encuentre comprendido dentro de la hipótesis de improcedencia en estudio, existiendo identidad entre el quejoso que obtuvo la protección constitucional (que motivó tal dictado) y el promovente del actual juicio de amparo en el que se combate el nuevo laudo, requiere necesariamente que la ejecutoria de amparo quede comprendida en el primer supuesto (vinculación total), porque en los dos restantes el ejercicio por la responsable de su libre jurisdicción, al resultar un tema nuevo, si les afecta, podría ser impugnado nuevamente en vía de amparo por cualquiera de las partes, a reserva, claro está de declarar inoperantes los conceptos de violación con los que pretendiese cuestionar lo ya analizado, o las consideraciones que desde el primer laudo le paraban perjuicio y por ello estaba obligado a impugnar desde entonces, sin haberlo hecho." Acorde a lo expuesto, el juicio de amparo es improcedente, pues se está en presencia de una orden emitida por la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en ejecución de una sentencia dictada por este Juzgado Federal, en el juicio de amparo ********************, en la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos antes transcritos, en esencia para los efectos precisados con antelación. En mérito de lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala en su escrito de demanda, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud que en el escrito de cuenta donde se le otorga dicha autorización, la parte quejosa no proporciona los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, como lo prevé el artículo antes citado que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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