Martha Ruth Coronado Aguilar
Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Martha Ruth Coronado Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
notifiquese personalmente
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por la autoridad oficiante, por medio del cual y, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, informa que no es superior jerárquico de la Delegación Estatal de Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los motivos que indica; atento a ello, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, de las cuales este juzgado toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la apertura del incidente de inejecución de sentencia; al respecto, dígase a quien promueve que una vez que transcurra el plazo concedido a la autoridad responsable y a su superior jerárquico mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se acordará lo conducente. Lo anterior, en razón de que no se ha recibido el acuse de los oficios dirigidos a dichas autoridades, con residencia en Mexicali y la Ciudad de México, por medio de los cuales se les requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales fueron depositados en la oficina del servicio postal mexicano el diez de mayo de dos mil veintitrés, con referencia en la factura número 4547 franquicia postal FP-SCNJ-BC-02-2023. Ahora bien, a efecto de no paralizar el procedimiento de ejecución de sentencia, se ordena la reexpedición de los oficios 10628 y 10629 por medio de mensajería acelerada Estafeta; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
isto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Delegación Estatal de Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Titular de la Unidad Jurídica, para que en el plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: Para el efecto de que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, de inmediato emita respuesta en relación con el escrito que la aquí quejosa le presentó el cinco de febrero de dos mil veinte, y la notifique. Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en forma individual una multa por el equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en los artículos 192, párrafo tercero y 194, de la Ley de Amparo, se requiere al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México como superior jerárquico de la autoridad mencionada para que, dentro del plazo arriba indicado, ordene cumplir con la sentencia. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el capítulo XII "De la ejecución de sentencias", del título primero del libro primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias de amparo deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito, la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto si quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito, se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó". En la inteligencia de que la intervención del superior jerárquico no solo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados, pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables pueden formular e imponer a su subalterno, para conminarlo a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis número CLXXV/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintitrés de octubre de dos mil, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Asimismo; cabe destacar que en el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193, de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258, de la citada Ley, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por ciento veinte, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título y texto que se citan a continuación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En ese tenor, hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan el cargo de las autoridades mencionadas que aun y cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrá ser consignado en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia.
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