Martha Rueda Malpica

Expediente 329/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Martha Rueda Malpica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA 3-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de quince días que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y 27. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; además de que se estima que el presente expediente no tiene relevancia documental. En consecuencia, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro los noventa días siguientes, a que se refiere el artículo 18, párrafos segundo y tercero1, del Acuerdo General citado, procédase a la depuración del presente expediente, por lo que únicamente deberá de conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia y el auto por el cual causó ejecutoria dicha sentencia; hecho lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    MESA 3-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la autoridad responsable José Luis Antonio Palacios, Secretario Municipal de Pijijiapan, Chiapas; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, se provee: Como lo solicita el promovente, expídanse las copias a que hace referencia, autorizando para recibirla a la persona que menciona, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil.

  3. Principal

    MESA 3-B. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Rueda Malpica, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto y para los efectos señalados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en el último considerando de este fallo". Siendo los efectos de la concesión, para que la referida autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Indemnice a la quejosa, con el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, salvo que algún ordenamiento aplicable al caso en específico prevea expresamente un monto mayor por indemnización, pues en tal caso será innecesario acudir a la Constitución Federal, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en ese ordenamiento. [.] b) Por otra parte, la autoridad responsable deberá pagar las demás prestaciones a que tiene derecho la quejosa, que consisten en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, y hasta que se realicen los pagos correspondientes. [.] c) Asimismo, tomando en cuenta que el derecho a la salud también constituye una prestación en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales de los municipios y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 Constitucional, se estima que debe seguirse otorgando a la quejosa el servicio de seguridad social, en los mismos términos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, al señalar en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), anteriormente transcrita, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", hasta la fecha en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. Por consiguiente, la autoridad responsable deberá proveer lo necesario a efecto de que el organismo al que le corresponda proporcionar la seguridad social a la quejosa, continúe otorgándosela, hasta la fecha en que liquide totalmente la indemnización y demás prestaciones. d) Finalmente, también como efecto de reparación del derecho violado por la separación injustificada de la quejosa, deberá ordenarse la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional y Estatal de Seguridad Pública, de que fue separada o destituida de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue posible reinstalarla en su cargo. Ello es así, porque las consecuencias generadas con la separación injustificada no cesan con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho, sino que subsiste un efecto pernicioso, consistente en la anotación en el Registro Nacional y Estatal de Seguridad Pública, relativa a que el servidor público fue sancionado, lo que genera un antecedente negativo que incide en la obligación que tienen las instituciones policiales de verificar, previa contratación de sus elementos, los antecedentes del aspirante y en abstenerse de contratar a aquellos que hayan sido destituidos por resolución firme como servidores públicos. [.]" Por lo tanto, en el proveído de veintisiete de mayo de la presente anualidad, se tuvo por ejecutoriada para todos los efectos legales conducentes la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexos signados por el Director de Seguridad Pública Municipal y Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Municipal, residentes en Pijijiapan, Chiapas, por el cual informaron que dieron cabal cumplimiento a la sentencia, anexando para acreditar su dicho el convenio celebrado con fecha once de junio de la presente anualidad, entre el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal y la quejosa Martha Rueda Malpica, así como copia del cheque con folio 87859584 por la cantidad de $180,608.29 (ciento ochenta mil seiscientos ocho 29/100 m.n.), expedido a favor de la citada quejosa; sin embargo se previno a las citadas autoridades para que dieran cumplimiento al inciso d) de la sentencia dictada en este juicio. En cumplimiento a lo anterior, por auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el escrito signado por las autoridades responsables, por medio del cual informaron el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio y remitieron copias certificadas de los oficios SESESP/UAJ/0129/2021, SESESP/DIS/440/2020 y constancia de baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior se dice así, toda vez que del convenio exhibido por las autoridades responsables, se desprende de la cláusula tercera, la cual se inserta para instrucción, lo siguiente: (.) Consecuentemente, del mismo se advierte que se encuentran cumplimentados los efectos de la concesión de la sentencia de amparo, en lo que respecta a los apartados a) y b), ya que previo ajustes de cuentas como indican en la referida clausula, se le otorgó a la quejosa la cantidad de $180,608.29 (ciento ochenta mil seiscientos ocho 29/100 m.n.), sin que misma haya manifestado lo contrario. Ahora bien, en lo que respecta al apartado c) de los efectos de la concesión de la sentencia de amparo, de los oficios SESESP/UAJ/0129/2021, SESESP/DIS/440/2020 y constancia de baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, se desprende que se encuentra cumplido, por lo que para instrucción de las partes se inserta la última de las citadas documentales: (.)Finalmente, en lo que respecta al apartado c), referente a continuar otorgándole seguridad social a la quejosa, hasta la fecha en que liquide totalmente la indemnización y demás prestaciones, este efecto ha cesado, ya que como se adelantó en líneas precedentes, se ha realizado el pago total de todas las prestaciones a las que habían sido condenadas las autoridades responsables, máxime que la parte quejosa no manifestó lo contrario. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.

  4. Principal

    MESA 3-B.- Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos signados por el Secretario Municipal y Director de Seguridad Pública Municipal de Pijijiapan, Chiapas; mediante el cual informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita se tenga por cumplida. Por consiguiente, téngase por informando de lo anterior a la autoridad oficiante, debiendo estarse a lo ordenado en auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad, en el que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.

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