Martha Rubi Gaitan Miranda
Expediente 924/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martha Rubi Gaitan Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el auto que sobreseyó en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha determinación que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Dora Evangelina Vázquez Merino, mediante el cual devuelve el citatorio dirigido a la aquí quejosa Martha Rubí Gaytán Miranda, practicado en el domicilio ubicado en Barrio de San Miguelito, zona centro en esta ciudad, así como la copia de autorizada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud que no conoce a la promovente del amparo y no sabe dónde puede ser localizada. Por otro lado, de constancias de autos se advierte que a fojas 37 y 38, obra la razón y notificación realizada a la mencionada quejosa del referido auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se hizo constar que se le dejó aviso en el domicilio localizado en Agustín Iturbide 505 interior 1, zona centro en esta ciudad. Luego, como de tales constancias no se advierte con certeza que se haya notificado correctamente a la quejosa el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, pues de las documentales devueltas por la ocursante se advierte que la diligenciaría dejó un citatorio en el inmueble Barrio de San Miguelito, zona centro en esta ciudad, y respecto del mismo acuerdo obran constancias de notificación agregadas en autos de las que se desprende que se dejó un aviso en el diverso inmueble Agustín Iturbide 505 interior 1, zona centro en esta ciudad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que la Actuaria Judicial de la Adscripción, proceda a notificarle personalmente y de manera correcta e términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la quejosa Martha Rubí Gaytán Miranda, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones de su parte. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Dora Evangelina Vázquez Merino, mediante el cual devuelve el citatorio dirigido a la aquí quejosa Martha Rubí Gaytán Miranda, practicado en el domicilio ubicado en Barrio de San Miguelito, zona centro en esta ciudad, así como la copia de autorizada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud que no conoce a la promovente del amparo y no sabe dónde puede ser localizada. Por otro lado, de constancias de autos se advierte que a fojas 37 y 38, obra la razón y notificación realizada a la mencionada quejosa del referido auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se hizo constar que se le dejó aviso en el domicilio localizado en Agustín Iturbide 505 interior 1, zona centro en esta ciudad. Luego, como de tales constancias no se advierte con certeza que se haya notificado correctamente a la quejosa el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, pues de las documentales devueltas por la ocursante se advierte que la diligenciaría dejó un citatorio en el inmueble Barrio de San Miguelito, zona centro en esta ciudad, y respecto del mismo acuerdo obran constancias de notificación agregadas en autos de las que se desprende que se dejó un aviso en el diverso inmueble Agustín Iturbide 505 interior 1, zona centro en esta ciudad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que la Actuaria Judicial de la Adscripción, proceda a notificarle personalmente y de manera correcta e términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la quejosa Martha Rubí Gaytán Miranda, el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones de su parte. EL ACUERDO ORDENADO DICE:Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta signado por la Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó a su informe de ley. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por la Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las siguientes consideraciones. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, presentado ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Ahora bien, de los anexos que acompañó la mencionada responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada y original del oficio MSGS/DUYCM/478/2018 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, así como de la diligencia de notificación de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que la Directora de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, dio contestación a la petición presentada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la cual hizo del conocimiento de la aquí quejosa en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la referida misiva, el veintiséis de septiembre del presente año. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta signado por la Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó a su informe de ley. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por la Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las siguientes consideraciones. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, presentado ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Ahora bien, de los anexos que acompañó la mencionada responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada y original del oficio MSGS/DUYCM/478/2018 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, así como de la diligencia de notificación de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que la Directora de Desarrollo Urbano y Catastro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, dio contestación a la petición presentada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la cual hizo del conocimiento de la aquí quejosa en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la referida misiva, el veintiséis de septiembre del presente año. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
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