Martha Romo Amozorrutia
Expediente 684/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martha Romo Amozorrutia
Actuaciones
- Principal
XII.- Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto. De conformidad con los capítulos cuarto, artículo 14 y octavo artículo 21 inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
XII..., se tiene al Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo su informe justificado. Con sustento en el numeral 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que se exhiben. Ahora bien, de las documentales que allegó, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.... Situación que se actualiza en este amparo, ya que la omisión que reclama la quejosa de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, (omisión de radicar su demanda y como consecuencia de ello emplazar a la parte demandada), ha dejado de existir, pues de las constancias que remite el Presidente de la Sala responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitió la determinación correspondiente al escrito de demanda presentado por la parte quejosa el veintiséis de noviembre de dos mil veinte. En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse dictado el referido proveído y al haberse emplazado a la demandada, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la respuesta emitida por la autoridad responsable, a través del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el que radicó la demanda presentada por la quejosa dentro del juicio de origen, en virtud que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Lo anterior, toda vez que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. ...
- Principal
XII... Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable, Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, rinda su informe justificado; por ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan, las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
- Principal
XII... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia constitucional ...
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