Martha Romero Urquidi

Expediente 656/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
656/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Romero Urquidi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tengase por recibido el escrito para que surta sus efectos legales que presenta la parte quejosa, como lo solicita, previa copia fotostática certificada que se deje en autos, hágase la devolución de los documentos que refiere en su ocurso, debiéndose levantar la constancia respectiva al momento de su entrega; asimismo, téngase como autorizados para recoger dichas constancias a las personas que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 25/05/2023. Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de nueve de mayo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Encargado del Área Jurídica del INFONAVIT en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó. Devolución de documento. Finalmente obran documentos con firmas autógrafas, que adjuntó la persona quejosa a su demanda como prueba, constancias que quedan a su disposición, por lo que se previene a la persona quejosa para que dentro del plazo de noventa días, plenamente identificada, se presente en el local que ocupa juzgado a recoger el citado documento, apercibida que en caso de no hacerlo, correrá el mismo destino que el expediente, en términos de los dispuesto en dicho acuerdo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de nueve de mayo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Encargado del Área Jurídica del INFONAVIT en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó. Devolución de documento. Finalmente obran documentos con firmas autógrafas, que adjuntó la persona quejosa a su demanda como prueba, constancias que quedan a su disposición, por lo que se previene a la persona quejosa para que dentro del plazo de noventa días, plenamente identificada, se presente en el local que ocupa juzgado a recoger el citado documento, apercibida que en caso de no hacerlo, correrá el mismo destino que el expediente, en términos de los dispuesto en dicho acuerdo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Encargado del Área Jurídica del INFONAVIT en esta ciudad. II. Creación del expediente. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, tramítese la demanda; fórmese expediente; y regístrese su ingreso bajo el número de amparo 656/2023. III. Decisión sobre la instancia. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En cumplimiento a lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral, este juzgado federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda de amparo se desprende que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir esencialmente en lo siguiente: La negativa de proporcionar información respecto del estatus de la propiedad que refiere en su demanda y que aduce es de su propiedad; la adjudicación de ese bien inmueble a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en virtud de que en la fecha que se presentó la demanda, ésta era extemporánea, tomando en consideración que tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, al menos desde el cuatro de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, interpretado estos últimos en sentido contrario. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (...)" Del precepto normativo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, d) Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). En la especie, el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 que constituyen el supuesto de excepción, pues se trata de: La negativa de proporcionar información respecto del estatus de la propiedad que refiere en su demanda y que aduce es de su propiedad; la adjudicación de ese bien inmueble a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo de dicho artículo; es decir, la persona quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición de la persona quejosa respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el promovente se haga sabedor del acto reclamado, por lo que se trata de medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado. En el caso que nos ocupa, se estima que se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la persona quejosa en su demanda expuso bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas, que se ostentó sabedor del acto reclamado, el cuatro de marzo de dos mil veintitrés. Bajo este contexto, se colige que el término de quince días, para interponer el juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente en que se ostentó sabedor del acto reclamado. Por tanto, tomando en consideración la fecha en que refiere la persona quejosa se ostentó sabedora del acto, cuatro de marzo de dos mil veintitrés, se concluye que estuvo en aptitud de impugnarlo, a partir del día siguiente en que se ostentó sabedora del mismo; sin embargo, no ocurrió en la especie, como se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, pues la demanda de amparo fue presentada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, cuando ya había fenecido en exceso el plazo de quince días para interponerla. En efecto, es dable afirmar que la demanda de amparo se promovió de manera extemporánea, habida cuenta que el plazo para promover la misma, transcurrió del seis de marzo de dos mil veintitrés al veintiocho de ese mes y año, descontando los sábados y domingos que mediaron en ese periodo, así como el veinte y veintiuno de marzo del año en curso, por ser inhábiles en conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Máxime que la parte quejosa en su escrito de demanda expuso la fecha en que se ostentó sabedora del acto reclamado, manifestación esgrimida bajo protesta de decir verdad, lo que constituye prueba plena del momento en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, confesión expresa, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200094 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 57 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 27/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis." En consecuencia, si la persona quejosa presentó su demanda en forma extemporánea -cuatro de mayo de dos mil veintitrés-, lo que procede es desechar de plano por improcedente la demanda de amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable, en términos de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, éstos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto y entreguen los oficios que del mismo deriven. V. Autorizados y domicilios. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Armando Ro******************** y ********************, y únicamente para oír y recibirlas a Armando Julián Rodríguez Mireles, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación Notifíquese personalmente a la persona quejosa.

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