Martha Rodríguez Villagrana

Expediente 262/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
262/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Martha Rodríguez Villagrana

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintiuno al veintisiete de febrero del año en curso; con exclusión de los días veinticuatro y veinticinco del citado mes y año, por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    En dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido a la promovente Martha Rodríguez Villagrana, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de treinta y uno de enero pasado, transcurrió del nueve al quince del mes y año en curso, con exclusión de los días diez y once de los corrientes por ser inhábiles; lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa, con motivo de la presentación de la demanda de garantías promovida por Martha Rodríguez Villagrana, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, asimismo, se previno a la promovente para que dentro del término de cinco días diera cumplimiento a las prevenciones realizadas en el referido acuerdo. Ahora, toda vez que en términos de la certificación de cuenta asentada por la Secretaría de este Juzgado, el lapso concedido a la promovente para que diera cumplimiento transcurrió del nueve al quince del mes y año en curso, con exclusión de los días diez y once de los corrientes por ser inhábiles, sin que a la fecha haya dado cabal cumplimiento a dichos requerimientos, luego, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida por Martha Rodríguez Villagrana. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    En seis de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la razón actuarial asentada por el Actuario Judicial adscrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito en el sentido de que no fue posible notificar a Martha Rodríguez Villagrana, el auto de treinta y uno de enero del año en curso, en razón de que al constituirse en la calle Hacienda Santa Cruz del fraccionamiento Santa Rita y realizar un recorrido por la misma se percató que no hace esquina con ninguna calle de nombre Arroyo de Ahuhuete, no obstante se constituyó en el domicilio marcado con el número treinta y uno (31) de esa arteria víal, en donde se encuentra una finca de dos plantas, con fachada en color verde y puerta de entrada en color blanco y fue atendido por una persona del sexo femenino que dijo llamarse Amelia Campa, quien le informó que no conoce a la citada quejosa, ni a su autorizada Gloria García Rodarte, ya que en ese lugar se encuentran consultorios de psicología y ella es empleada de dicho lugar desde hace dos años e ignora donde se encuentra la calle Arroyo de Ahuhuete; por tanto, se ordena realizar la notificación del acuerdo mencionado y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 27, fracción III, inciso b y 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Martha Rodríguez Villagrana, el auto de treinta y uno de enero del año en curso,LA DETERMINACIÓN DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Rodríguez Villagrana, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1,6, 13, 16, 16, 21, 29, 35, fracción III, 115, 129 y 133 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 262/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, analizada la demanda se advierte que el peticionario del amparo en el apartado relativo a las autoridades responsables y actos reclamados, señaló lo siguiente: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A.- Como Autoridades Ordenadoras involucradas en el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior que por esta vía se reclama: I.-C. Enrique Peña Nieto, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, Puerta número 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850. II.-Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida del Congreso de la Unión, número 66, Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15969, Ciudad de México. III.- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con domicilio en Avenida de la Reforma número 135, esq. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, Ciudad de México. IV. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con domicilio en su respectivo Recinto Oficial. V. Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación. B.- EJECUTORAS: VI.- C. Enrique Peña Nieto, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, Puerta número 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. VII.- Secretario de la Defensa Nacional con domicilio en su recinto oficial; VIII.- Secretario de Marina con domicilio en su respectivo recinto oficial. IV. ACTOS RECLAMADOS Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras la aprobación, promulgación y publicación de la ilegal Ley de Seguridad Interior, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017; siendo las disposiciones que me afectan la de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11,12,16 y 30, los reclamo con motivo de su entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa, en tanto que tengo el temor fundado de no tener claro los conceptos de los términos de Seguridad Interior, Amenaza a la Seguridad Interior, Uso legítimo de la fuerza, Inteligencia para la Seguridad Interior y Acciones de Seguridad Interior, además otorgando amplias facultades al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, violándose el principio de legalidad y seguridad jurídica contemplada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la orden de promulgación, impresión y publicación de la ley de Seguridad Interior, publicada el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete; así como el acuerdo por el que dicho presidente ordenó al Secretario de Gobernación la publicación para su observancia de la Ley impugnada; así como los acuerdos, órdenes y todo acto de ejecución que el Presidente emita que tenga por objeto la ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de ampro, específicamente la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Estos actos del Presidente al ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad, por lo que violan en perjuicio de la quejosa los derechos humanos y las garantías para su protección que otorgan los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 1, 29, 35, fracción III, 115, 1289. 133 constitucionales. De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama el Proceso Legislativo, consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 de dos mil diecisiete, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30. Del Secretario de Gobernación se reclama el refrendo y rubrica de la Ley de Seguridad Interior, así como las órdenes para que el Director del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación publicara dicha ley. Actos estos que por ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios; en violación a los derechos humanos y las garantías para su protección a que se refieren los artículos 1°, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales. Del Director del Diario Oficial de la Federación dependiente del Secretario de Gobernación se reclama la publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad de la Ley referida. Del Secretario de la Defensa Nacional y del Secretario de la Marina se les reclama: Todos y cada uno de los actos de ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de amparo, específicamente la participación de las fuerzas armadas y de la marina en actos civiles, actos de ejecución, todos estos que adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad de las ordenadoras que se reclaman, violándose por ello mis derechos humanos y las garantías para su protección consagradas en los artículos 1°, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales." De lo expuesto se obtiene, que la promovente del amparo señala como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, así como la aplicación de la misma; no obstante, no indica si dicho ordenamiento lo reclama en su carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo, pues reclama actos de aplicación de los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Presidente de la República pero no precisa en qué consisten éstos y, por el contrario, en el apartado de actos reclamados aduce que reclama la ley con motivo de su vigencia. Por tanto, existe incertidumbre sobre si existen actos concretos de aplicación o si se estima que éstos son inminentes. En consecuencia, con fundamento en el dispositivo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, a efecto de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la siguiente prevención: Establezca con precisión si reclama la Ley de Seguridad Interior en su carácter de autoaplicativa o bien, en el de heteroaplicativa. En el caso de reclamar la Ley como heteroaplicativa: Determine con precisión cuáles son los actos de aplicación que les atribuye a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina que señaló como responsables; así como al Presidente de la República. Luego, deberá presentar además del original de su escrito aclaratorio de la demanda de amparo en términos del arábigo 110 de la Ley de la materia, las copias necesarias a efecto de ser distribuidas entre las partes, cuestión que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del líbelo inicial, como en el caso ocurre ante las irregularidades que fueron apuntadas con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción tesis número 9/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setenta y nueve, Tomo XIII, abril de dos mil uno, cuyo y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la peticionaria de amparo, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del plazo concedido, se procederá en términos del párrafo penúltimo, del dispositivo 114 de la Legislación en comento, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Igualmente, apercíbasele que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación a la ampliación que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 261, fracción I, de la citada Ley de Amparo, que a la letra establece: "ARTÍCULO 261.- Se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y." DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Hacienda Santa Cruz número treinta y uno (31), esquina Arroyo de Ahuehuete, Fraccionamiento Santa Rita, código postal 98610, esta ciudad de Zacatecas.. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.".

  4. Principal

    El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con una promoción registrada con el folio 1804 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión administrativo número 491/2017; así como los autos del juicio de amparo 711/2017-1; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la superioridad mediante la ejecutoria de mérito, modificó la resolución de veintiocho de septiembre, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Trejo Medina contra el acto que reclamó del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, consistentes en el refrendo de los artículos los artículos (sic) 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, 1° (1.6.1, 1.6.2 Y 3.2), 2°, 5°, 7°, primero y segundo transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, asimismo respecto de los actos que reclamó del Congreso y del Gobernador del Estado de Zacatecas, consistentes en los artículos 89, 90, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, 1° (1.6.1, 1.6.2 Y 3.2), 2°, 5°, 7°, primero y segundo transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Antonio Trejo Medina contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas a saber el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevé: el derecho por el servicio de control vehicular, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando octavo de la presente sentencia. CUARTO. Para los efectos precisos establecidos en la última parte considerativa de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Antonio Trejo Medina contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y del Recaudador de Rentas en Morelos, Zacatecas a saber, los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 8810926 de veintiuno de julio de dos mil diecisiete". En consecuencia; con fundamento en el artículo 192 de la Ley en consulta, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y Recaudador de Rentas en Morelos, Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, den cumplimiento a la ejecutoria de que se trata y remitan las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Al efecto, remítasele copia simple de la ejecutoria de que se trata. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, pues en atención al marco constitucional, impera el principio de relatividad de la sentencia cuando su naturaleza sea tributaria, tal como sucede en el presente caso, por versar sobre el pago de contribuciones. Lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

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