Martha Rodríguez Rossano
Expediente 1413/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1413/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2016
Partes del expediente
- Martha Rodríguez Rossano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo circuito, por medio del cual solicita a este juzgado el acuse de recibo de su oficio número 7776 por medio del cual remitió el testimonio dictado en recurso de queja 89/2016 de su estadística. En atención a lo anterior, dígasele a la autoridad oficiante que por auto de veintitrés de junio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio antes referido que contenía el testimonio antes citado; empero, a fin de que la superioridad acuerde lo conducente, se acusa recibo de su misiva número 7776, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovido por Martha Rodríguez Rossano, por propio derecho contra actos de la Segunda Sala Civil Regional del Valle de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior, téngase por recibida la demanda de cuenta; por tanto, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que la quejosa se duele sustancialmente de: El auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 516/2014, por medio del cual el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, requiere a la aquí quejosa entregue el inmueble motivo de la Litis; asimismo, autoriza el uso de la fuerza pública, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de trece de abril de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Civil Regional del Valle de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ANTECEDENTES. Del estudio integro de la demanda se advierten los siguientes antecedentes narrados por la impetrante BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: El veinte de agosto de dos mil catorce la quejosa Martha Rodríguez Rossano, demandó en vía ordinaria civil al ahora tercero interesado Antonio Apolinar Rodríguez Rossano la prescripción o usucapión de mala fe del bien inmueble con las siguientes medidas y ubicaciones: "AL NORTE: 8.67 metros lineales y colinda con Bertha Rodríguez Rossano. AL SUR: 8.67 Metros lineales y colinda con Avenida Solidaridad "Las Torres". AL ORIENTE: 35.50 metros lineales, colinda con ANTONIO RODRÍGUEZ ROSSANO y/o ANTONIO APOLINAR RODRÍGUEZ ROSSANO. AL PONIENTE: 35.50 METROS con Juan Díaz Rodríguez." Con una superficie de 307.78 metros cuadrados. Dicha demanda fue registrada en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, bajo el número de expediente 516/2014. La contra parte Antonio Apolinar Rodríguez Rossano y/o Antonio Rodríguez Rossano al contestar la dicha demanda interpuso reconvención. Antonio Apolinar Rodríguez Rossano y/o Antonio Rodríguez Rossano interpuso amparo directo contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil catorce (no se advierte ante que tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito recayó tal juicio de amparo directo). Así, la Segunda Sala Civil Regional del Valle de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en acatamiento al amparo directo antes citado, el trece de abril de dos mil dieciséis, dictó la sentencia cuyos puntos resolutivos son los siguientes (en la parte que interesa): "QUINTO.- Se declara que Antonio Apolinar Rodríguez Rossano y/o Antonio Rodríguez Rossano, tiene pleno dominio sobre el inmueble motivo de la litis y se condena a la parte demandada en la reconvención Martha Rodríguez Rossano, a entregar a su contraparte Antonio Apolinar Rodríguez Rossano y/o Antonio Rodríguez Rossano, el bien inmueble ubicado en Santa Ana Tepaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, fracción que cuenta con una superficie de trescientos siete punto setenta y ocho metros cuadrados (307.78 m2) y las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: 8.67 metros lineales y colinda con Bertha Rodríguez Rossano. AL SUR: 8.67 Metros lineales y colinda con Avenida Solidaridad "Las Torres". AL ORIENTE: 35.50 metros lineales, colinda con Antonio Rodríguez Rossano y/o Antonio Apolinar Rodríguez Rossano. AL PONIENTE: 35.50 METROS con Juan Díaz Rodríguez. Entrega que deberá hacer Martha Rodríguez Rossano con sus frutos y accesiones, en un término de OCHO (8) DÍAS, contados a partir de aquel en que quede firme la presente resolución, con el apercibimiento legal que en caso de no hacerlo dentro de dicho término se procederá en vía de apremio." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Sentado lo anterior, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." DESECHAMIENTO. Resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, el acto reclamado, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias pronunciadas para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 60)." Así como por identidad de razón, al diversa sustentada también por la antes citada Primera Sala de nuestro más alto tribunal. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág. 75)." Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número P./J./32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, foja 31, Tomo XIII, Abril de 2001)." Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. A lo anterior, no es óbice que la quejosa en el apartado referente a los antecedentes refiera que en el año de mil novecientos noventa y nueve, el aquí tercero interesado Antonio Rodríguez Rossano y/o Antonio Apolinar Rodríguez Rossano demando a la aquí quejosa en la vía ordinaria civil, acción reivindicatoria de una fracción de terreno ubicado en: "Vialidad LAS TORRES NÚMERO 985, interior, en Santa Ana Tepaltitlán, Municipio de Toluca, Méx., el cual tiene las siguientes medidas y colindancias (lo refiere en el hecho cuarto y quinto de la misma demanda). "NORTE.- 8.67 metros con Bertha Rodríguez Rossano, quiebra en una línea había el sur de 35.65 metros con el resto de la propiedad, vuelve a quebrar en otra línea hacia el poniente en 4.675 metros con vialidad las Torres, vuelve a quebrar en otra línea hacia el norte en 8.00 metros colinda con el resto de mi propiedad, vuelve a quebrar hacia el norte en una línea de 27.65 metros colinda con Juan Díaz Rodríguez, que en total_ es una superficie aproximada de: 277.26375 metros cuadrados que es lo que reclamo." Seguido en sus etapas tal juicio, se dictó la sentencia relativa en la cual se determinó: "PRIMERO.- Se declara que la parte actora no acreditó el primero de los elementos de su acción reivindicatoria; en consecuencia. SEGUNDO.- Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones reclamadas a la parte actora. TERCERO.- No se condena al pago de gastos y costas." Posteriormente, inconforme con tal resolución Antonio Rodríguez Rossano y/o Antonio Apolinar Rodríguez Rossano interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referida, registrándolo bajo el número de toca 823/1999 del índice de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la cual se resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se condena al recurrente al pago de los gastos y costas judiciales en ambas instancias." Motivo por el cual la quejosa manifiesta que está imposibilitada para entregar un predio de menor superficie y que no concuerda con el que se le reclama en la sentencia de trece de abril de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Civil Regional del Valle de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; sin embargo, tales aseveraciones no son objeto del juicio de amparo intentado, toda vez que las mismas son materia de un procedimiento de legalidad y no de constitucionalidad. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones. HABILITA ACTUARIO. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. FORMACIÓN ANEXO. Finalmente, por lo que hace a las constancias anexadas por la parte quejosa, consistentes en: Copias certificadas del juicio ordinario civil 46/1999, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (475 fojas). Diversas copias simples relativas al Toca 476/2015. Diversas copias simples al juicio 516/2014. Fórmense los anexos correspondientes debidamente identificados. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Martha Patricia Moreno Guzman1656/2014
- Martha Patricia Vergara Álvarez498/2022
- Martha Raquel Postigo Ramirez998/2013
- Martha Raquel Póstigo Ramírez741/2016
- Martha Raquel Póstigo Ramírez607/2012
- Martha Reyes Cortes1247/2016
- Martha Timoteo Rosas258/2015
- Martha Timoteo Rosas1325/2014
- Martha Timoteo Rosas98/2016
- Martha Timoteo Rosas1244/2012
- Martha Timoteo Rosas714/2018
- Martha Timoteo Rosas97/2009